Amnistía Internacional ha desempeñado un papel pionero en el uso de las investigaciones a través de fuentes de acceso público para impulsar su investigación tradicional, basada en testimonios, con el fin de sacar a la luz violaciones de derechos humanos, hacer cambiar el discurso oficial y abrir camino a la justicia

Un espeluznante vídeo que muestra un atroz acto de violencia se hizo viral rápidamente después de haber sido publicado el 10 de julio de 2018. En él, unos hombres vestidos con uniforme del ejército y empuñando rifles de uso militar hicieron marchar brutalmente a mujeres y niños y niñas pequeños —entre ellos un bebé atado a la espalda de su madre— hasta un lugar rural antes de vendarles los ojos y ejecutarlos con una ráfaga de disparos. 

A medida que el vídeo se propagó por las redes sociales, se propagaron también los rumores. ¿Era Malí o Camerún? ¿Eran fuerzas armadas gubernamentales o combatientes de Boko Haram vestidos de soldados? ¿Era real o fingido?

En situaciones como esta, la “verdad” puede parecer maleable, y los que ocupan el poder a veces se aprovechan de la confusión para vender discursos falsos. Eso es exactamente lo que el gobierno de Camerún hizo en un principio. Ante el temor por la reacción si la historia real salía a la luz, el 12 de julio el ministro de Comunicación de Camerún celebró una conferencia de prensa en la que intentó restar importancia al vídeo calificándolo de “noticias falsas”.

Pero, incluso aunque lo que se percibe como “verdad” sea maleable, los hechos no lo son. El mismo día que el ministro daba su conferencia de prensa, el análisis pericial del vídeo llevado a cabo por Amnistía Internacional empezó a establecer los hecho de lo que había sucedido. La investigación realizada por la organización siguió una rigurosa metodología de investigación a través de fuentes de acceso público, y sus conclusiones fueron corroboradas por testimonios sobre el terreno.

En un plazo de 48 horas desde que el vídeo se hizo viral, Amnistía Internacional recopiló pruebas para rebatir la afirmación del gobierno de Camerún de que eran "noticias falsas".

Basándose en múltiples cadenas de prueba —entre ellas la geolocalización del vídeo, análisis experto de los uniformes y armas utilizados, y claves lingüísticas y otras claves contextuales en la forma de hablar que revelaban la identidad y el rango de los soldados—, la organización pudo empezar a reunir datos para rebatir el discurso oficial. Las pruebas sugerían enérgicamente que quienes ejecutaban a civiles en el vídeo eran soldados cameruneses.

La investigación llevada a cabo posteriormente por Amnistía Internacional confirmó esa conclusión, y una comunidad de investigadores que utilizaban fuentes de acceso público y que colaboraban en el caso señalaron la ubicación exacta cerca de la localidad de Zelevet y establecieron la fecha en algún momento entre finales de marzo o principios de abril de 2015.

El 10 de agosto, cuando salió a la luz otro espantoso vídeo que mostraba más ejecuciones militares, el gobierno de Camerún se desdijo de sus negaciones y anunció que siete soldados habían sido detenidos y estaban siendo investigados por los homicidios de Zelevet. Un documental realizado posteriormente por BBC Africa Eye, Anatomy of a Killing —publicado el 24 de septiembre con apoyo de Amnistía Internacional y otros investigadores que se basaban en fuentes de acceso público—, mostró con detalle que entre los detenidos había tres soldados que aparecían en el vídeo viral.

“El vídeo de Zelevet encajaba en un patrón más amplio que habíamos documentado de atroces abusos cometidos por las fuerzas de seguridad camerunesas contra la población civil”, ha manifestado Ilaria Allegrozzi, investigadora de Amnistía Internacional sobre el lago Chad. 

“Puesto que no teníamos acceso directo al área que rodea Zelevet para verificar esto en persona inmediatamente, nuestra investigación a través de fuentes de acceso directo nos permitió identificar este incidente como parte de ese mismo patrón, y pedir que se investigara a los responsables.”

Llegar a la verdad

Tras las masacres, los bombardeos y otros despreciables actos de violencia contra la población civil, los responsables a menudo tratan de eludir la justicia. Sin embargo, la cantidad de contenido que ahora publican en la web personas que ejercen el periodismo ciudadano, activistas y otras personas significa que existen más pruebas para hacerlos fracasar en su intento y montar una causa en su contra.

“Cuando unas verdades incómodas llevan a las autoridades públicas a gritar que se trata de ‘noticias falsas’, o cuando un contenido publicado en redes sociales afirma mostrar algo que no muestra, estamos preparados para responder basándonos en métodos rigurosos y metódicos de investigación y verificación”, ha declarado Sam Dubberley, director del Cuerpo de Verificación Digital de Amnistía Internacional.

