Una periodista de investigación que publicó un informe donde se pone de manifiesto la corrupción en el Ministerio de Salud de Gaza se enfrenta a una pena de hasta seis meses de prisión; así lo ha afirmado Amnistía Internacional con antelación a la vista de su apelación, que tendrá lugar mañana.

 

Hajar Harb, periodista palestina de Gaza, hizo público un reportaje de investigación en Al Araby TV el 25 de junio de 2016 en el que ponía de relieve que el ministerio, dirigido por el gobierno de facto de Hamás, estaba lucrando con transferencias ilegales de material médico desde la Franja de Gaza para personas que no necesitaban tratamiento. Ha sido acusada de varios delitos, entre ellos los de difamación y publicación de noticias falsas.

 

“El procesamiento de Hajar Harb es un ataque indignante a la libertad de los medios de comunicación. Las autoridades de Gaza intentan descaradamente castigarla por poner al descubierto la corrupción en el seno del gobierno de Hamás. Las autoridades deben retirar de inmediato todos los cargos en su contra”, ha señalado Saleh Higazi, director adjunto de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

 

“Es profundamente alarmante que Hajar Harb se enfrente a seis meses de prisión simplemente por hacer su trabajo. La confirmación de su sentencia condenatoria basada en cargos falsos tendría un efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión en Gaza".

 

Tras la emisión del reportaje, Hajar Harb fue citada para ser interrogada por la policía al menos en cuatro ocasiones en junio y julio de 2016. Cada sesión de interrogatorio duró entre tres y cuatro horas, durante las cuales fue insultada y “tratada como una delincuente y no como una periodista que ha realizado un informe de investigación de gran trascendencia para este país”.

 

Hajar Harb contó también a Amnistía Internacional que varios médicos la habían acosado verbalmente y amenazado en Gaza, aunque en el reportaje no se facilitaban sus nombres ni los puestos que ocupaban.

 

“Varios médicos de Gaza me dirigieron insultos, amenazaron con agredirme y hasta me acusaron de colaboradora de Israel por difundir rumores en Facebook”, contó a la organización de derechos humanos.

 

Dos médicos presentaron una denuncia contra ella y, en octubre de 2016, fue acusada de difamar, publicar noticias falsas, ser una impostora y causar conflicto.

 

Hajar Harb fue juzgada in absentia mientras se encontraba en Jordania recibiendo tratamiento para un cáncer de mama. El 4 de junio de 2017 fue declarada culpable y condenada a seis meses de prisión y una multa de 1.000 séqueles israelíes (276 dólares estadounidenses). Ella recurrió la decisión del tribunal.

 

“A veces me pregunto qué habré hecho. Estoy pagando el precio de hacer un trabajo de investigación sobre corrupción en Gaza. ¿Cómo puede ser justo?’’, contó Hajar Harb a Amnistía, y añadió que desde la emisión del reportaje había tenido problemas con otros trabajadores.

 

Mientras continúan las luchas intestinas entre Fatah y Hamás, las autoridades de Cisjordania y Gaza han amenazado e intimidado a activistas y periodistas para reprimir la expresión pacífica, incluida la crítica y la labor informativa.

 

“Los periodistas deben poder llevar a cabo su labor en Palestina sin sufrir amenazas, hostigamiento ni intimidación”, ha afirmado Saleh Higazi.

 

“En lugar de intentar reprimir el trabajo de los medios de comunicación, las autoridades de Cisjordania y Gaza deberían tomar medidas para proteger el derecho a la libertad de expresión y obligar a rendir cuentas a quienes amenazan e intimidan a periodistas".

 

 

Según el Centro Palestino para el Desarrollo y la Libertad de los Medios de Comunicación, ONG con sede en Ramala, las autoridades palestinas fueron responsables de 77 ataques a la libertad de los medios de comunicación en 2018, que incluyeron detenciones arbitrarias, malos tratos durante el interrogatorio, agresiones, confiscación de material y prohibición de informar. Las autoridades de Hamás en Gaza fueron responsables de 37 de esos ataques.