Los defensores y defensoras destacados de los derechos humanos sufren un ataque implacable por parte del gobierno. Nabeel Rajab fue vergonzosamente declarado culpable y condenado a cinco años de prisión por publicar tuits sobre el conflicto en Yemen y las denuncias de torturas en la prisión de Yaw

En vísperas del Grand Prix de Fórmula 1 que se celebrará en Bahréin este fin de semana (del viernes 29 al domingo 31 de marzo), Amnistía Internacional ha destacado el sombrío historial de derechos humanos del país.

Samah Hadid, directora de campañas para Oriente Medio de Amnistía Internacional, ha declarado:

“Tras el glamour de la F1, Bahréin tiene una cara mucho más siniestra, que revela al país como un Estado profundamente represivo donde cualquier persona que critique al gobierno puede ser encarcelada simplemente por publicar un tuit”.

Los defensores y defensoras destacados de los derechos humanos sufren un ataque implacable por parte del gobierno. Nabeel Rajab fue vergonzosamente declarado culpable y condenado a cinco años de prisión por publicar tuits sobre el conflicto en Yemen y las denuncias de torturas en la prisión de Yaw.”

“En lugar de tratar de lavar su imagen con un evento deportivo y ocultar tras el brillo de la alta velocidad su lamentable historial de derechos humanos, el gobierno bahreiní debe derogar de inmediato las leyes que criminalizan la libertad de expresión y debe acelerar la excarcelación de todos los presos de conciencia.”

Información complementaria

Un blog: Bahréin: What lies behind the scenes of the Formula One Grand Prix, https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/03/bahrain-what-lies-behind-the-scenes-of-the-formula-one-grand-prix/

Desde mediados de 2016, las autoridades bahreiníes llevan a cabo una campaña sistemática para eliminar la oposición política organizada en el país. Los principales objetivos de esta represión de gran alcance son los defensores y defensoras de los derechos humanos, las personas que ejercen el periodismo, los activistas políticos, los clérigos chiíes y quienes protestan pacíficamente. Los líderes políticos de la mayoría chií han sido blanco desproporcionado de ataques en toda esta situación: no hay ningún líder chií de categoría nacional que no haya sido detenido, encarcelado o privado de la ciudadanía bahreiní.

Este mismo mes, Ebrahim Sharif fue condenado a seis meses de prisión, con una suspensión de tres años de la pena, por publicar un tuit en el que criticaba al presidente sudanés Omar al Bashir. Sheikh Ali Salman, líder de Al Wefaq, el principal grupo de oposición política, fue condenado a cadena perpetua por manifestar opiniones consideradas críticas con las autoridades.

Bahréin ha utilizado legislación draconiana, como la Ley Núm. 58 de 2006 sobre la Protección de la Sociedad frente a Actos Terroristas o la Ley sobre Asociaciones Políticas, y las represivas disposiciones del Código Penal, como los artículos 134, 160, 165, 168, 214, 215, 216 y 310, para atacar a manifestantes y a otras personas que se mostraban críticas con el gobierno.

Desde 2011 se ha privado de su nacionalidad a más de 800 personas. De ellas, 115 perdieron la ciudadanía tras un ridículo juicio colectivo que se basó en confesiones extraídas mediante tortura.

En la tristemente famosa prisión de Yaw, la falta de atención médica es escandalosa. Ha habido casos de personas con enfermedades graves como cáncer, esclerosis múltiple o anemia drepanocítica a quienes se ha negado atención especializada y medicación.