Lunes, 17 de septiembre, 2018
Una representante de Amnistía Internacional, Kathy Price, asistirá al juicio del 17 al 19 de septiembre, y otros miembros de la organización harán el seguimiento de las actuaciones a distancia y presencialmente durante el resto del juicio
Amnistía Internacional seguirá en calidad de observador el juicio de ocho personas acusadas del asesinato en 2016 de la defensora de los derechos humanos hondureña Berta Cáceres, que comienza el lunes 17 de septiembre en la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa.
“Es fundamental que las autoridades hondureñas garanticen que en este juicio se cumplen las normas internacionales de justicia procesal y que la justicia prevalece en uno de los crímenes más emblemáticos de la historia reciente de la nación”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“En un país donde proliferan las amenazas y los ataques contra las personas que defienden el medio ambiente y el derecho a la tierra, el sistema de justicia de Honduras puede sentar un importante precedente afirmando el derecho de la familia de Berta a verdad, justicia y reparación, y mostrando que el homicidio de defensores y defensoras de los derechos humanos no quedará impune.”
Una representante de Amnistía Internacional, Kathy Price, asistirá al juicio del 17 al 19 de septiembre, y otros miembros de la organización harán el seguimiento de las actuaciones a distancia y presencialmente durante el resto del juicio.
La misión de observación tiene por objeto supervisar el cumplimiento por las autoridades de las salvaguardias de justicia procesal para garantizar que todos los responsables de la muerte de Berta Cáceres responden ante la justicia. Amnistía Internacional ha expresado en repetidas ocasiones grave preocupación por que la investigación de las autoridades hondureñas adolezca de graves deficiencias y no se hayan investigado pistas que lleven hasta quienes puedan haber estado implicados en ordenar su homicidio.
Información complementaria
El 2 de marzo de 2016, unos hombres armados mataron a tiros a Berta Cáceres, defensora de los derechos medioambientales y de los pueblos indígenas, en su casa de Intibucá, Honduras. Junto con otros miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta luchaba contra el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca y el impacto que tendría en el territorio del pueblo indígena lenca.
Aunque la Fiscalía General de Honduras ha presentado cargos contra ocho personas por el asesinato de Berta Cáceres, algunas de ellas vinculadas a Desarrollos Energéticos S. A. (DESA) —la empresa que está construyendo la represa de Agua Zarca— y otras relacionadas con las fuerzas armadas, al COPINH le preocupa que las autoridades no hayan investigado a ningún alto cargo del gobierno o de la empresa por haber ordenado supuestamente el asesinato.
Amnistía Internacional ha documentado una constante de amenazas y estigmatización creciente contra quienes buscan verdad, justicia y reparación por el homicidio de Berta Cáceres y contra las personas que se atreven a denunciar las acciones de poderosas empresas contra los pueblos indígenas o las comunidades rurales locales. El año pasado, la ONG Global Witness declaró que Honduras era el país más peligroso del mundo para quienes defienden los derechos medioambientales, y documentó el homicidio en ese país de más de 120 defensores y defensoras desde 2010.