Amnistía Internacional, apoya a las demandantes y al equipo jurídico que lleva el asunto y ha documentado de manera independiente la implicación de Shell en los homicidios, violaciones y torturas que cometió el gobierno nigeriano para intentar sofocar las protestas

Shell tendrá finalmente que responder por su implicación en las ejecuciones de nueve ogonis en Nigeria

Un tribunal neerlandés escuchará hoy los primeros argumentos de una causa histórica contra Shell, en la que se acusa al gigante del petróleo de instigar las numerosas violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno nigeriano contra el pueblo ogoni en la década de 1990. Esther Kiobel, Victoria Bera, Blessing Eawo y Charity Levula han demandado a Shell porque la acusan de implicación en la detención ilegal y ejecución de sus esposos por el ejército nigeriano. Los hechos ocurrieron tras una brutal represión de las protestas del pueblo ogoni contra la devastación de su región como consecuencia de la contaminación provocada por Shell.

Amnistía Internacional, apoya a las demandantes y al equipo jurídico que lleva el asunto y ha documentado de manera independiente la implicación de Shell en los homicidios, violaciones y torturas que cometió el gobierno nigeriano para intentar sofocar las protestas. Barinem Kiobel, Baribor Bera, Nordu Eawo y Paul Levula murieron ahorcados en 1995, tras un juicio que fue una farsa. Sus viudas piden ahora una indemnización y una disculpa pública de Shell. Junto con ellos fueron ejecutados otros cinco hombres, incluido el líder de las protestas Ken Saro-Wiwa, por lo que se conoce al grupo como los “los nueve ogonis”.

“Va a ser la primera vez, en una batalla por la justicia que dura más de 20 años, que Esther Kiobel y las demás demandantes tienen la oportunidad de contar sus casos en los tribunales. Estas mujeres creen que sus esposos estarían todavía vivos si no hubiera sido por el desvergonzado egoísmo de Shell, que fomentó la sangrienta represión ejercida por el gobierno nigeriano contra quienes participaban en las protestas a sabiendas incluso del coste humano”, ha afirmado Mark Dummett, investigador de Amnistía Internacional sobre Empresas y Derechos Humanos.

“A pesar de las numerosas pruebas contra Shell, la empresa ha conseguido eludir la justicia durante años, y hasta ahora no ha tenido nunca que responder en los tribunales por estas denuncias. Mañana será un día histórico, de enorme importancia para todas las personas del mundo que se han visto perjudicadas por la codicia y la insensatez de las empresas globales.

Llevar a una poderosa multinacional a los tribunales por daños que ha causado fuera de su país es un proceso terriblemente largo. Esther Kiobel presentó por primera vez una demanda contra Shell en Nueva York, en 2002, pero la Corte Suprema estadounidense resolvió en 2013 que Estados Unidos carecía de competencia para conocer del asunto. Debido a ello, los tribunales estadounidenses nunca llegaron a examinar el fondo de las denuncias contra Shell.

Las cuatro demandantes acusan a Shell de implicación en la detención ilegal y la violación de la integridad personal y del derecho a un juicio justo y a la vida de sus esposos, y de violación del derecho de ellas a la vida familiar. Amnistía Internacional ayudó al equipo jurídico de Esther Kiobel a presentar la demanda en Países Bajos en 2017 y describió con detalle en un informe, In The Dock, la implicación de Shell en las detenciones y ejecuciones. Las demandantes piden también que el tribunal ordene a Shell entregar más de 100.000 documentos internos que son decisivos para la demanda. Los abogados de Shell se niegan a hacerlo, a pesar de que esos documentos se presentaron como prueba en la demanda de Estados Unidos

“Es hora de poner fin a decenios de impunidad de Shell”, ha manifestado Mark Dummett.

“La valentía, resiliencia y determinación de estas mujeres empeñadas en limpiar el nombre de sus esposos y hacer rendir cuentas a Shell son ejemplares. Tienen el apoyo de los activistas y las activistas de Amnistía Internacional de todo el mundo".

La vista tendrá lugar en el Tribunal de Distrito de La Haya el 12 de febrero.