Jueves, 27 de septiembre, 2018
El 22 de septiembre, dos familiares de miembros del Movimiento Ríos Vivos fueron asesinados en Antioquia, Colombia. Estos homicidios han venido precedidos de varias muertes más de personas defensoras de los derechos medioambientales, pertenecientes al mismo movimiento y afectadas por el impacto que la construcción de la represa de Hidrohituango tiene en los derechos humanos y en el medio ambiente
El 22 de septiembre, el sobrino de Rubén Areiza, miembro del Movimiento Ríos Vivos Antioquia (MRVA), murió por los disparos de unos hombres no identificados cuando regresaba de un evento deportivo en el municipio de Briceño, departamento de Antioquia, en el noroeste de Colombia. Otros hombre resultó herido en el ataque. Ese mismo día, al hijo de un ex miembro del MRVA lo mataron con un objeto afilado en el municipio de Valdivia, también en Antioquia.
Estos últimos homicidios habían venido precedidos por varios más. El 8 de mayo, Luis Alberto Torres Montoya, miembro del MRVA y de la Asociación de Mineros y Pescadores Artesanales de Puerto Valdivia, y su hermano, Duvián Andrés Correa Sánchez, murieron a manos de atacantes no identificados. Unos días antes, Hugo Albeiro George Pérez, también miembro del MRVA, y su sobrino, Domar Egidio Zapata George, murieron a manos de atacantes no identificados. Estos sucesos tuvieron lugar el mismo día que el MRVA organizaba una manifestación en la que 160 personas se reunieron para expresar su preocupación por la inundación y el riesgo de avalanchas en sus comunidades, porque las fuertes lluvias habían bloqueado un túnel construido por el proyecto hidroeléctrico de Hidroituango. Ese bloqueo provocó una subida del nivel de agua que, según el MRVA, afectó al menos a 45 familias.
El Movimiento lleva desde 2008 haciendo campaña contra el proyecto hidroeléctrico de Hidroituango, y denunciando los daños causados por la represa en la zona: primero lo hizo bajo el nombre de Proceso de Comunidades Afectadas por Hidrohituango, y desde 2011 bajo el del MRVA.
Escriban inmediatamente en español o en su propio idioma, a las autoridades colombianas:
- instándolas a llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los homicidios —teniendo en cuenta la pertenencia de las víctimas al MRVA y su relación con miembros o ex miembros del MRVA— y a llevar a todos los responsables ante la justicia;
- instándolas a implementar de manera integral e inmediata el Plan de Prevención y Protección colectiva de los miembros del MRVA;
- pidiéndoles que tomen medidas inmediatas para solucionar las causas estructurales que subyacen bajo las amenazas, los homicidios y
los ataques sufridos por quienes defienden los derechos medioambientales en el contexto del proyecto hidroeléctrico de Hidroituango.
Envíen llamamientos antes del 7 de noviembre de 2018 a:
Fiscal general
Nestor Humberto Martínez
Fiscal General de Colombia
Diagonal 22B No. 52-01
Bogotá, D. C., Colombia
Correo-e: contacto@fiscalia.gov.co, denuncie@fiscalia.gov.co,
despacho.fiscal@fiscalia.gov.co
Tratamiento: Señor Fiscal General
Ministerio del Interior
Guillermo Rivera Flórez
Ministro del Interior
Calle 12 B No. 8 – 46
Bogotá D. C, Colombia
Correo-e: servicioalciudadano@mininterior.gov.co
Tratamiento: Señor Ministro
Y copias a:
Gobernación de Antioquia
Calle 42B Número 52- 106
Medellín, Antioquia
Correo-e: gobernaciondeantioquia@antioquia.gov.co
Información complementaria
La construcción del proyecto hidroeléctrico de Hidroituango empezó en 2010. La represa está ubicada en el río Cauca, en Antioquia, Colombia. Una de las actividades expresas del proyecto es “la desviación temporal del río Cauca”, entre otras. Según Ríos Vivos, hasta el momento más de 500 familias se han visto desplazadas a consecuencia de este proyecto. El propio estudio de impacto social y ambiental de Hidroituango manifiesta que las comunidades de Orobajo y Barbacoas, en la zona, quedarán totalmente inundadas a consecuencia del proyecto.
La represa está siendo construida por EPM Ituango, un consorcio de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el gobierno del departamento de Antioquia. El proyecto también está financiado en parte por el Banco Interamericano de Desarrollo.
En el contexto de las protestas contra el proyecto hidroeléctrico de Hidroituango, Ríos Vivos ha informado de que se han llevado a cabo 151 ataques contra sus miembros, y que tres miembros han muerto. Según la información disponible, ha habido otros dos atentados contra la vida de sus miembros, y se han registrado más de 60 amenazas.
El 20 de abril de 2018, 25 miembros del Parlamento Europeo enviaron a las autoridades colombianas una carta en la que expresaban su preocupación por la situación de los habitantes de esta zona ante el inminente llenado de la represa. En la carta expresaban honda preocupación por el hecho de que la represa está situada en una zona en la que hay fosas comunes y cadáveres dispersos: hasta el momento se han exhumado 159 cadáveres, pero existe una alta probabilidad de que se encuentren allí muchos más.
En 2013 se estableció un Plan de Prevención y Protección colectiva para los miembros del Movimiento Ríos Vivos. Sin embargo, hasta la fecha, según la información disponible, las autoridades no han iniciado la implementación de este plan. A este respecto, un grupo de diputados de Suecia envió una carta en la que pedía que se aplicara el Plan.
Índice: AMR 23/9160/2018