Desde el 22 de febrero se han celebrado manifestaciones multitudinarias en Argel y en el resto del país, a pesar de que en 2001 se prohibió la celebración de manifestaciones de ese tipo en la capital, y a pesar de que están prohibidas todas las protestas no autorizadas, incluidas las reuniones pacíficas cuyos organizadores no hayan pedido autorización o hayan recibido una negativa a su solicitud

Las autoridades argelinas deben dejar de procesar a manifestantes pacíficos y deben permitir que el poder judicial funcione de forma independiente. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, cuando se prevén nuevas protestas en todo el país para mañana.

Desde que el 22 de febrero se inició una oleada de protestas para oponerse a la decisión del presidente Abdelaziz Buteflika de presentarse para un quinto mandato, al menos 311 personas han sido detenidas, según la Dirección General de Seguridad Nacional de Argelia. A los manifestantes se les ha acusado de “concentraciones desarmadas”, actos de violencia y robo.

“Las autoridades argelinas deben retirar los cargos de ‘concentraciones desarmadas’ contra cualquier persona que haya participado pacíficamente en las manifestaciones multitudinarias, y deben reformar todas las leyes que criminalizan la libertad de expresión y de reunión pacífica”, ha declarado Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

Según los informes, Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a las autoridades argelinas que reformen el artículo 97 del Código Penal del país, relativo a las “concentraciones desarmadas”, que se ha utilizado para procesar a manifestantes pacíficos que pueden enfrentarse a hasta un año de prisión.

La organización ha pedido también que se permita al poder judicial desempeñar su función de manera independiente, sin injerencias o presiones de las autoridades.

"No se deben tomar medidas disciplinarias contra los jueces que están dispuestos a respetar el debido proceso y el derecho a un juicio justo para todas las personas que comparezcan ante los tribunales en relación con las protestas. Argelia tiene la obligación de garantizar la independencia del poder judicial y proteger a los jueces frente a toda forma de influencia política”, ha declarado Magdalena Mughrabi.

La mayoría de las protestas recientes han sido pacíficas, pero algunos manifestantes han arrojado piedras a la policía en respuesta al lanzamiento de gas lacrimógeno y los disparos de balas de goma.

Desde el 22 de febrero se han celebrado manifestaciones multitudinarias en Argel y en el resto del país, a pesar de que en 2001 se prohibió la celebración de manifestaciones de ese tipo en la capital, y a pesar de que están prohibidas todas las protestas no autorizadas, incluidas las reuniones pacíficas cuyos organizadores no hayan pedido autorización o hayan recibido una negativa a su solicitud.

Información complementaria

Amnistía Internacional observó tres protestas el 15, 19 y 22 de marzo en Argel.

El viernes 15 de marzo, 75 personas fueron detenidas, y de ellas al menos 20 han sido acusadas desde entonces de participar en “concentraciones desarmadas” y han comparecido ante un juez en el Tribunal de Sidi Mhamed, en Argel. Los demás manifestantes fueron acusados de actos de violencia y robo. Todos quedaron en libertad el 17 de marzo, pero fueron citados para comparecer de nuevo ante el tribunal el 23 de mayo.

El mismo 15 de marzo, Amnistía Internacional documentó la detención de un manifestante que hablaba por teléfono mientras abandonaba la protesta en Argel. Según un periodista local, en el momento de su detención no había violencia ni disturbios en esa zona.

El 18 de marzo, Abdelkader Meslem, el juez a cargo del caso vinculado a estas detenciones, fue suspendido de su cargo por negarse a cumplir lo que, según afirmó, eran instrucciones del presidente del tribunal de declarar culpables a todos los manifestantes.

El 21 de marzo, jueces y abogados se concentraron ante el Tribunal de Sidi Mhamed en solidaridad con el juez suspendido, y pidieron que se protegiera la justicia independiente. Unos días antes, un juez de Tipasa y un abogado de Constantine habían sido citados por expresar su apoyo a las protestas.

Amnistía Internacional ha documentado asimismo el caso de un muchacho de 14 años herido por una bala de goma disparada por la policía en el distrito de Telemly el 22 de marzo. Según los observadores, al final de la protesta, la policía empezó a lanzar gas lacrimógeno y disparar balas de goma. Los testigos informaron también de que la policía había utilizado pistolas Taser y dispositivos acústicos de largo alcance para dispersar a la multitud durante las protestas del 24 de febrero y el 1 de marzo.