Martes, 16 de octubre, 2018
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) ha informado del hallazgo de varios panfletos amenazadores contra organizaciones indígenas que defienden los derechos humanos. Los panfletos se encontraron en las calles y las vías de tren del municipio de Uribia, en el departamento de La Guajira, norte de Colombia
El 10 de octubre se hallaron varios panfletos amenazadores contra organizaciones indígenas que defienden los derechos humanos. Los panfletos se encontraron en las calles y las vías de tren del municipio de Uribia, en el departamento de La Guajira, norte de Colombia.
Los panfletos amenazadores iban dirigidos contra representantes de las siguientes organizaciones indígenas de La Guajira: Nación Wayúu, Wayúu Araurayu, Observatorio Fuerza de Mujeres Wayúu y ONIC. En su declaración pública, la ONIC acusó al grupo paramilitar Águilas Negras —cuyo grupo armado local en la región se conoce como Bloque Capital— de haber difundido los panfletos.
Los panfletos decían literalmente que lo único que hacen las organizaciones que defienden los derechos humanos en el departamento de La Guajira es “entorpecer el progreso para el país”, y amenazaban con atacarlas.
Esto sucedió unos días antes de la audiencia de seguimiento prevista entre la Corte Constitucional y la Fiscalía General para evaluar el cumplimiento, por parte del gobierno colombiano, de la sentencia T-302 de 2017, que corroboraba la violación masiva y sistemática de los derechos fundamentales del pueblo indígena wayúu.
Estas organizaciones indígenas ya han recibido anteriormente varias amenazas, ya que denuncian constantemente la falta de garantías del derecho a la vida, la salud, la educación, el agua no contaminada, el territorio, la tierra y un entorno saludable en la región.
Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma, a las autoridades colombianas:
- instándolas a llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas contra estas organizaciones indígenas de derechos humanos, y a llevar a todos los responsables ante la justicia;
- instándolas a poner en práctica en su totalidad y de forma inmediata el Plan de Prevención y Protección colectiva para estas organizaciones indígenas, teniendo en cuenta la consulta previa sobre las medidas;
- pidiéndoles que tomen medidas inmediatas para resolver las causas estructurales que subyacen tras las amenazas y los ataques que sufren quienes defienden los derechos humanos en el contexto de su trabajo de defensa de las garantías de derechos humanos para los pueblos indígenas wayúu en La Guajira.
Envíen llamamientos antes del 23 de noviembre de 2018 a:
Fiscal general
Nestor Humberto Martínez
Fiscal General de Colombia
Diagonal 22B No. 52-01
Bogotá, D. C., Colombia
Correo-e: contacto@fiscalia.gov.co, denuncie@fiscalia.gov.co,
despacho.fiscal@fiscalia.gov.co
Tratamiento: Señor Fiscal General
Ministerio del Interior
Nancy Patricia Gutiérrez
Ministra del Interior
Calle 12 B No. 8 – 46
Bogotá D. C, Colombia
Correo-e: servicioalciudadano@mininterior.gov.co
Tratamiento: Señora Ministra
Y copias a:
Defensoría del Pueblo
Carlos Negret
Carrera 9 Núm.16 – 21
Bogotá D. C., Colombia
Correo-e: asuntosdefensor@defensoria.gov.co
Tratamiento: Señor Defensor del Pueblo
Información complementaria
El departamento de La Guajira, situado en el norte de Colombia, se caracteriza por tener la zona desértica más grande del país y por su riqueza en recursos naturales tales como carbón, gas, sal y varios parques de energía eólica. Sin embargo, en la región escasea el agua potable, la infraestructura de servicios públicos es pobre y, sobre todo, los niños y niñas del pueblo wayúu que habitan en este territorio carecen de seguridad alimentaria.
En 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó de que 4.770 niños y niñas del pueblo indígena wayúu habían muerto desde 2008 a causa de problemas asociados con la malnutrición y la falta de agua potable. En la actualidad, el departamento de La Guajira cuenta con la cifra más elevada de mortalidad infantil causada por la malnutrición en niños y niñas menores de cinco años en Colombia. En 2017, la Corte Constitucional declaró un “Estado de Cosas Inconstitucional” (ECI), en el que citaba las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos del pueblo indígena wayúu en La Guajira y la débil respuesta institucional respecto a la atención a estas personas. Sin embargo, un año después, la situación no parece haber cambiado. Al contrario, los progresos han sido escasos.
Las organizaciones indígenas Nación Wayúu, Wayúu Araurayu, Observatorio Fuerza de Mujeres Wayúu y Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) han venido denunciando el incumplimiento, por parte de las autoridades locales y departamentales, a la hora de garantizar los derechos del pueblo indígena wayúu.
También han denunciado la amenaza constante que representa la presencia de agentes armados en sus territorios. Respecto a las medidas para la protección colectiva de las comunidades en peligro, las necesidades reales parecen haber superado las medidas proporcionadas por el Estado para hacer frente al conflicto. En la actualidad, el mecanismo de protección a cargo de la Unidad Nacional de Protección] se enfrenta a varias dificultades a consecuencia del aumento del número de defensores y defensoras de los derechos humanos muertos desde 2016. En un informe publicado en noviembre de 2017, Amnistía Internacional reiteró la necesidad de reforzar —basándose en consultas con las comunidades en riesgo— los mecanismos de protección colectiva y garantizar la seguridad de las personas que defienden los derechos humanos, especialmente las que trabajan en zonas rurales y defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente.
Índice: AMR 23/9242/2018