La noche del 2 de marzo de 2016, la defensora Berta Cáceres fue asesinada en su casa en Intibucá, Honduras. Las autoridades hondureñas deben garantizar investigaciones imparciales, oportunas y exhaustivas frente al asesinato de la defensora, asegurando a las víctimas el derecho a la verdad y la justicia, de forma que todas las personas involucradas en su asesinato, incluyendo a los “autores intelectuales”, sean procesadas.

 

Berta Cáceres fue una valiente mujer defensora de los derechos humanos que puso su vida en riesgo por defender al pueblo Lenca, su hogar y los recursos naturales del territorio en que habitan.

El 29 de noviembre de 2018, el tribunal penal de Honduras halló culpable a 7 de 8 personas acusadas de su asesinato.

 

El juicio contra David Castillo, el gerente de DESA arrestado el 2 de marzo de 2018, sigue pendiente. Después de tres años del asesinato de Berta, Castillo Mejía es la única persona acusada de ser “autor intelectual”. Sin embargo, un informe elaborado por el GAIPE (Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas), el grupo de expertos, indica que otras personas podrían haber conocido o participado en la planeación del crimen.

 

La familia de Berta Cáceres y el COPINH siguen solicitando que todas las personas involucradas en su asesinato sean procesadas, incluyendo a los autores intelectuales.

 

No habrá justicia para Berta y su familia hasta que estas personas sean investigadas y juzgadas asegurando que los derechos a la verdad y la justicia de las víctimas sean respetados.

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