El 8 de octubre, las autoridades venezolanas informaron de que Fernando Albán, concejal de Primero Justicia, partido de oposición, se había suicidado saltando desde la décima planta de la sede del SEBIN, donde permanecía detenido desde el 5 de octubre. Las declaraciones realizadas por el fiscal general, Tarek William Saab, y por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, ofrecieron versiones contradictorias de las circunstancias en torno a la muerte del concejal.

Fernando Albán fue detenido el viernes 5 de octubre a su llegada al aeropuerto de Caracas. Según el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, Albán fue detenido por el SEBIN como sospechoso de estar relacionado con un intento de atentado a autoridades gubernamentales durante un evento público celebrado en agosto de 2018. Durante las horas siguientes a su detención, Francisco Albán estuvo en paradero desconocido. Cuando fue hallado muerto el 8 de octubre aún no había comparecido ante un juez para que se determinara la legalidad de su detención, pese a que ya se había superado el plazo legal de 48 horas.

Según el abogado de Albán, hay varios indicios que convierten su suicidio en improbable, entre ellos las restricciones a la libertad de circulación bajo la custodia del SEBIN, ya que las celdas están situadas en el sótano y las autoridades no han facilitado ninguna información sobre cómo podría el concejal haber accedido a la décima planta.

Las autoridades venezolanas declararon que Albán se había suicidado sin haber llevado a cabo investigación alguna sobre las circunstancias de su muerte. Su fallecimiento corre peligro de no aclararse si no se lleva a cabo de inmediato una investigación pronta, exhaustiva e independiente. Amnistía Internacional ha documentado varios casos de detenciones por motivos políticos de personas a las que se considera críticas con la política gubernamental. En algunos de esos casos hubo varias denuncias de tortura y otros malos tratos bajo custodia del SEBIN.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma, a las autoridades venezolanas:

• pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e independiente sobre los hechos y la causa de la muerte de Fernando Albán, incluida la posibilidad de tortura;
• pidiendo que la investigación cumpla el derecho y las normas de derechos humanos, incluido el pleno acceso de la familia Albán a la información;
• pidiéndoles que protejan el derecho a la vida y a la integridad física de todas las personas recluidas bajo custodia del Estado, y que protejan también el derecho de estas personas a un juicio justo.

Envíen llamamientos antes del 20 de noviembre a:

Información complementaria

La detención de Fernando Albán tuvo lugar después de que el Consejo de Derechos Humanos adoptara una resolución que encomienda a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos el mandato de informar sobre Venezuela en los tres próximos periodos de sesiones del Consejo. Además, el 26 de septiembre de 2018, seis Estados americanos remitieron la situación de Venezuela a la fiscalía de la Corte Penal Internacional denunciando que se habían cometido crímenes de lesa humanidad, tales como tortura y detención arbitraria.

El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) es una fuerza armada que depende del poder ejecutivo, y está bajo el mando de la vicepresidencia. Como servicio de inteligencia, su tarea principal es “la neutralización de amenazas reales o potenciales para el Estado Venezolano”. Aunque la detención y la custodia de personas en espera de juicio no están entre sus funciones, el SEBIN lleva años teniendo celdas en varios lugares.

Además, el SEBIN informa directamente al vicepresidente de la República de Venezuela y, por tanto, no se rige por el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario*.

Amnistía Internacional ha documentado varios casos de detenciones arbitrarias de motivación política de personas consideradas críticas con el gobierno, activistas o políticos. Entre estos casos, Amnistía Internacional ha recibido varias denuncias de tortura y otros malos tratos bajo custodia del SEBIN: palizas, ahogamiento, descargas eléctricas y violencia sexual, entre otras prácticas. Además, los agentes del SEBIN con frecuencia hacen caso omiso de los procedimientos legales y las órdenes judiciales en relación con el debido proceso y la detención.

Índice: AMR 53/9222/2018