La retirada de Filipinas no cambiará el hecho de que los responsables de crímenes de derecho internacional cometidos durante la sangrienta campaña contra las drogas del gobierno de Duterte deberán rendir cuentas, ya sea ante la CPI o por medio de otras iniciativas de justicia internacional

Ante la retirada de Filipinas de la Corte Penal Internacional (CPI), con efecto el 17 de marzo de 2019, Nicholas Bequelin, director regional de Amnistía Internacional para Asia Oriental y Suroriental y Oceanía, ha declarado:

“La cínica retirada de Filipinas de la CPI es un vano intento de eludir la justicia internacional y paralizar la labor de la Corte. Ésta seguirá investigando a los responsables de crímenes cometidos durante lo que se conoce como ‘guerra contra las drogas’ y tiene vías y medios para investigar, incluso en el caso de que Filipinas no coopere con ella.

“La retirada de Filipinas no cambiará el hecho de que los responsables de crímenes de derecho internacional cometidos durante la sangrienta campaña contra las drogas del gobierno de Duterte deberán rendir cuentas, ya sea ante la CPI o por medio de otras iniciativas de justicia internacional.”

“Los valientes ciudadanos y ciudadanas de Filipinas que ponen en tela de juicio la ‘guerra contra las drogas’ o buscan justicia para sus seres queridos necesitan el apoyo internacional para ayudarlos a poner fin a este clima de temor, violencia e impunidad. Los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU deben iniciar una investigación internacional independiente sobre la situación de estos derechos en Filipinas, incluidos los miles de homicidios extrajudiciales que siguen cometiéndose. El presidente Duterte ha declarado que la ‘guerra contra las drogas’ durará al menos hasta que finalice su mandato en 2022, si no más allá. Esta campaña debe detenerse de inmediato y el gobierno debe adoptar un enfoque en materia de drogas basado en una política de salud y derechos humanos.”

Información complementaria

Miles de personas han sido víctimas de homicidios en una oleada de violencia autorizada por el Estado desde el inicio de la presidencia de Rodrigo Duterte en 2016. En febrero 2018, la Corte Penal Internacional inició un examen preliminar de los delitos presuntamente cometidos por el gobierno filipino en el contexto de la “guerra contra las drogas”. El mes siguiente, en marzo de 2018, el presidente Duterte anunció la retirada de Filipinas de la Corte.

En virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el tratado que estableció la Corte, la retirada no tendrá repercusión en las actuaciones en curso ni en ningún asunto que ya estuviera estudiando la Corte antes de la fecha en la que se haga efectiva dicha retirada.

El presidente Duterte ha tomado numerosas medidas para fomentar el homicidio de personas relacionadas con el consumo o el tráfico de drogas. Ha publicado y difundido “listas de muerte” con nombres de personas presuntamente relacionadas con las drogas. También ha insinuado que no se castigaría el asesinato de personas sospechosas de consumir y vender drogas, sea cometido por la policía o por actores civiles.

Amnistía Internacional ha advertido reiteradamente de que las declaraciones del presidente Duterte han creado un entorno en el que la policía y hombres armados no identificados —muchos de los cuales se cree que están vinculados a la policía— tienen luz verde para matar con impunidad.