Los proyectiles de impacto cinético pueden causar lesiones graves, sobre todo si la zona afectada es la cabeza, el rostro o la parte superior del torso. Para cumplir con los principios de necesidad y proporcionalidad y, de manera más general, con el respeto al derecho a la vida y la integridad personal, los agentes encargados de hacer cumplir la ley no deben utilizar en general proyectiles de impacto cinético para dispersar multitudes

Según estadísticas oficiales, desde que empezó el ciclo de movilizaciones de los llamados “chalecos amarillos” en noviembre de 2018, más de 2.200 manifestantes y 1.500 funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han sufrido lesiones en el contexto de las protestas. En marzo de 2019, la Inspección General de la Policía Nacional (Inspection Générale de la Police Nationale, IGPN) y la Inspección General de la Gendarmería Nacional (Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale, IGGN), mecanismos responsables de investigar el uso excesivo de la fuerza por la policía y por los gendarmes, respectivamente, estaban tramitando 83 denuncias^[1] presentadas por manifestantes que habían sufrido lesiones causadas presuntamente por proyectiles de impacto cinético –o balas de goma, disparadas con lanzador de balas de defensa (Lanceur des balles de défense LBD 40)–, utilizados por los agentes encargados de hacer cumplir la ley.^[2]

Según fuentes no oficiales, el número de manifestantes con lesiones producidas por balas de goma es aún mayor. Por ejemplo, según datos obtenidos por el periodista David Dufresne, en más de un tercio (282) de los 753 casos registrados, las lesiones sufridas por manifestantes habían sido causadas presuntamente por balas de goma^[3]. En 32 casos, las heridas fueron causadas supuestamente por granadas de gas lacrimógeno GLI-F4. En concreto, parece que 23 personas perdieron la vista en un ojo tras ser alcanzadas por una bala de goma y 5 personas perdieron el uso de una mano a consecuencia de granadas de gas lacrimógeno GLI-F4.^[4] En diciembre de 2018, Amnistía Internacional documentó casos en los que el uso excesivo de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley causó lesiones a manifestantes, debido entre otras cosas al impacto de balas de goma.^[5]

Uso de balas de goma

Los proyectiles de impacto cinético pueden causar lesiones graves, sobre todo si la zona afectada es la cabeza, el rostro o la parte superior del torso. Para cumplir con los principios de necesidad y proporcionalidad y, de manera más general, con el respeto al derecho a la vida y la integridad personal, los agentes encargados de hacer cumplir la ley no deben utilizar en general proyectiles de impacto cinético para dispersar multitudes, sino únicamente para disuadir a quienes se conduzcan con violencia contra otras personas y sólo cuando sea posible usarlos contra los individuos violentos en concreto, por lo que no deben dispararse contra la multitud ni de forma aleatoria. Nunca deben utilizarse como proyectiles de disparo indirecto (es decir, haciéndolos rebotar previamente en el suelo), que son muy imprecisos, y sólo se dirigirán contra la parte inferior del cuerpo para reducir al mínimo las lesiones.^[6]

Según la legislación francesa, el uso de la fuerza, incluido el empleo de ciertas armas, está permitido para dispersar una reunión pública que pueda suponer una amenaza para el orden público (attroupement, artículo 431.3.3 del Código Penal). En tales casos, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sólo podrán utilizar la fuerza cuando sea estrictamente necesario para proteger el orden público y de forma proporcionada a la amenaza de orden público a la que hagan frente. Únicamente se permite el uso de la fuerza tras dos avisos, salvo que la multitud ataque de forma violenta a los agentes encargados de hacer cumplir la ley o éstos no puedan defender su posición.

En el contexto de reuniones públicas que puedan suponer una amenaza para el orden público, cuando los agentes encargados de hacer cumplir la ley sean blanco de la violencia o no puedan defender su posición, también podrán utilizar otras armas, incluidos proyectiles de impacto cinético (LBD 40), sin aviso previo (artículos L211.9 y D211.19 de la Ley de Seguridad Nacional).

Hay instrucciones de la dirección de la policía y la gendarmería, publicadas en 2014, que incluyen más directrices sobre el uso de armas específicas. En particular disponen que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sólo pueden utilizar proyectiles de impacto cinético si tienen el permiso correspondiente, que se obtiene en cursos de formación, y tras recibir la autorización de sus superiores. Los proyectiles de impacto cinético disparados con LBD 40 deben dirigirse sólo al pecho o a las extremidades del objetivo y nunca a la cabeza. Antes de disparar, los agentes encargados de hacer cumplir la ley deben evaluar detenidamente el contexto para determinar, en la medida de lo posible, que no pueden alcanzar a nadie más y que el objetivo no es una persona vulnerable (por ejemplo, una persona herida, embarazada o con discapacidad). Las instrucciones no son prescriptivas con respecto a la distancia del objetivo a la que se pueden disparar proyectiles de impacto cinético. Señalan que el riesgo de causar lesiones es mayor si se disparan a menos de 10 metros de distancia de una persona, pero no establecen una distancia mínima de seguridad obligatoria.

