“Es sumamente perturbador que la nación más joven del mundo haya adoptado esta práctica inhumana y desfasada y esté ejecutando a personas, incluso a niños, en un momento en el que el resto del mundo está abandonando este castigo horrendo”, manifestó Joan Nyanyuki, directora de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos

Sudán del Sur ha llevado a cabo más ejecuciones este año que desde que obtuvo la independencia en 2011. Según ha revelado hoy Amnistía Internacional, se sabe que en lo que va de 2018 se ha ejecutado a siete personas, entre ellas un niño.

Amnistía Internacional teme por la vida de otras 135 personas en espera de ejecución que a lo largo del año han sido trasladadas desde centros penitenciarios de todo el país a dos prisiones conocidas por llevar a cabo ejecuciones.

“Es sumamente perturbador que la nación más joven del mundo haya adoptado esta práctica inhumana y desfasada y esté ejecutando a personas, incluso a niños, en un momento en el que el resto del mundo está abandonando este castigo horrendo”, manifestó Joan Nyanyuki, directora de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.

“El presidente de Sudán del Sur debe dejar de firmar órdenes de ejecución y poner fin a esta violación manifiesta del derecho a la vida.”

Amnistía Internacional ha determinado que al menos 342 personas se encuentran condenadas a muerte en Sudán del Sur, más del doble que en 2011.

El año pasado, las autoridades sursudanesas ejecutaron a cuatro personas, dos de las cuales eran menores de edad en el momento de cometer el delito por el que fueron condenadas. Las ejecuciones fueron una violación flagrante de la legislación nacional e internacional, que prohíbe estrictamente la ejecución de toda persona menos de 18 años en el momento de cometer el presunto delito.

Este año, Amnistía Internacional entrevistó a un niño de 16 años que languidece en el corredor de la muerte en la Prisión Central de Yuba tras ser declarado culpable de asesinato. En espera de que el tribunal considere su apelación, describió el delito como un accidente.

“Antes del accidente, iba al instituto. Corría, era muy bueno corriendo, y también cantaba góspel y canciones no espirituales. […] Mi objetivo era estudiar y hacer cosas que ayudaran a los demás. Espero salir en libertad y continuar los estudios”, dijo.

Contó que en el juicio le había dicho al juez que tenía 15 años.

El uso de la pena de muerte contra personas que menores de 18 años en el momento de cometer el delito está estrictamente prohibido en el derecho internacional de los derechos humanos y en la Constitución de Transición de Sudán del Sur de 2011. El artículo 37.a de la Convención sobre los Derechos del Niño, en la que Sudán del Sur es Estado parte, dispone que “[n]o se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad”.

Homicidios autorizados por el Estado

Desde la fundación de Sudán del Sur como Estado independiente en 2011, sus tribunales han condenado a muerte a al menos 140 personas, y las autoridades han ejecutado a al menos 32.

La actual oleada de homicidios autorizados por el Estado parece tener como desencadenante una directiva del director general del Servicio Nacional de Instituciones Penitenciarias de Sudán del Sur con fecha de 26 de abril de 2018 en la que se ordena el traslado de todos los reclusos en espera de ejecución de prisiones condales y estatales a dos de las cámaras de ejecución más conocidas del país: la Prisión Central de Wau y la Prisión Central de Yuba.

En mayo, 98 reclusos condenados a muerte fueron trasladados desde las prisiones estatales de Kuajok, Tonj, Rumbek y Aweil, en la región de Bahr el Ghazal, en el extremo noroeste del país, a la Prisión Central de Wau.

Otros 37 presos en espera de ejecución, entre ellos al menos un niño y una madre lactante, fueron trasladados de centros penitenciarios de la región de Ecuatoria, en el sur del país, a la Prisión Central de Juba. Un total de 34 personas fueron trasladadas a Yuba desde la prisión estatal de Torit en septiembre, y tres, desde la prisión estatal de Kapoeta en noviembre.

“El traslado de 135 reclusos condenados a muerte a las prisiones de Yuba y Wau, en las que se han llevado a cabo todas las ejecuciones hasta la fecha, es profundamente alarmante. El gobierno sursudanés debe establecer de inmediato una suspensión oficial de las ejecuciones, conmutar todas las condenas de muerte por penas de prisión y abolir la pena de muerte”, manifestó Joan Nyanyuki.

Cualquier intento de ejecutar a una mujer lactante contravendría además la legislación de Sudán del Sur y el derecho y las normas internacionales de derechos humanos.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente de la naturaleza del delito, de las características del delincuente o del sistema de ejecución utilizado por el Estado.

La pena de muerte —el homicidio premeditado y a sangre fría de un ser humano a manos del Estado en nombre de la justicia— es la negación más elemental de los derechos humanos. Viola el derecho a la vida, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante.

Información complementaria

En Sudán del Sur, el Código Penal prevé el uso de la pena de muerte para los delitos de asesinato; falso testimonio conducente a la ejecución de una persona inocente, falsificación de pruebas o uso de pruebas falsas como verdaderas con conocimiento de que son falsas con ese fin; terrorismo (o bandidaje, insurgencia o sabotaje) con resultado de muerte; tráfico de drogas con agravante, y traición.

El método de ejecución previsto en el Código de Procedimiento Penal es la horca. Antes de poder ejecutar a una persona condenada a muerte, el Tribunal Supremo y el presidente deben confirmar la condena a muerte.