“La indignante ofensiva contra las personas migrantes y refugiadas en Marruecos es cruel e ilegítima. Representa un retroceso preocupante para un gobierno que en 2013 contrajo nuevos compromisos en materia de políticas de asilo y migración con el fin de adecuar la práctica marroquí a las normas internacionales”, ha manifestado Heba Morayef, directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África

La ofensiva en gran escala de las autoridades marroquíes contra miles de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas de origen subsahariano sin el debido proceso es cruel e ilegítima, ha afirmado Amnistía Internacional en el contexto de las redadas intensivas que el gobierno lleva a cabo en el norte del país.

Desde finales de julio, la policía marroquí, junto con la Gendarmería Real y las Fuerzas Auxiliares, llevan a cabo grandes redadas en las barriadas donde viven personas refugiadas y migrantes en varias ciudades, con especial intensidad en las provincias septentrionales de Tánger, Nador y Tetuán, cercanas a las fronteras españolas.

“La indignante ofensiva contra las personas migrantes y refugiadas en Marruecos es cruel e ilegítima. Representa un retroceso preocupante para un gobierno que en 2013 contrajo nuevos compromisos en materia de políticas de asilo y migración con el fin de adecuar la práctica marroquí a las normas internacionales”, ha manifestado Heba Morayef, directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

Se calcula que, desde el mes de julio, unas 5.000 personas se han visto afectadas por los operativos, introducidas en autobuses y abandonadas en zonas remotas cerca de la frontera con Argelia o en el sur del país, según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH). Este grupo hizo el seguimiento del número de autobuses que salieron de Tánger, Tetuán y Nador y calculó la cifra aproximada de personas detenidas.

“Las autoridades marroquíes deben poner fin de inmediato a estas redadas discriminatorias y cumplir los compromisos positivos contraídos en los últimos cinco años de respetar los derechos humanos de las personas migrantes. A continuación, deben adoptar una ley de asilo que establezca procedimientos correctos y salvaguardias de conformidad con el derecho internacional.”

Batidas y redadas recientes

El viernes 31 de agosto, los servicios de seguridad marroquíes llevaron a cabo batidas y detuvieron arbitrariamente en Tánger a unas 150 personas subsaharianas, a las que trasladaron en autobuses a ciudades del sur del país donde fueron abandonadas. La oficina local de la AMDH dijo a Amnistía Internacional que las personas migrantes fueron detenidas tras iniciar una pequeña protesta ante el consulado de España para pedir la libertad de personas migrantes subsaharianas en Marruecos, como se ve en este vídeo.

Según la información obtenida por Amnistía Internacional sobre la campaña de represión en curso, las autoridades detuvieron a personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas sin comprobar su documentación legal, las retuvieron durante unas horas, les tomaron las huellas dactilares y después las obligaron a subir a autobuses. Las personas migrantes iban esposadas o, en algunos casos, con las manos atadas con cuerdas. Las desplazaron contra su voluntad a zonas remotas cerca de la frontera de Argelia o a zonas remotas del sur, cerca de Tiznit, Errachidia, Benguerir, BeniMellal y Marrakech. En muchos casos, las personas migrantes tuvieron que recorrer a pie varios kilómetros para llegar al primer núcleo urbano desde el que pudieran intentar viajar de vuelta a sus lugares de origen.

Durante los incidentes recientes también se trasladó al sur del país en contra de su voluntad a un mínimo de 14 solicitantes de asilo y 4 personas refugiadas registradas en Marruecos, según la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) en Rabat. En un ejemplo especialmente deplorable, el 7 de agosto, una refugiada fue detenida en Tánger con su hijo de un año. Obligaron a madre e hijo a subir a un autobús y los dejaron en libertad más tarde en Kenitra, a 200 kilómetros de distancia.

“Es indignante ver que entre las personas sometidas a estos castigos brutales hay niños de corta edad, además de solicitantes de asilo y refugiados reconocidos por la ONU y personas migrantes registradas que estaban en posesión de tarjetas de residencia”, ha afirmado Heba Morayef.

