Lunes, 17 de junio, 2019
Desde febrero, los servicios de inteligencia han citado e interrogado a siete periodistas de investigación, tras haber abierto la Fiscalía de París una investigación preliminar en su contra por revelación de secreto nacional de defensa. En abril, el ciberportal periodístico Disclose publicó “los papeles de Yemen”, sobre la venta de armas francesas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, y su uso contra civiles en la guerra civil de Yemen. Las autoridades han presionado a este grupo de periodistas para que revelen sus fuentes, aunque su actuación está amparada por el derecho a la libertad de expresión. La investigación preliminar debe cesar
Actúen: redacten su propio llamamiento o utilicen esta carta modelo
Rémy Heitz
Fiscal de París / Procureur de la République de Paris
Tribunal de Paris
4ème division – Section C1 Terrorisme et atteinte à la sûreté de l’Etat
Parvis du Tribunal de Paris
75859 Paris Cedex 17, Francia
Correo-e: sec.c1.tgi-paris@justice.fr
Señor Fiscal:
Le escribo para transmitirle mi profunda preocupación por la investigación preliminar que su fiscalía ha abierto contra una serie de periodistas, por la publicación de los “papeles de Yemen”, ocurrida en abril, sobre la venta de armas francesas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, y su uso contra civiles en la guerra civil de Yemen. Me consta que, desde el mes de febrero, los servicios de inteligencia han citado e interrogado al respecto, al menos, a siete periodistas: Geoffrey Livolsi y Mathias Destal (que trabajan para el ciberportal Disclose), Benoît Collombat (que trabaja para Radio France) y, como mínimo, cuatro periodistas más. Según la información a la que he tenido acceso, las autoridades los han citado como “sospechosos” y las preguntas que les han sido formuladas se han centrado en la identificación de sus fuentes periodísticas.
El derecho a la libertad de expresión protege el derecho a buscar, difundir y recibir información e ideas de todas clases, incluida información sobre violaciones graves de derechos humanos. Quienes ejercen el periodismo desempeñan la función crucial de informar a la sociedad, y deben poder trabajar sin sufrir amenazas ni hostigamiento por su labor. Me preocupa que esta investigación se esté utilizando para hostigar a periodistas y obligarlos a revelar sus fuentes. La información sobre violaciones de derechos humanos es de interés público, y no se ha de procesar a periodistas por comunicarla.
Lo insto, Señor Fiscal, a cerrar de inmediato la investigación contra este grupo de periodistas y a respetar su libertad de expresión, garantizando su capacidad de continuar con su trabajo sin temor a represalias.
Atentamente,
[NOMBRE]
Información complementaria
El 15 de abril de 2019, el ciberportal de investigación Disclose publicó “los papeles de Yemen”, una serie de documentos clasificados sobre la venta de armas francesas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, y su uso en posibles crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos contra civiles en la guerra civil de Yemen. La investigación se encuentra a su disposición en: https://made-in-france.disclose.ngo/en. Desde febrero, los servicios de Inteligencia de la DGSI (Dirección General de Seguridad Interior) han citado e interrogado, al menos, a siete periodistas de investigación, tras haber abierto la Fiscalía de París una investigación preliminar en su contra por revelación de secreto nacional de defensa. Según la información a la que ha tenido acceso Amnistía Internacional, algunos de los periodistas han sido citados como “sospechosos”, mientras que en, al menos, un caso la persona ha sido citada como testigo. Además, según consta a Amnistía Internacional —y han publicado numerosos medios— las preguntas de las autoridades se han centrado en la identificación de las fuentes que han permitido a los periodistas acceder a la documentación de los “papeles de Yemen”.
Los gobiernos no deben incoar en ningún caso procedimientos penales ni sancionar de ningún modo a quienes, aun teniendo la obligación de mantener la confidencialidad o el secreto, revelen información sobre abusos contra los derechos humanos por motivos de conciencia y de manera responsable. Por ende, no debe someterse a medidas de esta índole a ninguna otra persona —incluidos los periodistas— que comunique información sobre violaciones de derechos humanos. Este mismo principio se aplica, como norma general, a la revelación o comunicación de información sobre otros asuntos de interés público. El derecho a la libertad de expresión lleva consigo la prerrogativa periodística de no revelar las fuentes de información. Este derecho puede restringirse, entre otros fines, para proteger la seguridad nacional y el orden público siempre que tales restricciones sean necesarias y proporcionadas al fin que se pretende conseguir. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha manifestado en su Observación general 34 que los “Estados Partes deberían reconocer y respetar el elemento del derecho a la libertad de expresión que comprende la prerrogativa limitada de los periodistas de no revelar sus fuentes de información” (párr. 45). Dadas las violaciones de derechos humanos desveladas por estos periodistas franceses, la investigación preliminar en su contra constituye una restricción desproporcionada del derecho a la libertad de expresión y debe cerrarse de inmediato.
El 28 de mayo, Jean-Yves Le Drian, ministro de Asuntos Europeos y Exteriores, declaró en Radio France Inter: “Toda persona que, sin autorización, se encuentra en posesión de documentos clasificados es sometida a acciones penales […]. Así es como debe actuar un Estado. Si dejara de haber documentos clasificados para proteger la seguridad nacional, nos encaminaríamos a una situación muy peligrosa”. Cuando el periodista de Radio France Inter le preguntó si esas acciones penales se dirigirían contra los periodistas, contra sus fuentes o contra ambos, el ministro aclaró: “Toda persona que posee documentos clasificados y los hace públicos está sujeta a la ley, y la ley dice que esos documentos no pueden hacerse públicos”.
Según la ley francesa de 1881 sobre la libertad de prensa, las fuentes de información periodística están protegidas salvo en los casos en que el interés público general justifique la adopción de medidas para conocerlas y siempre que tales medidas sean necesarias y proporcionadas (artículo 2). En este caso, el interés del Estado francés en ocultar información importante sobre la posible contribución del gobierno de Francia a la violación del derecho internacional humanitario en Yemen no constituye un “interés público general”. En cambio, proporcionar al público en general información sobre el grave riesgo de que se utilicen armas francesas contra civiles en Yemen es de interés público, ya que ese uso constituye una violación del derecho internacional humanitario. Además, los documentos publicados contradicen el argumento de las autoridades de que las armas francesas no se utilizan directamente en el conflicto, sino sólo con fines defensivos, y hacen pensar que el gobierno francés incumple las obligaciones contraídas en virtud del Tratado sobre el Comercio de Armas, ratificado por Francia, que entró en vigor el 24 de diciembre de 2014. Su artículo 6 dispone que los Estados no deben autorizar la venta de armas si saben que podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques contra civiles u otros crímenes de guerra. Según el Código Penal francés, quienes revelen información clasificada sobre la defensa nacional pueden ser condenados a hasta siete años de prisión y el pago de 100.000 euros de multa (artículos 413.10 y 413.11).
Pueden escribir llamamientos en: Francés e inglés
También pueden escribir en su propio idioma.
Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 24 de julio de 2019
Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha.
Nombre y género gramatical preferido: Geoffrey Livolsi (masculino), Mathias Destal (masculino), Benoît Collombat (masculino) y cuatro periodistas más.
Enlace a la AU anterior: https://www.amnesty.org/es/documents/EUR21/0384/2019/es/