El 2 y 3 de diciembre, Enrique Cabezas, defensor de los derechos humanos y líder del colectivo del territorio afrodescendiente de Curvaradó (departamento del Chocó, oeste de Colombia), recibió una petición para reunirse con el grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que lo acusa de ser miembro del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN). Enrique Cabezas es un conocido defensor de los derechos humanos que trabaja para proteger el territorio ancestral de las comunidades afrodescendientes de la cuenca del Curvaradó y su derecho a no verse implicadas en el conflicto armado en el departamento del Chocó. Según este defensor, en ocasiones anteriores las AGC han organizado reuniones con líderes comunitarios utilizando el mismo pretexto, pero con el objetivo real de matarlos.

 

Según Enrique Cabezas, unos 100 miembros de la AGC han entrado en los territorios de las cuencas del Curvaradó y el Jiguamiandó, así como en el territorio indígena de Alto Guayabal. El Ministerio del Interior convocó a varias autoridades para participar en el desalojo de ocupantes ilegítimos el 4 de diciembre, en cumplimiento de las decisiones T - 025 (2004), A-045 y A- 299 (2012) de la Corte Constitucional. Estas decisiones protegen los derechos de las personas internamente desplazadas y la restitución de los territorios de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó que fueron desplazadas a la fuerza. No obstante, en los días previos al desalojo previsto (el 23 de noviembre), tanto algunas de las autoridades convocadas como Enrique Cabezas recibieron amenazas de muerte, por lo que el desalojo no se llevó a cabo.

 

Los miembros del ELN también están cerca de los territorios antes mencionados. Por tanto, Enrique Cabezas teme que entre los dos grupos armados se produzcan posibles enfrentamientos que afecten negativamente a los pueblos afrodescendientes e indígenas.

 

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma, a las autoridades colombianas:

 

- pidiéndoles que implementen, en consulta con Enrique Cabezas y la comunidad de Curvaradó, un plan efectivo de protección colectiva para sus comunidades mientras ellos protegen su derecho a la restitución de tierras;

- pidiéndoles que garanticen que la restitución de tierras de las comunidades de Curvaradó se lleva a cabo de manera efectiva y que el territorio se devuelve a sus legítimos propietarios;

- pidiendo que se tomen medidas efectivas para garantizar la vida y la integridad de todas las personas que participan en los procesos de restitución de tierras en la cuenca del río Curvaradó, y que se emprendan acciones inmediatas para solucionar las causas estructurales que subyacen tras los ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos en la región, incluida la persistencia de grupos paramilitares en la zona.

 

Envíen llamamientos antes del 16 de enero de 2019 a:

Iván Duque

Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-26

Bogotá, Colombia

Correo-e.: contacto@presidencia.gov.co

Twitter: @IvanDuque

Tratamiento: Señor Presidente

Ministerio del Interior

Nancy Patricia Gutiérrez

Ministra del Interior

Calle 12 B No. 8 – 46

Bogotá D. C, Colombia servicioalciudadano@mininterior.gov.co

Tratamiento: Señora Ministra

 

 

Y copias a:

Carrera 37A Núm. 25B-42

Bogotá D. C., Colombia

Fax: +57 1 2687179

 

 

Las comunidades indígenas y afrodescendientes que viven en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó están en proceso de reclamar su territorio. En estas zonas, los paramilitares llevan desde 2005 ocupando la tierra de estas comunidades.

 

En los últimos años, muchas de las personas que huyeron de sus tierras tras ser violentamente desplazadas por los paramilitares y las fuerzas de seguridad a finales de la década de 1990 han regresado a las comunidades de las cuencas del Curvaradó y el Jiguamiandó. Estas comunidades han intentado defender su territorio y detener la expansión de plantaciones ilegales de palma africana y otras actividades económicas en su territorio.

 

A consecuencia de ello, muchos miembros de las comunidades han sido víctimas de amenazas o asesinatos. Pese a las reiteradas órdenes de la Corte Constitucional, la tierra no se ha devuelto a las comunidades.

 

En abril de 2006 se estableció la primera de las muchas “Zonas Humanitarias” diferentes. Se trata de zonas claramente señalizadas cuyos habitantes piden que las partes en el conflicto respeten su decisión de no participar en él. Constituyen un medio de protección, y transmiten a las partes en el conflicto el mensaje de que deben respetarse los derechos como civiles de los habitantes de estas zonas, reclamando el derecho de la población civil a no verse implicada en el conflicto.

 

Desde 2015 se ha recibido información sobre incursiones de grupos paramilitares en zonas humanitarias y áreas de biodiversidad en el municipio de Riosucio, lo que suscita temor entre los habitantes y amenaza a los líderes de las comunidades. La Defensoría del Pueblo ha emitido reiteradamente advertencias sobre la vulnerabilidad de las comunidades de esta zona y sobre el peligro de que se produzcan nuevos desplazamientos colectivos.

 

A pesar de estas advertencias, la respuesta del Estado aún no ha sido integral ni oportuna, y los residentes se sienten amenazados por los grupos paramilitares.

 

El 26 de noviembre de 2017, Mario Castaño Bravo, líder de un colectivo que reclamaba tierras en Curvaradó, fue asesinado en su propia granja, en la zona de Florida, territorio de La Larga Tumaradó. Unos individuos no identificados irrumpieron en su casa y realizaron varios disparos contra él. Mario Castaño Bravo estaba supervisando la revisión de una propuesta de reparación colectiva que incluía el reconocimiento de las comunidades como propietarias legítimas de las tierras colectivas y limitaba las operaciones de las empresas realizadas sin consulta que amenazaran la vida, la tierra y la dignidad de sus habitantes.

 

AU: 207/18 Índice: AMR 23/9523/2018