“La detención prolongada e ilegal, la tortura y otros malos tratos infligidos a estos 10 periodistas es un atroz recordatorio del clima de represión de los medios de comunicación al que se enfrentan los y las periodistas de Yemen, e ilustra el peligro que corren estos profesionales a manos de todas las partes en el conflicto”, ha afirmado Rasha Mohamed, investigadora de Amnistía Internacional sobre Yemen

La detención arbitraria de 10 periodistas durante casi cuatro años por parte de las autoridades de facto huzíes es un sombrío indicador del terrible estado en que se encuentra la libertad de prensa en Yemen, ha afirmado Amnistía Internacional. La organización también ha exigido su inmediata liberación antes del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Los 10 periodistas se encuentran detenidos desde el tercer trimestre de 2015 y están siendo procesados por falsos cargos de espionaje por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión. A lo largo de la detención, estos hombres han sido víctimas de desaparición forzada, reclusión en régimen de incomunicación de forma intermitente, privación de acceso a atención médica, y tortura y otros malos tratos. En un hecho ocurrido recientemente, el 19 de abril, un guardia penitenciario entró en su celda por la noche, les arrancó la ropa y los golpeó brutalmente, según fuentes fidedignas. Los periodistas permanecen recluidos en régimen de aislamiento desde ese día.

“La detención prolongada e ilegal, la tortura y otros malos tratos infligidos a estos 10 periodistas es un atroz recordatorio del clima de represión de los medios de comunicación al que se enfrentan los y las periodistas de Yemen, e ilustra el peligro que corren estos profesionales a manos de todas las partes en el conflicto”, ha afirmado Rasha Mohamed, investigadora de Amnistía Internacional sobre Yemen.

“Estos hombres están siendo castigados por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión. Las autoridades de facto huzíes deben ponerlos en libertad de forma inmediata y retirar todos los cargos contra ellos. Las personas que ejercen el periodismo deben poder realizar su trabajo sin sufrir hostigamiento ni intimidación, y sin temor a ser arrestadas arbitrariamente, ni a ser sometidas a detención prolongada o procesadas.”

La detención prolongada e ilegal, la tortura y otros malos tratos infligidos a estos 10 periodistas es un atroz recordatorio del clima de represión de los medios de comunicación al que se enfrentan los y las periodistas de Yemen, e ilustra el peligro que corren estos profesionales a manos de todas las partes en el conflicto. 

Rasha Mohamed, investigadora de Amnistía Internacional sobre Yemen

Transcurridos más de tres años desde su detención, en diciembre de 2018 los periodistas fueron acusados formalmente tras haber sido interrogados en presencia de sus abogados y sus casos fueron remitidos de la Oficina de Seguridad Política al Tribunal Penal Especializado, por lo general reservado para casos relacionados con el terrorismo. Los 10 hombres fueron acusados de varios delitos, entre ellos espionaje —punible con la muerte en el Código Penal yemení— y asistencia a la coalición dirigida por Arabia Saudí. Los juicios no han comenzado aún, y no está claro cuándo podrían celebrarse.

Algunos de estos periodistas trabajaban para medios informativos online afiliados a Al Islah, partido político contrario al gobierno de facto de las fuerzas huzíes.

“Es totalmente indignante que estos hombres puedan ser condenados a muerte sólo por hacer su trabajo. Los cargos presentados contra ellos son falsos y deben ser retirados de inmediato. Se ha actuado abiertamente contra ellos debido a su labor periodística y sus opiniones políticas”, ha manifestado Rasha Mohamed.

Se cree que los periodistas padecen diversos problemas de salud, como dolor abdominal, para los que se les ha negado tratamiento. Las autoridades de la Oficina de Seguridad Política también han impedido que los familiares de los detenidos les lleven medicinas cuando van a visitarlos.

Su enjuiciamiento se encuadra dentro de la práctica reiterada de las autoridades de facto huzíes de utilizar el sistema de justicia para ajustar cuentas políticas.

El devastador efecto en las familias

Amnistía Internacional habló con familiares de los periodistas, que describieron la angustia de verse separados de sus seres queridos y la repercusión psicológica en los niños y niñas que están creciendo sin su padre.

La esposa de uno de los periodistas afirmó que era reacia a llevar a su hijo de corta edad a visitar a su padre con frecuencia porque le preocupaba que el niño quedara traumatizado: “Cuando ve a su baba [papá], sólo le pregunta que cuándo vendrá a casa con nosotros, y entonces se nota que su padre sufre”.

Esta mujer también contó que su hijo agarró la ropa del padre que ella había llevado a casa para lavar, comenzó a olerla y se puso a llamar a gritos a su padre.

“No dormí ni comí durante tres días después de haber visto a [su esposo] en un estado de nervios tan penoso. Intento ser fuerte delante de él, incluso aunque quiera llorar. Él llora y yo le digo que se mantenga fuerte, que no deje que lo venzan, que sea paciente".

Los familiares también contaron a Amnistía Internacional que sus visitas penitenciarias eran irregulares, no duraban más de cinco minutos y estaban estrictamente vigiladas por hombres armados, en su opinión para tratar de disuadir a los detenidos de hablar.

Una de las esposas de los periodistas afirmó que, pese a ello, podía ver que “tenía la cara consumida por el agotamiento”.

Información complementaria

De los 10 periodistas, 9 fueron detenidos en una sola redada efectuada el 9 de junio de 2015 en el hotel Qasr al Ahlamen, en Saná. Abdelkhaleq Amran, Hisham Tarmoom, Tawfiq al Mansouri, Hareth Humid, Hasan Annab, Akram al Walidi, Haytham al Shihab, Hisham al Yousefi y Essam Balgheeth estaban trabajando en el hotel porque era uno de los pocos lugares de la ciudad que tenía conexión a Internet y electricidad.

El décimo periodista, Salah al Qaedi, fue detenido en su casa, en Saná, por miembros de las fuerzas huzíes el 28 de agosto de 2015, según un testigo presencial. Cinco minutos después, regresaron a la casa y exigieron que la familia entregase el ordenador portátil y otros equipos de Salah al Qaedi con la amenaza de detener al resto de los familiares. Cuando los familiares dijeron que no tenían los equipos, las fuerzas huzíes arrestaron a los siete parientes varones y los retuvieron durante 48 horas.

Todas las partes en el conflicto, incluidas las fuerzas huzíes, el gobierno yemení, la coalición dirigida por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos y las fuerzas yemeníes respaldadas por Emiratos Árabes Unidos, han efectuado detenciones arbitrarias.

En las zonas bajo su control, las fuerzas huzíes han detenido arbitrariamente a personas que expresaban críticas u oposición, así como a periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros de la comunidad bahaí, y han sometido a decenas de ellas a juicios injustos, reclusión en régimen de incomunicación y desaparición forzada. La mayoría de las personas objeto de estas prácticas eran miembros o partidarios del partido político Al Islah.

El gobierno yemení reconocido internacionalmente también ha hostigado, amenazado y detenido arbitrariamente a personas que defienden los derechos humanos y otros activistas. Asimismo, las fuerzas yemeníes respaldadas por Emiratos Árabes Unidos en el sur de Yemen han llevado a cabo una campaña de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. En mayo de 2018, Amnistía Internacional proporcionó información detallada sobre los casos de 51 hombres recluidos en una red de prisiones secretas administradas por fuerzas emiratíes y yemeníes al margen del gobierno de Yemen, entre ellos algunos detenidos entre marzo de 2016 y mayo de 2018.