El defensor del Pueblo francés (Défenseur des droits) ha expresado su preocupación por el uso de proyectiles de impacto cinético disparados con LBD 40 en el contexto del control de manifestaciones. En enero de 2019 declaró que la tercera parte de las denuncias que había recibido por uso excesivo de la fuerza por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley contra participantes en las reuniones públicas de los chalecos amarillos estaban relacionadas con lesiones causadas por balas de goma disparadas con LBD 40. Observó que el uso de balas de goma disparadas con LBD 40 en el contexto de manifestaciones es problemático, porque los agentes encargados de hacer cumplir la ley no pueden calcular la distancia que los separa del objetivo y porque es difícil garantizar que las balas impacten concretamente en las personas contra las que van dirigidas. .^[7] En diciembre de 2017, el defensor del Pueblo pidió que se prohibiese el uso de LBD 40 en el contexto de manifestaciones.^[8] Igualmente, en febrero de 2019, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa instó al Ministerio del Interior a suspender el uso del LBD 40.^[9]

En algunos casos, el peligro que entraña el LBD 40 para la integridad física de quienes participan en las manifestaciones estriba en su uso indebido por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Como ya se ha mencionado, que no se haya determinado una distancia de seguridad obligatoria a la que deben dispararse balas de goma con LBD 40 sería uno de los problemas. Según explicó el defensor del Pueblo, otro problema radicaría en su uso por unidades encargadas de hacer cumplir la ley que no han recibido formación específica para el control de reuniones públicas. El defensor del Pueblo señaló que se había encontrado con varios casos de manifestantes que habían sufrido lesiones debido al uso indebido del LBD 40 por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En particular, el control de manifestaciones por unidades sin formación específica para esta tarea, entre ellas las BAC (Brigades anti-Criminalité) y las CSI (Compagnies de Sécurisation et d’Intérvention), puede conllevar un mayor riesgo de causar lesiones a  manifestantes debido al uso arbitrario o desproporcionado de armas, incluido el LBD 40. Según estadísticas oficiales, alrededor del 85% de las 13.460 balas de goma usadas en el contexto de las protestas de los chalecos amarillos las dispararon unidades encargadas de hacer cumplir la ley sin formación para el control de manifestaciones.^[10]

En febrero de 2019, la empresa fabricante del LBD 40, Brügger & Thomet, declaró que los principales riesgos asociados con su uso dimanaban del tipo de munición utilizada en Francia, fabricada por otra empresa, más que del arma en sí misma.^[11]  Según la prensa, un representante del sindicato policial UNSA explicó que las balas de goma que utilizan los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Francia, especialmente las de corto alcance (MDU, munition universelle de défense), podrían conllevar un mayor riesgo de lesiones.^[12]

Uso de granadas explosivas de gas lacrimógeno (GLI-F4)

Las sustancias químicas irritantes que se emplean en situaciones de alteración del orden público, incluidas las que se aplican mediante granadas de mano o proyectiles lanzados con armas, por su propia naturaleza tienen efectos indiscriminados, siendo muy elevada la  probabilidad de que afecten no sólo a quienes participan en la violencia, sino también a transeúntes y manifestantes pacíficos. También hay una alta posibilidad de que se empleen arbitrariamente. Por tanto, debe quedar muy claro que sólo podrá hacerse uso de agentes químicos irritantes en forma de granadas u otro modo que afecten a una zona amplia con fines de dispersión y siempre que la violencia haya alcanzado tal nivel que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no puedan contener la amenaza actuando sólo contra las personas violentas directamente. La finalidad de su uso debe ser dispersar a la multitud, por lo que sólo pueden utilizarse en zonas donde la gente tenga ocasión de dispersarse y no en espacios cerrados o en los que las vías de salida estén bloqueadas o restringidas. Antes de su uso deben emitirse avisos de advertencia claramente audibles, y se dará a la gente tiempo suficiente para abandonar la zona.^[13]

La legislación francesa establece las categorías específicas de armas de uso permitido a los agentes encargados de hacer cumplir la ley para dispersar una reunión pública que pueden suponer una amenaza para el orden público. Pueden utilizar granadas de conmoción con bolas y granadas de gas lacrimógeno GLI-F4 tras dos avisos a los manifestantes (artículo D211.17 de la Ley de Seguridad Nacional).

