Martes, 04 de junio, 2019
Siete activistas, detenidos en distintas fechas, han sido acusados de traición por haber asistido a sesiones de formación organizadas en Maldivas por el Centro de Acción y Estrategias No Violentas (CANVAS, por sus siglas en inglés). Los siete han comparecido ya ante un tribunal y permanecerán en prisión preventiva hasta el 6 de junio; cinco de ellos comparecerán de nuevo para la vista de fianza el 7 de junio. El delito que se les imputa —“subversión del gobierno constitucional”— se castiga con hasta 20 años de cárcel. Estas detenciones forman parte de la actual oleada de represión lanzada en el país contra los defensores y defensoras de los derechos humanos, con la que el gobierno intenta sofocar el movimiento pacífico de protesta contra las medidas de austeridad recientemente aplicadas
Actúen: redacten su propio llamamiento o utilicen esta carta modelo
President / President
Emmerson Mnangagwa
Munhumutapa Building
Corner Sam Nujoma / Samora Machel
Harare, Zimbabue
Correo-e: info@opc.gov.zw
Señor presidente Mnangagwa:
Me dirijo a usted para expresar mi preocupación por la detención arbitraria de George Makoni, Tatenda Mombeyarara, Gamuchirai Mukura, Nyasha Mpahlo, Farirai Gumbonzvanda, Sitabile Dewa y Rita Nyamupinga, a quienes se acusa de cargos falsos.
En concreto, estas siete personas han sido acusadas del delito de “subversión del gobierno constitucional”, recogido en el apartado 22.2 de la Ley de Código Penal (Codificación y Reforma) y castigado con penas de hasta 20 años de cárcel, por haberse desplazado a Maldivas para asistir a unas sesiones de formación sobre participación, labores de incidencia y comunicaciones cívicas, del 15 al 19 de mayo. Es decir, estos defensores y defensoras de derechos humanos están siendo perseguidos sólo por haber participado en un acto formativo sobre activismo no violento.
De igual forma, me preocupa la actual política de represión del gobierno contra aquellas personas que defienden los derechos humanos, contra activistas y contra miembros de la oposición. Desde la protesta de enero de 2019, las autoridades no han dejado de intimidar y acosar a activistas —amenazando los derechos a la libertad de asociación, reunión pacífica y expresión— con el fin de silenciar la disidencia.
Señor presidente, está en su mano garantizar que el gobierno dé la espalda al pasado y que las autoridades promuevan y protejan los derechos humanos.
Lo insto a:
- cerciorarse de que se retiren, de inmediato, los cargos contra estos siete activistas;
- garantizar la liberación inmediata e incondicional de todos los presos y presas de conciencia, recluidos sólo por haber ejercido, de manera pacífica, sus derechos humanos;
- asegurarse de que se ponga fin a la represión de la disidencia mediante el enjuiciamiento de defensores y defensoras de derechos humanos, activistas y miembros de la oposición considerados contrarios al partido que ejerce el gobierno en Zimbabue;
- garantizar el respeto a los derechos a la libertad de asociación, reunión pacífica y expresión, consagrados en la Constitución y en diversos tratados de derechos humanos, en los que Zimbabue es Estado Parte.
Atentamente,
[NOMBRE]
Información complementaria
Estos siete activistas asistieron, del 15 al 19 de mayo, a un taller formativo organizado en Maldivas por el Centro de Acción y Estrategias No Violentas (CANVAS) sobre participación, labores de incidencia y comunicaciones cívicas. George Makoni, Tatenda Mombeyarara, Gamuchirai Mukura y Nyasha Mpahlo fueron detenidos el 20 de mayo a su llegada al aeropuerto de Harare. Por su parte, Farirai Gumbonzvanda fue detenido al día siguiente, también a su llegada, mientras que la detención de Stabile Dewa y Rita Nyamupinga se produjo el 27 de mayo , cuando aterrizaron, igualmente, en el aeropuerto de Harare. Rita Nyamupinga, de 61 años, necesita permanentemente medicación, y lleva desde ese momento hospitalizada.
La actual oleada de represión lanzada en Zimbabue contra la sociedad civil, los defensores y defensoras de los derechos humanos y los activistas comenzó en enero del año en curso, y desde entonces son ya 12 las personas activistas que han sido acusadas de traición. El miércoles, 17 de mayo, en el periódico Herald, propiedad del Estado y controlado por éste, el gobierno acusó a las organizaciones de la sociedad civil de “conspirar para desatar protestas violentas” en Zimbabue, esgrimiendo como prueba la reunión a la que habían asistido estos activistas.
Cinco de ellos comparecieron ante un tribunal el 23 de mayo, y permanecerán en prisión preventiva hasta el 6 de junio. El 30 de mayo volvieron a comparecer para solicitar la libertad bajo fianza, pero la vista quedó aplazada hasta el día siguiente. Sin embargo, el 31 de mayo, el tribunal volvió a aplazarla hasta el 7 de junio. Las dos activistas restantes, Stabile y Rita, comparecieron ante el tribunal el 29 de mayo, y permanecerán también bajo custodia hasta el 6 de junio. La policía ha confiscado sus ordenadores portátiles y teléfonos móviles para reunir pruebas.
La detención de estos activistas no es más que una maniobra del gobierno para acallar las protestas pacíficas de la población de Zimbabue, gravemente perjudicada por las medidas de austeridad del gobierno. Los derechos a la libertad de asociación, reunión pacífica y expresión están siendo atacados desde enero, fecha en que la subida del precio de los combustibles disparó el coste de la vida en el país, hasta el punto de que la mayoría de la población no puede permitirse ya artículos básicos, y mucho menos los sectores más desfavorecidos económica y socialmente. Así, el colapso económico y la ineficacia de las mencionadas medidas de austeridad para mejorar la vida de la población de Zimbabue han dado lugar a un ambiente de tensión en el país.
El martes, 21 de mayo, el gobierno anunció un incremento del 46% en el precio de los combustibles, sólo cuatro meses después de la última subida, que provocó protestas por todo el país ante el deterioro de las condiciones socioeconómicas, a las que las fuerzas de seguridad respondieron con brutales medidas de represión. En lo que parece ser un intento de infundir temor, el gobierno ha desplegado unidades del ejército, de la policía y de los servicios de inteligencia por las ciudades y las zonas residenciales. Hasta la fecha, han muerto, al menos, 16 personas mientras que más de 600 han sido detenidas y más de 300 han resultado heridas.
Las políticas del gobierno han empobrecido aún más a la población, tal como atestiguó ya la ONU, el 4 de abril en un comunicado en el que denuncia que las medidas de austeridad están golpeando a los sectores más pobres.
El gobierno ha lanzado, además, amenazas contra cualquier persona que tenga previstos actos de protesta. La última ha sido la del ministro del Interior, que, el 27 de mayo, en respuesta a un comunicado del partido de la oposición, aseguró que el gobierno reprimiría todo acto de protesta con firmeza.
Pueden escribir llamamientos en: Inglés
También pueden escribir en su propio idioma.
Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 12 de julio de 2019
Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.
Nombre y género gramatical preferido: George Makoni (masculino), Tatenda Mombeyarara (masculino), Gamuchirai Mukura (masculino), Nyasha Mpahlo (masculino), Farirai Gumbonzvanda (femenino), Sitabile Dewa (femenino) y Rita Nyamupinga (femenino).