Los escalofriantes testimonios que Amnistía Internacional ha recopilado en República Dominicana revelan que la policía toma como blanco a las mujeres que venden sexo y les inflige abusos sexuales y humillación con el propósito de castigarlas y discriminarlas. En virtud del derecho internacional, ese trato puede constituir tortura y otros malos tratos por motivos de género

La policía de República Dominicana viola, golpea, humilla e insulta habitualmente a las trabajadoras sexuales para ejercer un control social sobre ellas y para castigarlas por transgredir las normas sociales sobre sexualidad y femineidad aceptables. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.

“¿Si ellos pueden tenerla, por qué uno no?” expone las historias de 46 trabajadoras sexuales cisgénero y transgénero dominicanas, muchas de las cuales denunciaron haber sufrido diversas formas de violencia, gran parte de la cual constituye tortura y otros malos tratos infligidos por motivos de género. La criminalización de las trabajadoras sexuales, combinada con el profundo machismo, alimenta las detenciones arbitrarias a manos de la policía y permite que estas graves violaciones de derechos humanos se cometan impunemente.

“La violencia de género es epidémica en todo América Latina y el Caribe, y las trabajadoras sexuales corren especial riesgo de sufrirla a manos de agentes tanto estatales como no estatales”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Los escalofriantes testimonios que Amnistía Internacional ha recopilado en República Dominicana revelan que la policía toma como blanco a las mujeres que venden sexo y les inflige abusos sexuales y humillación con el propósito de castigarlas y discriminarlas. En virtud del derecho internacional, ese trato puede constituir tortura y otros malos tratos por motivos de género.”

En República Dominicana, únicamente en 2018, la Procuraduría General de la República recibió más de 71.000 denuncias de violencia de género e intrafamiliar, y más de 6.300 denuncias de delitos sexuales, entre ellas 1.290 denuncias de violación.

El país también cuenta con una de las tasas de feminicidio más altas de la región, con más de 100 casos registrados en 2017, según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, de la ONU. De igual modo, 47 mujeres transgénero han sido asesinadas desde 2006, según la ONG liderada por personas transgénero Trans Siempre Amigas (TRANSSA).

Los/as expertos/as en salud pública estiman que hay hasta 97.000 mujeres cisgénero que ejercen trabajo sexual en República Dominicana, y hay al menos 3.900 mujeres transgénero, muchas de las cuales ejercen trabajo sexual.

Aproximadamente la mitad de las mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional eran mujeres cisgénero, y la otra mitad eran mujeres transgénero. Estas mujeres habían decidido ejercer trabajo sexual por una diversidad de motivos. Para algunas, ofrecía flexibilidad y control sobre su jornada laboral o ingresos más altos comparados con otras alternativas, y les daba independencia económica. Para otras, el trabajo sexual era una de las escasas opciones que tenían para cubrir sus necesidades básicas.

Al menos 10 de las 24 mujeres cisgénero entrevistadas para este informe declararon haber sido violadas por policías, a menudo a punta de pistola. La mayoría de las mujeres transgénero también habían sufrido a manos de la policía actos discriminatorios y violentos (normalmente centrados en su identidad o expresión de género) que podrían constituir tortura u otros malos tratos.

Amnistía Internacional entrevistó a múltiples mujeres que describieron cómo habían sido violadas por grupos de policías armados y uniformados en circunstancias similares: en plena noche, en esquinas oscuras, y a menudo en la parte trasera de vehículos policiales.

Una mujer explicó a Amnistía Internacional cómo la habían violado una noche de octubre de 2017.

“Habían tres. Yo estaba en una esquina esperando clientes y [...] abusaron de mí”, contó. “Me subieron a la camioneta [policial] [...] Ellos, al ver la zona despejada, [...] Ellos empezaron a sobarme, quitarme ropa. Me rompieron la blusa [...] Uno atrás de otro”, dijo.

Continuó: “Tenía miedo, estaba sola. No podía defenderme. Tuve que dejar que ellos hicieran lo que ellos quisieran conmigo [...] Me amenazaron, que si yo no estaba con ellos me iban a matar. Que yo era un cuero [una prostituta], que por qué con ellos no.”

“Me decían ‘perra’, muchas palabras ofensivas [...] Me vieron, aparente, tal vez, y ellos pensaron, ‘bueno, si ellos [los clientes] lo pueden coger [tenerla], por qué uno no.’”

El informe expone también con detalle cómo las trabajadoras sexuales que viven con identidades de discriminación múltiple —como las mujeres transgénero— sufren una exclusión aún más pronunciada y corren mayor riesgo de sufrir tortura a manos del Estado y de personas particulares.

Las mujeres transgénero contaron que los policías las llamaban “maricones” y “diablos” (o “maricones del diablo”), y dijeron que creían que las veían como “extraterrestres” o “animales”. Numerosas mujeres transgénero denunciaron que la policía les había quemado sus pelucas o las había obligado a limpiar celdas cubiertas de excrementos.

La impunidad por la tortura sexual es lo normal. República Dominicana no recopila datos que ayudarían a determinar el alcance y la gravedad del problema de la tortura y los malos tratos por motivos de género a manos de la policía, y esa recopilación es un paso fundamental para combatir esa grave violencia y hacer rendir cuentas a quienes la perpetran. Esta impunidad alimenta la normalización de esos delitos por parte de las autoridades, así como, en algunos casos, por parte de las propias víctimas.

Las autoridades rara vez se toman en serio las denuncias de las personas que ejercen trabajo sexual. Una mujer dijo a Amnistía Internacional: “Si tú vas al destacamento a levantar una denuncia, lo que te tratan es como puta. No te hacen caso. No te prestan atención”.

A pesar de haber ratificado múltiples instrumentos internacionales de derechos humanos que prohíben la tortura, las autoridades dominicanas no previenen o investigan estos posibles casos de tortura ni tampoco les otorgan reparación, conforme dispone el derecho internacional.

A lo largo de los últimos decenios, República Dominicana ha tomado medidas para abordar las epidemias coexistentes de violencia contra las mujeres y VIH&sida, que afectan desproporcionadamente a las personas que ejercen trabajo sexual. Sin embargo, no ha escuchado las necesidades de quienes realizan trabajo sexual ni ha protegido sus derechos, ni tampoco ha introducido las reformas jurídicas tan necesarias para abordar las causas subyacentes del estigma y la discriminación contra estas personas.

Amnistía Internacional pide al presidente dominicano, Danilo Medina, que reconozca públicamente y condene el uso de la violación y otras formas de tortura y malos tratos por motivos de género a manos de la policía, y pide a la Procuraduría General de la República que elabore un protocolo para la investigación de posibles casos de este tipo.

Asimismo, los órganos legislativos dominicanos deben aprobar urgentemente el proyecto de ley que actualmente se está estudiando y que está concebido para abordar las múltiples formas de discriminación, con el fin de garantizar que se realizan cambios estructurales profundos y que se protege a todos los grupos históricamente marginados frente al estigma y la discriminación que alimentan los abusos contra los derechos humanos.

“Al aprobar una ley para prevenir la discriminación contra algunas de las mujeres más marginadas del país, República Dominicana podría servir de ejemplo para que el resto del Caribe luche contra el estigma, el machismo y otras causas de violencia extrema contra las mujeres”, ha manifestado Erika Guevara Rosas.

“Esto a su vez ayudaría al país a abordar su epidemia más amplia de violencia de género que, al igual que la violencia contra las trabajadoras sexuales, está arraigada en el machismo y el odio.”