En diciembre, América cumplió por primera vez un decenio sin ejecuciones fuera de Estados Unidos. Y ese mismo mes, también por primera vez, un país caribeño de habla inglesa, Dominica, apoyó y copatrocinó un llamamiento de la ONU en favor de una moratoria global de las ejecuciones, que recibió el apoyo récord de 121 de los 193 Estados miembros, con 32 abstenciones en la votación

El 2018 fue un año de numerosas primicias respecto a la pena de muerte en el Caribe.

Por primera vez desde que Amnistía Internacional iniciara su labor de seguimiento en 1979, no se tuvo conocimiento de una sola condena a muerte dictada en Trinidad y Tobago, por lo que Guyana y Estados Unidos fueron los únicos países que impusieron la pena capital en toda América.

Aunque sigue existiendo la pena de muerte por ahorcamiento en la legislación de todos los países caribeños de habla inglesa, por primera vez se elevó a nueve el número de países caribeños sin personas condenadas a muerte, después de que San Cristóbal y Nieves conmutara la última condena a muerte conocida.

En diciembre, América cumplió por primera vez un decenio sin ejecuciones fuera de Estados Unidos. Y ese mismo mes, también por primera vez, un país caribeño de habla inglesa, Dominica, apoyó y copatrocinó un llamamiento de la ONU en favor de una moratoria global de las ejecuciones, que recibió el apoyo récord de 121 de los 193 Estados miembros, con 32 abstenciones en la votación.

Todo ello se sumó a otras noticias positivas en el plano global. Excluyendo las miles de ejecuciones presuntamente realizadas en la hermética China, el número total de ejecuciones documentadas por Amnistía Internacional fue el más bajo en al menos 10 años, con importantes caídas reflejadas por Irán, Irak, Pakistán y Somalia, países que, en conjunto, solían ser los responsables de una buena parte de las ejecuciones de todo el mundo. Aunque algunos países —como Estados Unidos, Sudán del Sur y Vietnam— fueron en contra de esta tendencia elevando el número de ejecuciones, en general se observó un descenso de más del 30% en el número de muertes a manos del Estado.

Las cifras globales sobre el uso de la pena de muerte correspondientes a 2018 hablan con claridad: sólo es cuestión de tiempo que la pena de muerte quede relegada a los libros de Historia. El número de personas condenadas a muerte en el Caribe se ha reducido en más del 70% en los últimos 25 años gracias a las normas judiciales establecidas por organismos regionales e internacionales, así como al declive progresivo del recurso a la pena de muerte como opción condenatoria. Quedan 80 personas condenadas a muerte en sólo cinco países, por lo que no hay duda de que la pena de muerte está en plena retirada también en esta región.

Este declive de la pena de muerte, en una región con unos índices de asesinatos permanentemente altos, tiene lugar cuando ya ha quedado muy claro que carece de efecto disuasorio. Los estudios demuestran invariablemente que la pena de muerte no ha tenido un efecto disuasorio especial y ha sido en muchos aspectos una falsa “solución” a los índices de delincuencia en el Caribe. El número de asesinatos en San Cristóbal y Nieves pasó de 23 a 27 el año siguiente a la ejecución de Charles Elroy Laplace, llevada a cabo en diciembre de 2008. Según un estudio realizado en Trinidad y Tobago, a lo largo de un periodo de 50 años no hubo una conexión significativa entre los homicidios y el encarcelamiento, las condenas a muerte o las ejecuciones.

Según señalan los expertos, la certeza del castigo tiene mayor efecto disuasorio que su dureza, y el hecho de que sólo 83 de los 517 asesinatos cometidos fueran clasificados como “detectados” por el Servicio de Policía de Trinidad y Tobago en 2018 es un demoledor reflejo de un sistema de justicia penal que no consigue controlar la delincuencia. Los datos lo dicen todo sobre la investigación fallida de los crímenes, la facilidad de adquisición de las armas, el abandono de las comunidades, la quiebra de la confianza en las instituciones del Estado, el volumen de casos atrasados en los tribunales y la sobrecarga de trabajo de los funcionarios, por nombrar sólo algunos de los motivos de preocupación habitualmente expresados. Al mismo tiempo que vamos dejando atrás este castigo cruel e inhumano, debemos ir buscando soluciones a largo plazo para ofrecer a las víctimas de crímenes la justicia que merecen de la manera más efectiva.

Cada vez más gobiernos del mundo se están dando cuenta de que la pena de muerte y quienes la defienden nos han defraudado incumpliendo su promesa de seguridad. En 2018, Burkina Faso eliminó la pena capital de su Código Penal, en el estado de Washington (EE. UU.) se declaró inconstitucional, y Gambia y Malasia declararon la suspensión oficial de las ejecuciones. Hace sólo unas semanas, el gobernador de California, Gavin Newsom, hizo lo mismo.

Al explicar su decisión, Newsom señaló: “Nuestro sistema de pena de muerte ha sido un fracaso, se mire como se mire. No ha dado ningún beneficio en materia de seguridad pública ni tiene efectos disuasorios. Se han malgastado miles de millones de dólares de los contribuyentes en su aplicación. Pero, sobre todo, la pena de muerte es absoluta, irreversible e irreparable cuando se comete un error humano”.

Ya es hora de que el Caribe descorra el telón sobre la pena de muerte y vigile que se realizan los cambios largamente postergados en los sistemas de justicia penal de toda la región para mejorar la seguridad y ofrecer justicia a todas las personas.