Cuando una controvertida reforma de la seguridad social hizo estallar protestas generalizadas el 19 de abril de 2018, la respuesta del gobierno dejó al menos 325 personas muertas y más de 2.000 heridas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH)

Los disturbios públicos que estallaron en Nicaragua hace más de un año han disminuido, pero la represión ejercida por el gobierno del presidente Daniel Ortega, no.

Cuando una controvertida reforma de la seguridad social hizo estallar protestas generalizadas el 19 de abril de 2018, la respuesta del gobierno dejó al menos 325 personas muertas y más de 2.000 heridas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH).

Desde entonces, Nicaragua se ha convertido en un sombrío ejemplo de la rapidez con que puede verse menoscabada la libertad de prensa, con periodistas amenazados, criminalizados y atacados por hacer su trabajo. Mi caso es una clara muestra de ello.

El 19 de julio, cuando cubría en Managua el aniversario de la revolución sandinista, fui agredido por una muchedumbre partidaria del gobierno. Es día había ido a la plaza de la Fe con un grupo de periodistas extranjeros, entre ellos el veterano reportero Jon Lee Anderson, que describió lo ocurrido en su columna de The New Yorker. Un miembro del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) me reconoció y lanzó contra mí a un grupo de partidarios del gobierno, que me agarraron por la camisa, me tiraron al suelo y me golpearon.

No fue la única que vez que sufrí acoso. En las redes sociales comenzaron a acusarme de utilizar mi programa en Channel 12 para provocar protestas. También pusieron de relieve que soy gay y me acusaron de agredir a presuntas parejas: en las redes sociales aparecieron personas a quienes no conocía mostrando lesiones que supuestamente les había causado yo.

Posteriormente, unos paramilitares me siguieron en una motocicleta y rodearon mi casa. Hubo un momento en que no podía salir de casa ni siquiera para ir al supermercado. Una noche, cuando tomaba una copa con un amigo en el jardín, dos personas con fuentes en el gobierno me dijeron que me fuera esa misma noche de casa porque era posible que vinieran a por mí unos agentes. Así fue como acabé en el exilio en México.

Mi situación podría haber sido mucho peor. El 21 de abril de 2018 mataron al reportero Ángel Gahona en Bluefields, ciudad de la costa caribeña de Nicaragua. Fue por la tarde, cuando cubría con un grupo de periodistas las manifestaciones contra Ortega. Gahona, director del programa local de noticias El Meridiano, estaba transmitiendo en directo en Facebook cuando dispararon contra él.

Su homicidio no se ha resuelto aún. El gobierno de Ortega ha acusado de él a dos jóvenes que se encontraban en la zona, pero la familia del reportero afirma que no fueron ellos y pide que se investigue completamente el crimen y se lleve a sus verdaderos autores ante la justicia.

Y desde la muerte de Gahona, el hostigamiento contra periodistas que trabajan para hacer rendir cuentas al gobierno no ha cesado.

En diciembre, la policía registró la redacción de Confidencial –donde fui redactor– y del canal 100% Noticias. Los agentes, que no tenían orden de registro, confiscaron todo el equipo y tomaron las oficinas, que están todavía bajo su control. Esa misma noche detuvieron a Miguel Mora, director de 100% Noticias, y a su jefa de información, Lucía Pineda, supuestamente por incitar al odio. Pineda es la única mujer periodista encarcelada actualmente en América. El director de Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, tuvo que exiliarse en Costa Rica.

La situación pone de relieve la importancia de proteger a los reporteros de la violencia estatal, La comunidad internacional debe exigir que se respete nuestro trabajo, que es fundamental para la democracia y el Estado de derecho.

Igualmente preocupante es que la crisis a que se enfrenta el periodismo en Nicaragua se esté reproduciendo en varios países latinoamericanos.

Según un informe de la organización Article 19, en México mataron entre 2012 y 2018 al menos a 47 periodistas cuando realizaban su trabajo. En casi todos los casos, estos homicidios han quedado impunes.

El 17 de marzo mataron al periodista hondureño Gabriel Hernández. Con su muerte, el número de reporteros víctimas de homicidio en el país en los últimos tres años asciende al menos a 30. Honduras ocupa el puesto 146 entre los 180 países de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2019 de Reporteros sin Fronteras.

En los últimos años han matado a reporteros en Brasil y Guatemala, y se ha hostigado y detenido arbitrariamente a periodistas en Perú, Bolivia, Haití y Venezuela.

No puede silenciarse la verdad matando o acosando a periodistas o obligándolos a exiliarse. El gobierno nicaragüense debe investigar el homicidio de Gahona, devolver las oficinas y el equipo confiscado a la prensa, dejar en libertad a Mora y Pineda y permitir regresar a casa a los reporteros exiliados.

Aunque Ortega se niegue a escuchar a su pueblo, los gobiernos democráticos y sus ciudadanos y ciudadanas pueden ayudar a ejercer presión internacional para garantizar la seguridad de los reporteros. Ser periodista no debe ser delito.

Carlos Salinas Maldonado es un periodista nicaragüense, ex redactor de Confidencial.com.ni. Vive en la Ciudad de México y escribe para el periódico español El País.

Este artículo fue publicado por primera vez en Americas Quaterly