Wu Zongxi, ciudadano hongkonés que vive en la ciudad costera de Shenzhen, en el sur de China, fue declarado culpable de tráfico de unos 40 kilos de metanfetamina y condenado a muerte por el Tribunal Popular Municipal Intermedio de Shenzhen el 9 de diciembre de 2015. El Tribunal Superior Popular de la Provincia de Guangdong confirmó después la decisión, que actualmente está siendo revisada por el Tribunal Supremo Popular, como exige la ley. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si la condena a muerte se confirma, el Tribunal Supremo Popular enviará su aprobación de la pena de muerte y la consiguiente orden de aplicarla al Tribunal Popular Municipal Intermedio de Shenzhen, que a su vez organizará la ejecución de Wu Zongxi en siete días. 

 

Wu Zongxi no ha podido ver a ningún familiar, ni siquiera a sus ancianos padres, desde que fue detenido el 18 de noviembre de 2014. Según sus familiares, las autoridades les dijeron que no les permitían ver a Wu porque tenían la intención de apelar la sentencia condenatoria. Las autoridades sólo han permitido a la familia de Wu Zongxi enviarle una carta al mes. Como consecuencia, la familia no tiene información sobre su estado físico y mental, y ni siquiera sabe si ha podido leer sus mensajes. 

 

Según la hermana de Wu, la policía le dijo a éste que demandarían a sus familiares si no se confesaba autor del delito. Si bien, según los informes, el abogado de Wu Zongxi presentó pruebas de que su cliente había sido obligado a “confesar”, ninguna de las dos instancias judiciales inferiores consideró que esto fuera una eximente. El derecho internacional garantiza el derecho de las personas acusadas a no ser obligadas a declarar contra sí mismas ni a confesarse culpables. Las declaraciones obtenidas por medio de tortura, malos tratos u otras formas de coacción deben excluirse como prueba en los procesos judiciales penales. 

 

Escriban inmediatamente en chino, en inglés o en su propio idioma, instando a las autoridades chinas a que, de forma inmediata:

 

- detengan los planes para llevar a cabo la ejecución de Wu Zongxi;

- se aseguren de que Wu Zongxi tiene acceso regular y no restringido a sus familiares y a abogados de su elección, y no es sometido a tortura ni otros malos tratos;

- establezcan una moratoria de todas las ejecuciones con miras a abolir la pena de muerte, de conformidad con las seis resoluciones de la Asamblea General de la ONU adoptadas desde 2007, y a conmutar todas las penas de muerte ya dictadas.

 

Envíen llamamientos antesdel 21 de enero de 2019 a:

 

Chief Justice

Zhou Qiang

Supreme People’s Court

No. 27 Dong Jiao Min Xiang

Beijing Shi, 100745

República Popular China

Correo-e: yzxx@court.gov.cn 

Tratamiento: Señor Presidente del Tribunal Supremo / Dear Chief Justice

 

Shenzhen Municipal No.1 Detention Centre  

Shangmeilin Gong’anjie Futianqu, Shenzhen Shi Guangdong Sheng 518049

República Popular China 

Tratamiento: Señor Director / Dear Director

 

 

 

Y copias a:

Chairperson

Li Zhanshu Weiyuanzhang

National People’s Congress Standing Committee

Quanguo Renda Changwu Weiyuanhui

Bangongting

23 Xijiaomin Xiang, Xicheng Qu

Beijing Shi, 100805

República Popular China 

Correo-e: english@npc.gov.cn

 

 

El informe de Amnistía Internacional sobre el uso de la pena de muerte en el mundo en 2017 demuestra que en China la pena capital se utilizó ampliamente para castigar delitos no violentos, como por ejemplo los relacionados con drogas. Sin embargo, estos delitos no se encuentran entre “los más graves delitos” a los que el derecho internacional restringe la imposición de la pena de muerte. Las Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte del Consejo Económico y Social de la ONU recomiendan que sólo pueda imponerse la pena capital por “delitos intencionales que tengan consecuencias fatales u otras consecuencias extremadamente graves”. El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ha aclarado que sólo podrán imponerse condenas a muerte “por delitos de homicidio intencional”. En concreto, ha subrayado que “de no cumplirse este requisito no podrá imponerse la pena de muerte por delitos relacionados con drogas”.

 

Una investigación en profundidad publicada por Amnistía Internacional en abril de 2017, China’s Deadly Secrets, demuestra que, a pesar de que China afirma que está avanzando hacia una mayor transparencia en el sistema de justicia penal, las autoridades aplican un elaborado sistema de hermetismo para disfrazar la magnitud de la cifra de ejecuciones. En esta investigación se halló que cientos de ejecuciones de las que se daba noticia en los medios de comunicación no figuraban en una base de datos judicial de sentencias online a nivel nacional, que había sido anunciada como un gran avance en materia de transparencia judicial. Esta nueva base de datos pública nacional, si bien es un primer paso positivo, no contribuye demasiado a reducir el hermetismo que las autoridades imprimen a la aplicación de la pena de muerte en el país.

 

Los datos relativos al uso de la pena de muerte son secreto de Estado en China. En 2009, Amnistía Internacional dejó de publicar sus estimaciones sobre las ejecuciones en China, y desde entonces ha instado constantemente a las autoridades chinas a que publiquen ellas las cifras para demostrar la veracidad de su afirmación de que están alcanzando el objetivo de reducir la aplicación de la pena de muerte.

 

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente, en todos los casos sin excepción, independientemente del carácter o las circunstancias del delito, las características y la culpabilidad o la inocencia del acusado, o el método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La organización sostiene desde hace largo tiempo que la pena de muerte viola el derecho a la vida consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. 

 

En la actualidad, más de 140 países han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica.

 

Índice: ASA 17/9531/2018