En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, el castigo corporal en todas sus formas, como la lapidación, la amputación o la flagelación, constituye tortura o tras penas crueles, inhumanas o degradantes, prohibidas en todas las circunstancias

En respuesta a la afirmación del ministro de Asuntos Exteriores de Brunéi, Erywan Yusof, de que las penas previstas en el Código Penal Islámico del país son “preventivas”, Stephen Cockburn, director adjunto de Asuntos Globales de Amnistía Internacional, ha manifestado:

“Legalizar la tortura es cruel y despreciable en todas las circunstancias. Hacerlo como medida preventiva es además irresponsable”, ha manifestado Amnistía Internacional.

“Defender la amenaza de amputación y lapidación señalando que tiene por objeto ‘rehabilitar y educar’ es totalmente absurdo. La mera promulgación de tales leyes crea un ambiente tóxico y amenazador. Las autoridades de Brunéi deben de abstenerse de implementarlas y tienen que tomar las medidas necesarias para revocar esta legislación inaceptable y ajustarla al derecho y las normas internacionales de despachos humanos.”

Información complementaria

En una carta dirigida a varios relatores especiales de la ONU, el ministro de Asuntos Exteriores de Brunéi, Erywan Yusof, ha defendido la implementación del Código Penal Islámico. Para justificar las penas previstas en él, que constituyen tortura, afirma que tienen por objeto “enseñar, disuadir, rehabilitar y educar en vez de castigar”.

Brunéi Darussalam ha firmado, pero aún no ha ratificado, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y en el examen sobre la situación de los derechos humanos al que fue sometido en la ONU en 2014 rechazó todas las recomendaciones a este respecto.

En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, el castigo corporal en todas sus formas, como la lapidación, la amputación o la flagelación, constituye tortura o tras penas crueles, inhumanas o degradantes, prohibidas en todas las circunstancias.

Aunque Brunéi mantiene la pena de muerte en la legislación, es abolicionista en la práctica. En 2017 se impuso una nueva condena a muerte, por un delito relacionado con drogas.

El Código Penal Islámico de Brunéi no sustituye al derecho civil, pero se espera que se utilice en conjunción con éste; según la información disponible, cada caso requiere una decisión inicial para determinar si debe ser enjuiciado en virtud de la ley civil o de la ley islámica.