Amnistía Internacional pide a Israel que no recurra al uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones del sábado 30 de marzo de 2019, que conmemorarán el aniversario de las protestas en las que se pidió a Israel que levantara su bloqueo ilegal de Gaza y permitiera a las personas refugiadas palestinas regresar a la tierra de la que fueron desplazadas hace más de 70 años

Un año después de que comenzaran las protestas de la Gran Marcha del Retorno en Gaza, miles de civiles siguen sufriendo las devastadoras consecuencias de las despiadadas tácticas israelíes sin que se hayan rendido cuentas. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy. Al menos 195 personas palestinas murieron, entre ellas 41 niños y niñas, y 28.939 resultaron heridas por las fuerzas israelíes en el contexto de las protestas celebradas entre el 30 de marzo de 2018 y el 22 de marzo de 2019, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.

Amnistía Internacional pide a Israel que no recurra al uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones del sábado 30 de marzo de 2019, que conmemorarán el aniversario de las protestas en las que se pidió a Israel que levantara su bloqueo ilegal de Gaza y permitiera a las personas refugiadas palestinas regresar a la tierra de la que fueron desplazadas hace más de 70 años.

Para final de 2018, más de 6.000 personas palestinas en Gaza habían resultado heridas por munición real en lugares donde se celebraban protestas, y al menos 122 —entre ellas 21 niños y niñas— habían sufrido amputación de miembros a consecuencia de sus heridas, según un informe publicado en marzo por la comisión de investigación de la ONU, establecida para examinar los abusos cometidos en el contexto de las protestas.

“La escalofriante magnitud y la terrible naturaleza de las debilitantes heridas infligidas por las fuerzas israelíes a manifestantes de Palestina en Gaza el año pasado sugieren que Israel siguió una estrategia deliberada de mutilar a civiles”, ha declarado Saleh Higazi, director adjunto de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“Muchas de las personas que recibieron disparos de las fuerzas israelíes sufren heridas que les han cambiado la vida y que les dejarán profundas cicatrices físicas y psicológicas durante años. Estas devastadoras heridas, y los constantes disparos contra manifestantes, subrayan la necesidad urgente de imponer un embargo de armas a Israel.”

El informe de la comisión de investigación reflejó las conclusiones de la propia Amnistía Internacional de que muchos homicidios de personas palestinas cometidos por las fuerzas israelíes durante las protestas violaban el derecho internacional humanitario. El informe “encontraba motivos razonables para creer que las fuerzas de seguridad israelíes habían matado y mutilado a manifestantes palestinos que no constituían una amenaza inminente de muerte o lesión grave para otras personas cuando recibieron el disparo”; entre las víctimas había niños y niñas, personal de urgencias médicas, periodistas y personas con discapacidad.

El informe destacaba que el 80% de las 6.106 heridas causadas por munición real se encontraban en los miembros inferiores, y que había más personas que habían perdido miembros a causa de las heridas sufridas durante las protestas de la Gran Marcha del Retorno que durante todo el conflicto entre Israel y Gaza de 2014. Según dijeron a Amnistía Internacional médicos de Gaza, muchas de las lesiones graves que habían presenciado eran típicas de las heridas de guerra.

Según expertos militares y patólogos forenses que examinaron fotografías de heridas obtenidas por Amnistía Internacional, muchas de las heridas observadas por el personal médico en Gaza coincidían con las causadas por armas militares de alta velocidad, como los rifles Tavor de fabricación israelí y los rifles de francotirador Remington M24, de fabricación estadounidense, que disparaban munición de caza de 7,62 mm, que se expande y se propaga en el interior del cuerpo.

“La política de las fuerzas israelíes de emplear fuerza letal durante las protestas, utilizando armas diseñadas para causar el máximo daño contra manifestantes, personal médico y periodistas que no constituían una amenaza inminente para la vida, es sencillamente criminal”, ha declarado Saleh Higazi.

“Una y otra vez, las autoridades israelíes han dado muestras de un cruel desprecio por la vida de las personas en Gaza. No podría estar más clara la necesidad urgente de que los gobiernos de todo el mundo, incluidos Estados Unidos y los Estados de la UE, impongan un embargo total de armas a Israel. Los Estados tienen el deber de respetar los Convenios de Ginebra suspendiendo las transferencias de armas que puedan contribuir a las violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por Israel.”

Estados Unidos es el principal suministrador de armas a Israel, y se ha comprometido a proporcionar al país ayuda militar por valor de 38.000 millones de dólares durante los próximos 10 años. Otros países —entre ellos Estados miembros de la UE como Francia, Alemania, Italia y Reino Unido– han concedido también licencias para grandes cantidades de material militar destinado a Israel. A pesar del espantoso historial del uso que Israel hace de las armas militares de manera que viola el derecho internacional, en 2017 los Estados miembros de la UE autorizaron 746 licencias para productos militares por valor de 758 millones de euros. Sólo se denegaron dos licencias y, de ellas, sólo una se rechazó por preocupaciones relativas al respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Amnistía Internacional pide asimismo que se implementen las recomendaciones contenidas en el informe de la comisión de investigación. En especial, el gobierno israelí debe “levantar con efecto inmediato el bloqueo de Gaza” e investigar de forma imparcial “todos los homicidios y heridas relacionados con las protestas, de acuerdo con las normas internacionales, para determinar si se han cometido crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, con vistas a hacer rendir cuentas a quienes se considere que son responsables”. Por su parte, la ONU debe recopilar información sobre presuntos autores de crímenes de derecho internacional y pasársela a “mecanismos de justicia nacionales e internacionales, incluida la Corte Penal Internacional”.