Jueves, 28 de marzo, 2019
Según la dirección de facto en Crimea del Servicio Federal de Seguridad ruso, los agentes encargados de hacer cumplir la ley llevaron a cabo registros y detenciones para investigar las actividades de Hizb ut Tahrir, grupo religioso prohibido en Rusia como “terrorista” pero que actúa legalmente en Ucrania
En respuesta a la noticia de que las fuerzas de seguridad rusas en la Crimea ocupada han llevado a cabo amplios registros y han detenido a miembros de la comunidad tártara de Crimea, Oksana Pokalchuk, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Ucrania, ha declarado:
“La represión de la comunidad tártara de Crimea, cuyos miembros son considerados desleales a las autoridades de facto rusas, ha continuado implacable durante cinco años”.
“Las autoridades rusas utilizarán cualquier medio para reprimir la disidencia, o la presunta disidencia, lanzando sus redes contra la comunidad tártara de Crimea y silenciando las voces disidentes. La represión más reciente es uno de los mayores actos de flagrante intimidación de toda la comunidad en los últimos meses.”
Según la dirección de facto en Crimea del Servicio Federal de Seguridad ruso, los agentes encargados de hacer cumplir la ley llevaron a cabo registros y detenciones para investigar las actividades de Hizb ut Tahrir, grupo religioso prohibido en Rusia como “terrorista” pero que actúa legalmente en Ucrania.
Información complementaria
Las fuerzas de seguridad rusas en la Crimea ocupada han llevado a cabo al menos 25 registros en las casas de la comunidad tártara de Crimea y han detenido al menos a 20 personas.
Los registros se llevaron a cabo en la capital crimea de Simferopol, el pueblo cercano de Strohonivka y el pueblo de Volodymyrivka, en el distrito crimeo de Bilohirsk.
En el distrito de Kamyanka, en Simferopol, unos agentes del Ministerio del Interior ruso acordonaron el barrio y pidieron a los residentes que se habían reunido durante la operación que se dispersaran. Según la información publicada en los medios de comunicación, los registros se llevaron a cabo con múltiples violaciones de procedimiento. A los residentes no les permitieron entrar en sus casas, y a sus abogados no les permitieron estar presentes durante los registros.