En respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Gauteng Septentrional según la cual el gobierno no puede conceder una licencia para la extracción de titanio propuesta en Xolobeni sin el consentimiento de las comunidades indígenas, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Sudáfrica, Shenilla Mohamed, ha señalado:

 

 

“Esta sentencia judicial progresista es una victoria para el pueblo de Xolobeni, que ha librado una larga lucha por su derecho a decir no a la minería en sus tierras ancestrales. La sentencia envía un mensaje claro de que las empresas mineras multinacionales no pueden pisotear los derechos de las personas en su búsqueda de beneficios".

 

“Esta sentencia no sólo representa una victoria para esta comunidad, sino para todas las comunidades del país que luchan para proteger su tierra, su herencia y su cultura".

 

“El gobierno debe prestar atención a la decisión y garantizar que a la hora de conceder futuras licencias de explotación minera se celebra una consulta informada con los pueblos indígenas".

 

 

Una filial de la empresa minera australiana MRC, Transworld Energy and Minerals (TEM), solicitó en 2008 el derecho a extraer titanio en el distrito de Umgungundlovu (provincia de Cabo Oriental), situado en costa oriental de Sudáfrica, conocida popularmente como la “costa salvaje”.

 

En 2007, un grupo de lugareños de Xolobeni (Pondolandia) fundó el Comité Amadiba de Crisis para impugnar el proyecto minero, argumentando que constituía una privación de sus tierras ancestrales que amenazaba con arrebatarles su historia y sus medios de subsistencia.