Las granadas de gas lacrimógeno GLI-F4 (fabricadas por S. A. E Alsetex) contienen gas lacrimógeno y explosivo TNT, a cuya onda expansiva se suma un efecto ensordecedor, que alcanza los 165dB cuando explotan a una distancia de 5 metros. Pueden lanzarse manualmente o con lanzador. En 2014, el ministro del Interior modificó las normas relativas a su uso. En concreto, para poder utilizar granadas GLI-F4 los agentes encargados de hacer cumplir la ley deberán ir en parejas, con el fin de mejorar la evaluación de la situación sobre el terreno y de los riesgos asociados con su uso. Al mismo tiempo, el ministro prohibió el uso de otro tipo de granadas que también contenían explosivo TNT (las granadas OF F1) para el control de reuniones públicas, tras la muerte de un manifestante pacífico, Rémi Fraisse, que fue alcanzado por una granada de este tipo.^[14] En junio de 2018, según la prensa, el ministro decidió no reponer las existencias de granadas GLI-F4, que, no obstante, se continuarían utilizando para el control de manifestaciones hasta agotar las ya disponibles.^[15]

Los riesgos asociados con la utilización de granadas de gas lacrimógeno GLI-F4 se deben a sus múltiples usos. En concreto, su utilización para dispersar a manifestantes, que es  para lo que se están empleando, no es apropiada, dado el efecto explosivo que producen, que puede impedirles dispersarse con rapidez. En 2017, el defensor del Pueblo señaló que el uso de granadas de gas lacrimógeno GLI-F4 para el control de manifestaciones seguía siendo problemático por los materiales peligrosos que contenían.^[16]

Recomendaciones de Amnistía Internacional

En relación con el uso de balas de goma y LBD 40

En 2017, en el contexto del movimiento social de protesta contra la reforma de la Ley del Trabajo, Amnistía Internacional instó al gobierno francés a garantizar que sólo se usasen proyectiles de impacto cinético cuando fuera necesario para prevenir la violencia contra personas. El uso de tales armas para dispersar una reunión pública que pueda constituir una amenaza para el orden público (attroupement) en situaciones en que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no puedan defender su posición posiblemente sea incompatible con los principios de necesidad y proporcionalidad, salvo que la defensa de esa posición tenga otros fines imperativos de cumplimiento de la ley, como prevenir o poner fin a la violencia contra personas.^[17] Amnistía Internacional también ha pedido al ministro del Interior prohibir el uso de granadas de conmoción con bolas en situaciones de alteración del orden público.

Para que su uso en situaciones de alteración del orden público cumpla con los principios de necesidad y proporcionalidad, las balas de goma deben utilizarse únicamente para prevenir o poner fin a la violencia contra personas. Sin embargo, en caso de que surjan dudas sobre su precisión técnica, su uso no se rija por normas preceptivas destinadas a minimizar el riesgo de causar lesiones o las utilicen funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sin la formación adecuada, debe suspenderse su uso para que pueda realizarse una evaluación exhaustiva de su precisión y exactitud, se adopten normas preceptivas o se imparta la formación necesaria. Amnistía Internacional ya ha instado anteriormente a las autoridades a suspender el uso de balas de goma en casos en que, por sus características técnicas, eran imprecisas y su uso en situaciones de alteración del orden público causaba lesiones graves a manifestantes. Por ejemplo, en mayo de 2018, Amnistía Internacional pidió al Ministerio del Interior español suspender el uso de un tipo específico de balas de goma por considerarse que eran sumamente inexactas y dañinas.^[18]

Dados el número de manifestantes con heridas causadas presuntamente por balas de goma disparadas con LBD 40, la falta de claridad acerca de la precisión del arma y la falta de formación específica de algunas unidades de las fuerzas de seguridad responsables del control de manifestaciones, Amnistía Internacional pide al ministro del Interior francés suspender el uso del LBD 40 hasta que las autoridades hayan llevado a cabo una evaluación exhaustiva e independiente (con respecto al fabricante y a las fuerzas de seguridad que las utilizan) de su exactitud y precisión, teniendo en cuenta la munición especifica utilizada y el tipo de tecnología empleada para apuntar correctamente. Además, a la luz de esta evaluación, también deben revisarse minuciosamente los reglamentos, instrucciones y cursos de formación para una mejor prevención de cualquier uso que pueda causar lesiones graves.

En relación con las granadas instantáneas de gas lacrimógeno GLI-F4

Amnistía Internacional también ha pedido al ministro del Interior prohibir el uso de granadas de gas lacrimógeno GLI-F4 en situaciones de alteración del orden público. Esto no significa que los irritantes químicos deban prohibirse completamente en el control de manifestaciones; los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden continuar utilizándolos de conformidad con los derechos humanos internacionales mencionados anteriormente, en concreto, para dispersar reuniones públicas que hayan alcanzado un nivel de violencia que no se pueda controlar centrándose directamente en las personas violentas. Sin embargo, es muy probable que los efectos combinados de las granadas GLI-F4 causen lesiones graves, como ha quedado tristemente demostrado por el gran número de víctimas señalado. Además, sus distintos efectos se neutralizan entre sí: el gas lacrimógeno debería llevar a la dispersión de la manifestación, mientras que el efecto de los explosivos y su onda expansiva dejan a las personas incapaces de reaccionar. Exponer a las personas a los efectos del gas lacrimógeno y, a la vez, incapacitarlas para escapar de forma rápida cuando se corre el riesgo de causarles lesiones que pueden cambiarles la vida debe considerarse uso excesivo de la fuerza y puede constituir trato cruel e inhumano. Por tanto, debe prohibirse el uso de armas con dichos efectos combinados en situaciones de alteración del orden público.