Amnistía Internacional seguirá apoyando a todas las personas que luchan pacíficamente por sus derechos, a pesar del hostigamiento y la intimidación constantes que sufren por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y de los grupos parapoliciales que han cometido violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional.

Cuando se acerca el primer aniversario de la violenta represión ejercida por el gobierno de Nicaragua contra las protestas por las reformas de la seguridad social del 18 de abril de 2018 —el inicio de un sombrío capítulo de represión estatal que a día de hoy aún continúa—, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha declarado:

“Durante el último año, el gobierno del presidente Ortega ha reprimido brutal y reiteradamente a todas las personas que se han atrevido a plantar cara a su administración. Las autoridades nicaragüenses siguen violando los derechos a la justicia, la verdad y la reparación de cientos de víctimas, al tiempo que impiden a las organizaciones de la sociedad civil y a los observadores internacionales de los derechos humanos trabajar libremente en el país. Esto tiene que cesar”.

“El gobierno de Nicaragua debe finalizar de inmediato su estrategia de represión y poner en libertad a todos y todas los estudiantes, activistas y periodistas a quienes se ha detenido exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Amnistía Internacional seguirá apoyando a todas las personas que luchan pacíficamente por sus derechos, a pesar del hostigamiento y la intimidación constantes que sufren por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y de los grupos parapoliciales que han cometido violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. El valiente pueblo de Nicaragua no será silenciado.”

Información complementaria:

El 18 de abril de 2018, una serie de reformas a la seguridad social provocó protestas sociales generalizadas en toda Nicaragua. En respuesta a estas manifestaciones, el gobierno nicaragüense adoptó una estrategia de represión violenta. Desde entonces, al menos 325 personas han muerto, principalmente a manos de las fuerzas de seguridad del Estado y de grupos armados progubernamentales; más de 2.000 han resultado heridas; centenares han sido detenidas arbitrariamente; y decenas de miles se han visto obligadas a huir a Costa Rica.

Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales han documentado casos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, tales como tortura y ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por grupos armados progubernamentales y miembros de la Policía Nacional de Nicaragua.

Además, el gobierno nicaragüense ha expulsado del país a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI); también ha cancelado la condición jurídica de las organizaciones locales de la sociedad civil, y ha seguido acosando a periodistas y a personas que defienden los derechos humanos.