“La decisión de las autoridades israelíes de deportar a Omar Shakir es un duro golpe a la libertad de expresión en el país, y transmite a los activistas de derechos humanos y a la sociedad civil en general un alarmante mensaje sobre hasta qué punto están dispuestas a llegar en su intento de silenciar a quienes defienden los derechos humanos”, ha manifestado Saleh Higazi, director adjunto para Oriente Medio y el Norte de África

Según ha informado hoy, Amnistía Internacional se ha unido a una acción judicial emprendida por Human Rights Watch (HRW) para impugnar la legalidad de la decisión del gobierno israelí de revocar el permiso de trabajo del director de HRW en Israel y Palestina.

La sentencia dictada por el Tribunal de Distrito de Jerusalén, que confirma la decisión de las autoridades de expulsar a Omar Shakir, constituye una restricción irrazonable y desproporcionada del derecho a la libertad de expresión y de asociación. Así lo alega Amnistía Internacional en un informe amicus curiae presentado hoy ante el Tribunal Supremo de Israel en Jerusalén. Está previsto que el Tribunal celebre su vista sobre el caso el 25 de julio de 2019.

“La decisión de las autoridades israelíes de deportar a Omar Shakir es un duro golpe a la libertad de expresión en el país, y transmite a los activistas de derechos humanos y a la sociedad civil en general un alarmante mensaje sobre hasta qué punto están dispuestas a llegar en su intento de silenciar a quienes defienden los derechos humanos”, ha manifestado Saleh Higazi, director adjunto para Oriente Medio y el Norte de África.

“Confiamos en que el Tribunal Supremo de Israel cumpla con las obligaciones contraídas por el Estado en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y anule la orden de expulsión de Omar Shakir.”

El 7 de mayo de 2018, el Ministerio del Interior israelí revocó el permiso de trabajo de Omar Shakir, citando una enmienda de 2017 a la Ley de Entrada a Israel que niega la entrada a Israel y los Territorios Palestinos Ocupados a toda persona que apoye o pida un boicot contra Israel conforme se define en la ley “antiboicot” de 2011. Las autoridades israelíes ordenaron a Omar Shakir que abandonara el país en un plazo de 14 días.

“Pedir a las empresas que respeten el derecho internacional y cumplan los Principios rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos, tal como han venido haciendo Human Rights Watch y Omar Shakir, es una labor protegida por el derecho a la libertad de expresión en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. La decisión de las autoridades de penalizar a Omar Shakir por su trabajo de derechos humanos es un acto que sólo esperarías de gobiernos opresivos”.

Human Rights Watch apeló contra la decisión del Ministerio del Interior ante el Tribunal de Distrito de Jerusalén, que congeló la orden de deportación mientras durara el caso.

Sin embargo, el 16 de abril de 2019, el Tribunal de Distrito de Jerusalén confirmó la orden de deportación y dio de plazo a Omar Shakir hasta el 1 de mayo de 2019 para que abandonara el país. Omar Shakir y Human Rights Watch apelaron contra esta decisión ante el Tribunal Supremo de Israel, y también pidieron al Tribunal que emitiera una orden para permitir que Shakir permaneciera en Israel hasta que se examine la apelación. El Tribunal aceptó esta petición.

“Los llamamientos públicos de Omar Shakir y Human Rights Watch a las empresas para que respeten el derecho internacional forman parte de su trabajo pacífico de derechos humanos”, ha manifestado Saleh Higazi.

Se espera que el Tribunal Supremo de Israel emita su resolución sobre la apelación de Human Rights Watch al terminar la vista del 25 de julio de 2019.

Información complementaria

La “ley antiboicot” de 2011, conocida formalmente como Ley para Prevenir Daños al Estado de Israel mediante el Boicot, convierte en ilícito civil pedir el boicot de una entidad por su afiliación a Israel o a un territorio bajo su control, incluidas las entidades que operan en asentamientos ilegales en los Territorios Palestinos Ocupados. Una enmienda introducida en 2017 a la Ley de Entrada a Israel prohíbe conceder un visado de entrada a Israel (y, por tanto, a los Territorios Palestinos Ocupados que están bajo control israelí) a todas las personas que publiquen a sabiendas, o trabajen con una organización que publique a sabiendas, un llamamiento al boicot tal como se define en la ley de 2011.

Tanto la Ley para Prevenir Daños al Estado de Israel mediante el Boicot de 2011 como la enmienda de 2017 a la Ley de Entrada a Israel son contrarias a las obligaciones contraídas por Israel en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

Amnistía Internacional no adopta postura alguna sobre la campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones, y nunca ha pedido o apoyado boicots específicos. Depende de cada persona y cada organización determinar qué estrategias pacíficas desea utilizar para promover los derechos humanos. La petición de boicots, desinversión y sanciones es una forma de libre expresión que debe ser protegida. Quienes piden boicots deben poder expresar sus opiniones libremente y llevar a cabo sus campañas sin acoso, amenazas de procesamiento o criminalización, u otras medidas que violan el derecho a la libertad de expresión.