Julián Carrillo, defensor indígena del medio ambiente, la tierra y el territorio, fue muerto a tiros por una persona no identificada en el estado de Chihuahua (norte de México) al atardecer del 24 de octubre. Según su familia, oyeron disparos en las montañas y, horas después, el cadáver de Julián Carrillo fue hallado desfigurado por disparos de armas de grueso calibre. Desde el 23 de octubre, Julián Carrillo se ocultaba en la cadena montañosa de Tarahumara porque lo estaban siguiendo miembros de un presunto grupo de delincuencia organizada en su comunidad de Coloradas de la Virgen.

En agosto, Julián Carrillo contó a Amnistía Internacional que, tras el asesinato de su yerno en julio, había empezado a recibir amenazas de muerte. Varios miembros de su comunidad le advirtieron de que los asesinos de su yerno lo buscaban para matarlo. Ante el temor por su vida, Julián Carrillo decidió abandonar Coloradas de la Virgen durante varias semanas. Durante el tiempo que estuvo ausente, un miembro de la comunidad dijo a la nuera de Julián que había gente buscándolo para cortarle la boca y hacerlo pedazos porque era un agitador, y no entendían por qué y cómo Julián denunciaba los asesinatos cometidos en la comunidad. Los agresores sabían también que Julián proporcionaba información a las autoridades. Julián había regresado a la comunidad porque su hija había muerto a causa de complicaciones durante el parto. Cinco miembros de la familia de Julián Carrillo han sido asesinados desde 2016. Sólo en un caso se identificó al presunto responsable, a quien la policía local no ha detenido.

En 2014, Julián Carrillo y otros tres miembros de la comunidad, así como dos miembros de la organización Alianza Sierra Madre A. C (ASMAC), recibieron medidas de protección del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos establecido por el gobierno mexicano. En 2017, el Mecanismo de Protección iba a reevaluar el riesgo al que se enfrentaban los cuatro con el fin de proporcionarles medidas adecuadas. Sin embargo, según la información de que dispone Amnistía Internacional, la última evaluación de riesgos se realizó en 2016.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma, a las autoridades mexicanas:

- instándolas a llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el homicidio de Julián Carrillo, teniendo en cuenta la posibilidad de que su muerte sea una represalia por sus actividades como defensor del medio ambiente, la tierra y el territorio;

- pidiéndoles que tomen todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los familiares de Julián Carrillo y de la comunidad de Coloradas de la Virgen, de acuerdo con los deseos y el consentimiento de las propias personas afectadas; esas medidas deben incluir una evaluación inmediata de riesgos para la comunidad;

- pidiéndoles que tomen medidas inmediatas para hacer frente a las causas estructurales que subyacen tras las amenazas, los homicidios y los ataques a los que se enfrentan quienes defienden los derechos humanos en la comunidad de Coloradas de la Virgen.

Envíen llamamientos ants del 6 de diciembre de 2018 a:

Información complementaria

El pueblo indígena rarámuri de Coloradas de la Virgen defiende su territorio ancestral en la cadena montañosa de Tarahumara, en Chihuahua, norte de México. La comunidad perdió los títulos de propiedad de sus tierras en la década de 1990. Desde entonces, su territorio ha estado siendo utilizado por forasteros, que han extraído madera de sus bosques y han cultivado cosechas ilegales. El asesinato de Julián Carrillo tuvo lugar unas semanas después de que los miembros de la comunidad denunciaran a diferentes autoridades gubernamentales la existencia de una concesión minera, otorgada a tres individuos, para explotar recursos naturales en el territorio. Según la comunidad, esta concesión se ha otorgado sin llevar a cabo una consulta previa e informada.

Los líderes indígenas de la comunidad de Coloradas de la Virgen, y la organización no gubernamental Alianza Sierra Madre A. C. (ASMAC), que la acompaña, han sufrido amenazas, ataques, juicios injustos y homicidios por denunciar estos problemas. En febrero de 2017 fue asesinado Isidro Baldenegro, ganador del Premio Medioambiental Goldman en 2005 y anteriormente considerado preso de conciencia por Amnistía Internacional. Entre 2015 y 2018 han sido asesinados al menos otros ocho líderes comunitarios.

En 2014, esta situación estimuló la inclusión de Julián Carrillo y otros líderes y miembros del personal de ASMAC en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos. Sin embargo, estas medidas no se adaptaron al contexto de su comunidad, sus condiciones de aislamiento ni el carácter colectivo de su lucha. De igual modo, la protección brindada por el Estado no aborda las causas fundamentales de la violencia, como el conflicto agrario, la presencia de la delincuencia organizada o la discriminación histórica que sufre el pueblo indígena rarámuri.

El caso de Julián es como el de muchas otras personas de la comunidad que se han visto obligadas a trasladarse a otras partes del estado por el elevado índice de violencia provocada por la delincuencia organizada en la región. Este mes, Amnistía Internacional entrevistó a algunos miembros desplazados de Coloradas, quienes dijeron que la delincuencia organizada se ha hecho con el control de su territorio y ha matado a autoridades indígenas que defendían activamente sus derechos.

Según el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, entre enero y octubre de 2018 se ha asesinado en México a 16 personas defensoras de los derechos humanos.

Índice: AMR 41/9299/2018