Martes, 02 de abril, 2019
Maria Ressa, defensora de los derechos humanos y directora ejecutiva del periódico online Rappler, volvió a ser detenida el 29 de marzo por presunta violación de la ley que castiga a los filipinos y filipinas que permiten que se utilicen sus nombres o su ciudadanía para eludir la aplicación de la legislación que exige la nacionalización de ciertos derechos, concesiones o privilegios (conocida como “Ley Antisimulación”). Ressa quedó en libertad al cabo de unas horas tras pagar una fianza de 90.000 pesos filipinos (unos 1.700 dólares estadounidenses); es la segunda vez que ha sido detenida en unas semanas. Rappler ha criticado sistemáticamente al presidente Rodrigo Duterte y a su gobierno, y la detención de Maria Ressa parece inscribirse en una campaña más amplia para silenciar a quienes critican al gobierno
Actúen: redacten su propio llamamiento o utilicen esta carta modelo
Menardo I. Guevarra
Ministro de Justicia / Secretary, Department of Justice
DOJ Building, Padre Faura Street, Ermita, Manila
1000 Filipinas
(+632) 523 8482 a 98 communications@doj.gov.ph
Señor ministro Guevarra:
Le escribo para expresarle mi consternación por la detención, una vez más, de Maria Ressa, directora ejecutiva del periódico online Rappler, por presunta violación de la legislación que exige la nacionalización de ciertos derechos, franquicias o privilegios. Esta detención se produce sólo mes y medio después de la anterior, cuando Ressa fue detenida por cargos de difamación en Internet presentados por motivos políticos. Ambos procesos parecen formar parte de una campaña permanente y más amplia para silenciar a quienes critican al gobierno de Filipinas.
Rappler ha criticado sistemáticamente al presidente Rodrigo Duterte y a su gobierno, publicando investigaciones detalladas sobre algunas de las miles de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la policía y otras personas armadas sin identificar durante las operaciones relacionadas con las drogas. La detención de Maria Ressa el 29 de marzo de 2019 por la presunta violación de la legislación de nacionalización, el ataque más reciente contra la periodista y la publicación Rappler, se produce muy poco después de su anterior detención —el 13 de febrero de 2019— por lo que parecen ser cargos de difamación en Internet presentados por motivos políticos. En diciembre también se presentaron contra ella y su empresa, Rappler Holdings Corp., cargos por “evasión de impuestos” que aún están pendientes de resolución en los tribunales. Amnistía Internacional cree que éstos también son cargos falsos concebidos para reprimir las críticas contra el presidente y su “guerra contra las drogas”.
Rappler ha llamado la atención continuamente sobre la letal realidad de la “guerra contra las drogas” y los miles de homicidios ilegítimos de personas pobres y marginadas que se perpetran en su nombre. Su persistencia en la documentación de estos abusos ha provocado la ira de las autoridades filipinas.
Insto a su gabinete a que actúe con rapidez para mantener y proteger la libertad de prensa. En concreto, le pido que:
- retire los cargos contra Maria Ressa y Rappler, que parecen ser únicamente de motivación política;
- ponga fin al hostigamiento de medios de comunicación, de periodistas y de quienes critican a la administración Duterte, y tome medidas para garantizar su derecho a la libertad de expresión y reunión.
Muchas gracias por su atención.
Atentamente,
[NOMBRE]
Información complementaria
El 29 de marzo de 2019, Maria Ressa fue detenida por agentes de la policía de la ciudad de Pasig en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino, en la ciudad de Pasay, por violar la legislación de Filipinas, que castiga a los filipinos y filipinas que permiten que se utilicen sus nombres o su ciudadanía para eludir la aplicación de leyes sobre la nacionalización de ciertos derechos, concesiones o privilegios (conocida como “Ley Antisimulación”). También se presentaron cargos contra el editor jefe de Rappler y otros cinco miembros de su junta directiva. Ressa quedó en libertad ese mismo día tras pagar una fianza de 90.000 pesos filipinos (unos 1.700 dólares estadounidenses); los otros seis detenidos pagaron sendas fianzas del mismo importe el 27 de marzo de 2017, antes de que se emitieran órdenes de detención contra ellos.
La denuncia contra Ressa y otros ejecutivos de Rappler partió de la Oficina Nacional de Investigación, según la cual habían violado la “Ley Antisimulación” al emitir certificados de depósito de Filipinas —un instrumento financiero que permite la inversión extranjera en una empresa filipina— a la sociedad de inversión extranjera Omidyar Network.
Ressa tiene abiertas siete causas ante los tribunales desde enero de 2018, tras intentar la Comisión de Valores y Bolsa de Filipinas cerrar Rappler. Rappler, sus directivos y su personal tienen abiertas 11 causas judiciales.
El 24 de julio de 2017, en su discurso anual sobre el estado de la nación, Duterte afirmó que Rappler era una empresa de propiedad extranjera, dando a entender que violaba la Constitución, acusación que reiteró en las semanas siguientes. En enero de 2018, la Comisión de Valores y Bolsa de Filipinas revocó temporalmente el registro de Rappler por considerar que había violado la normativa sobre propiedad extranjera. En febrero de 2018, un portavoz de Duterte afirmó que el propio presidente había ordenado a su personal de seguridad prohibir la entrada en el palacio presidencial de la periodista Pia Ranada y la directora Maria Ressa.
En diciembre de 2018 se emitió una orden de detención contra Maria Ressa. Ressa y Rappler Holdings, cuya presidencia ocupa la periodista, fueron acusados de violar la normativa fiscal en 2015 por unos fondos recibidos a través de certificados de depósito de Filipinas, un instrumento financiero que permite la inversión extranjera en empresas filipinas.
A comienzos de febrero de 2019, el Departamento de Justicia dictó acta de acusación formal contra Ressa y un ex periodista de Rappler por difamación en Internet, respondiendo a una denuncia presentada por un empresario en referencia a un artículo publicado en 2012, meses antes de la aprobación de la ley sobre delitos informáticos. Ressa fue detenida la noche del 13 de febrero de 2019. Como las dependencias de depósito de fianzas ya estaban cerradas, las autoridades pudieron mantenerla detenida hasta el día siguiente. Ressa, que iba a pronunciar un discurso sobre la libertad de prensa esa misma noche, pagó su fianza a la mañana siguiente, y afirmó que los cargos suponían un “abuso de poder” y un “uso de la ley como arma”.
El acoso que sufre Maria Ressa es otro ejemplo de cómo la administración Duterte escoge a sus críticos más destacados para procesarlos por motivos políticos. El ataque contra Ressa y Rappler fue precedido del arresto y detención en febrero de 2017, por cargos de motivación política, de la senadora Leila de Lima, otra destacada crítica de la “guerra contra las drogas”, que lleva ya dos años detenida.
Pueden escribir llamamientos en: Inglés
Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 13 de mayo de 2019
Nombre y pronombre preferido: Maria Ressa (ella)
Enlace a la AU anterior: https://www.amnesty.org/es/documents/asa35/9871/2019/es/