“Cuando lo que la gente lee, ve y escucha está controlado por personas poderosas, resulta fácil manipular la versión oficial y mantener la impunidad por violaciones graves de derechos humanos. Pero cuando las imágenes de los hechos sobre el terreno abren brechas en ese discurso, pueden proporcionar un caso más sólido para la acusación y la administración de justicia.”

Una pieza clave de este trabajo es el Cuerpo de Verificación Digital de Amnistía Internacional: una red de más de 100 voluntarios y voluntarias en seis universidades de todo el mundo a quienes la organización ha formado en técnicas de verificación.

Amnistía Internacional ha utilizado vídeos y fotografías verificados para ayudar a demostrar la quema de poblados rohingyas en Myanmar, las tácticas de asedios ilegales y bombardeos contra la población civil de Siria, y la manera en que los gobiernos ponen en peligro la vida de personas refugiadas en Papúa Nueva Guinea. 

“Tenemos que hacer esto para ayudar a la gente a contar su historia. Pero tenemos que hacer grandes esfuerzos para verificar cuidadosamente la información. Cuando no estamos sobre el terreno para presenciar estos sucesos en el momento en el que ocurren, tenemos que demostrar más allá de toda duda que realmente ocurrieron”, ha manifestado Sam Dubberley.

Tiroteo en la isla de Manus

El 14 de abril de 2017 se produjo un tiroteo en el centro de detención de la isla de Manus, en Papúa Nueva Guinea, donde el gobierno australiano mantiene recluidas a más de 800 personas refugiadas y solicitantes de asilo.

Inmediatamente después, el director general de la Policía de la provincia de Manus, David Yapu, trató de restar importancia a la información publicada en los medios de comunicación, que decía que los disparos habían puesto en peligro la vida de las personas detenidas. “Los soldados realizaron varios disparos al aire, lo que asustó mucho a la comunidad local e internacional que presta servicios en el centro, e hizo que se sintiera amenazada”, dijo.

Amnistía Internacional llevó a cabo una investigación a través de fuentes de acceso público basada en 21 imágenes y seis vídeos captados por personas refugiadas cerca del lugar del tiroteo del 14 de abril, y el 15 de mayo publicó un informe detallado de sus conclusiones. 

Unas horas después de publicarse el informe, el director general Yapu cambió su versión. “Algunos de los disparos se realizaron en el recinto y algunas de las balas penetraron a través de las paredes”, admitió ese mismo día. Más tarde se abrió una investigación oficial sobre el incidente.

Investigaciones penales

Inevitablemente, algunos gobiernos tratan de proteger a aquellos de los suyos que son responsables de crímenes de derecho internacional. En otros casos, el sistema de justicia penal nacional está demasiado politizado, desmoronado o defectuoso para llevar a los responsables ante la justicia en juicios justos.

En estos casos, cuando los gobiernos no pueden o no quieren llevar ante la justicia a los sospechosos de crímenes de guerra y otros delitos graves, la Corte Penal Internacional (CPI) puede abrir una investigación, si tiene jurisdicción. Pero, incluso cuanto tiene jurisdicción, es raro que la CPI dicte una orden de detención basándose, al menos en parte, en pruebas encontradas en redes sociales como Facebook y YouTube. 

Por eso fue un momento tan crucial para las investigaciones basadas en fuentes de acceso público cuando la CPI dictó una orden de arresto contra Mahmoud al Werfelli en agosto de 2017 por el crimen de guerra de asesinato cometido en Libia. Los vídeos difundidos en redes sociales —que la CPI analizó detenidamente y verificó utilizando la misma metodología rigurosa que emplea Amnistía Internacional— fueron un factor importante en la decisión de ordenar su detención.

“El caso de Al Werfelli muestra lo crucial que se ha vuelto la verificación digital para abrir una vía a la justicia en el caso de los crímenes más graves del mundo”, ha manifestado Sam Dubberley.

“Las personas que realizan investigación a través de fuentes de acceso público han hecho un trabajo pionero para abrirse paso entre el ruido y sacar a la luz los hechos que se ocultan tras otros graves abusos, como los hechos que Bellingcat expuso sobre el derribo del vuelo MH17 sobre el este de Ucrania, o el trabajo de The New York Times sobre el uso de armas químicas por parte de fuerzas sirias en Duma y Jan Sheijun.”

Al igual que en el trabajo periodístico y en las investigaciones penales, en el campo de la investigación sobre derechos humanos es más importante que nunca abordar la desinformación y llegar a la verdad. Amnistía Internacional ha desempeñado un papel pionero en el uso de las investigaciones a través de fuentes de acceso público para impulsar su investigación tradicional, basada en testimonios, con el fin de sacar a la luz violaciones de derechos humanos, hacer cambiar el discurso oficial y abrir camino a la justicia.