Para quienes creemos que no hay nada más preciado que la vida humana, quitársela a alguien es el acto más vil. Amnistía Internacional lleva más de 40 años haciendo campaña para que se ponga fin a la pena de muerte, el homicidio premeditado y a sangre fría de un ser humano a manos del Estado en nombre de la justicia

“Cuando el juez me dijo que me habían condenado a muerte, me sentí conmocionada. No había hecho nada para merecer morir. No podía creer semejante grado de injusticia. Hasta ese momento, nunca se me había ocurrido que me pudieran ejecutar".

Noura Hussein fue condenada a muerte en mayo de 2018 por haber matado al hombre con el que había sido obligada a casarse después de que intentara violarla. En su escalofriante relato, describió lo que se siente al ser condenada a muerte y el sentimiento de soledad que la embargó al dejarla su familia de lado.

“Lo primero que pensé fue: ¿Cómo se siente una persona a la que van a ejecutar? ¿Qué hace? Mi caso era especialmente duro, porque, cuando me condenaron, mi familia me había repudiado. Me enfrentaba sola a mi propia angustia".

El caso causó indignación en todo el mundo, y tras una gran actividad de campaña desarrollada por Amnistía Internacional y otras organizaciones, la condena de muerte de Noura se anuló. Se la conmutaron por una pena de cinco años de prisión y una indemnización económica –conocida tradicionalmente como diya o “dinero de sangre”– de 337.500 libras sudanesas (alrededor de 8.400 dólares estadounidenses).

Sin embargo, para ella, la lucha continúa, porque la fiscalía presentó un recurso ante el Tribunal Supremo para que se restaurara la condena a muerte. Su suerte pende aún de un hilo.

Para quienes creemos que no hay nada más preciado que la vida humana, quitársela a alguien es el acto más vil. Amnistía Internacional lleva más de 40 años haciendo campaña para que se ponga fin a la pena de muerte, el homicidio premeditado y a sangre fría de un ser humano a manos del Estado en nombre de la justicia. Esta pena cruel, inhumana y degradante no sólo es una violación del más fundamental de los derechos humanos –el derecho a la vida–, sino que además no sirve absolutamente para nada.

No hay pruebas creíbles de que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio especial frente a los asesinatos, los delitos de drogas u otros crímenes, sino que a menudo se utiliza para infundir miedo o para aparentar “mano dura contra la delincuencia” sin ofrecer en realidad ninguna solución. En un país tras otro, se utiliza de manera desproporcionada contra quienes viven en la pobreza o contra minorías raciales o étnicas.

Reducción de las ejecuciones en el mundo

Sin embargo, las tornas se están volviendo.

Publicado hoy, nuestro informe anual sobre la situación mundial de la pena de muerte revela que las ejecuciones se han reducido en el mundo hasta la cifra más baja registrada en al menos un decenio. En 2018 se registraron en total 690 ejecuciones en el mundo, lo que supone una disminución del 31% con respecto a 2017 y un 58% menos que 2015, cuando se alcanzó el máximo histórico de 1.634 ejecuciones.

Un dato significativo es que, en 2018, algunos de los principales ejecutores de la pena de muerte –entre ellos Arabia Saudí, Irán, Iraq y Pakistán, responsables entre todos del 84% de las ejecuciones en 2017– llevaron a cabo muchas menos ejecuciones.

En Irán, por ejemplo, las ejecuciones se redujeron un 50% en 2018, tras modificarse la legislación nacional contra la drogas, aunque el país fue todavía responsable de más de un tercio de las llevadas a cabo en todo el mundo.

Puesto que algunos de sus defensores más estridentes están llevando a cabo menos ejecuciones, creemos que es cuestión de tiempo que la pena de muerte quede relegada a la historia, donde debe estar

Signos positivos

Fueron muchas las medidas alentadoras que se tomaron en todo el mundo para poner fin al uso de la pena de muerte, y hubo también impresionantes recordatorios del poder de los derechos humanos y de los movimientos abolicionistas para cambiar el curso de la vida de una persona, como en el caso de Noura Hussein.

En África, las autoridades de Burkina Faso abolieron la pena de muerte para los delitos ordinarios eliminándola de su nuevo Código Penal, mientras que Gambia yMalasia declararon una suspensión oficial de las ejecuciones. En Estados Unidos, el estatuto de pena de muerte del estado de Washington fue declarado inconstitucional en octubre de 2018.

Durante el periodo de sesiones de diciembre de la Asamblea General de la ONU, un número sin precedentes de países –121– votaron a favor de una moratoria mundial de las ejecuciones. Sólo 35 Estados votaron en contra.

La tendencia no debe perder ímpetu

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias.

La tendencia positiva se vio contrarrestada por un pequeño número de Estados que llevaron a cabo más ejecuciones que en el año anterior. Entre ellos estaban Bielorrusia, Estados Unidos, Japón, Singapur y Sudán del Sur. Vietnam hizo públicas sus cifras sobre la pena de muerte por primera vez y admitió que había ejecutado a 85 personas en 2018. Con esta cifra, se convierte en el cuarto país del mundo con mayor número de ejecuciones, después de China, Irán y Arabia Saudí.

El impacto humano de esta pena cruel es devastador, como supimos por Nguyễn Thị Loan, madre de un vietnamita, Hồ Duy Hải, que había sido condenado a muerte en 2008 tras ser declarado culpable de robo y asesinato. Su hijo afirmaba que lo habían torturado para hacerlo firmar una “confesión”.

“Han pasado 11 años desde que lo detuvieron, y nuestra familia está destrozada. No soporto más este dolor. El sólo hecho de pensar en el sufrimiento de mi hijo encarcelado me resulta insoportable”, explicó Nguyễn Thị Loan a Amnistía Internacional.

También en Asia, Tailandia llevó a cabo su primera ejecución desde 2009, y en Sri Lanka, el presidente Maithripala Sirisena manifestó su intención de reanudar las ejecuciones tras una pausa de más de 40 años, llegando incluso a publicar, en febrero de 2019, un anuncio para buscar verdugos.

Asimismo, consideramos preocupante el marcado aumento del número de condenas a muerte impuestas en algunos países el año pasado. En Irak se cuadruplicaron en 2018, hasta alcanzar la cifra de al menos 271, mientras que en Egipto aumentaron más del 75%, hasta situarse en al menos 717.

Aunque los países que llevan a cabo ejecuciones sean ya una minoría menguante, no debemos dejar que la tendencia a la abolición total y absoluta de la pena de muerte pierda ímpetu. Toda vida humana merece ser protegida, no extinguida sin piedad y para siempre.

Por Stephen Cockburn, director adjunto de Asuntos Globales de Amnistía Internacional