“Aunque las autoridades marroquíes tienen derecho a regular la entrada, estancia y salida del país, este derecho debe ejercerse de una manera compatible con el derecho internacional de los derechos humanos y de acuerdo con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.”

Las fuerzas de seguridad han llevado a cabo operativos especialmente violentos contra asentamientos informales informales y campamentos improvisados ocupados por personas migrantes en torno a Tánger y Nador, y en el punto de cruce al enclave español de Ceuta. En algunos casos documentados por Amnistía Internacional, los servicios de seguridad prendieron fuego a los campamentos, quemaron las pertenencias de las personas migrantes y robaron teléfonos móviles.

Un migrante que vive en Marruecos desde hace cuatro años dijo a Amnistía Internacional que la policía y la gendarmería marroquíes irrumpieron violentamente en su casa en el barrio de Mesnana, en Tánger, a las 4 de la madrugada del 26 de agosto. Esta persona declaró:

“Policías enmascarados llegaron en plena noche, rompieron nuestra puerta y comenzaron a detener a los miembros de mi familia, incluidas mujeres, niñas y niños. Había muchos vehículos en la calle y los agentes irrumpían en las casas de nuestros vecinos.”

¿Complicidad de España?

El 23 de agosto de 2018, las autoridades españolas expulsaron a un grupo de 116 personas de diferentes países del África subsahariana y las trasladaron de vuelta a Marruecos desde el enclave español de Ceuta. La expulsión se llevó a cabo un día después de que un grupo hubiera accedido a territorio español desde Marruecos cruzando la valla que discurre a lo largo de la frontera en Ceuta.

La celeridad de la operación plantea interrogantes en relación con el respeto por parte de las autoridades españolas de las salvaguardias sustantivas y de procedimiento durante el procedimiento “acelerado” de devolución.

En el periodo de menos de 24 horas que pasaron en España, sólo 12 abogados prestaron asesoramiento jurídico a las 116 personas, lo que restringió gravemente la oportunidad de que recibieran información adecuada acerca de sus derechos y del procedimiento para solicitar asilo si así lo deseaban. Además, no se informó a los abogados de que sus clientes iban a ser expulsados en menos de 24 horas, lo que les privó de la oportunidad de impugnar de manera efectiva su devolución. Tampoco se llevó a cabo una evaluación de los posibles riesgos a los que esas personas podían hacer frente en Marruecos.

Sin embargo, las autoridades españolas sostuvieron que la operación era legal y estaba justificada por el hecho de que las personas migrantes habían perpetrado una “violencia inaceptable contras los agentes fronterizos españoles”, como consecuencia de la cual siete agentes habrían resultado heridos, según la Guardia Civil. Amnistía Internacional considera que esta afirmación no justificaría en ningún caso la devolución acelerada, ni el incumplimiento por parte de España de su obligación de brindar a esas personas una oportunidad real de solicitar protección internacional.

Cuando las personas migrantes expulsadas llegaron en Marruecos, las autoridades de este país las recluyeron en la prisión local de Tetuán. Diecisiete de ellas fueron acusadas de “estancia y salida irregular”, “insultar a funcionarios públicos”, “rebelión armada” y “posesión de armas”. Se enfrentarán a juicio el 10 de septiembre. Las autoridades marroquíes están organizando devoluciones de nacionales cameruneses y guineanos detenidos, en cooperación con sus respectivas autoridades consulares.

“Pese a la apariencia de un procedimiento de devolución, está claro que las autoridades españolas no respetaron salvaguardias fundamentales, y de hecho llevaron a cabo una expulsión colectiva de 116 personas a un país donde podían correr el riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos”, ha afirmado Heba Morayef.

“Los intentos de controlar la migración irregular de Marruecos a España son elogiados con frecuencia por las autoridades españolas, que siguen cooperando con Marruecos para que impida la llegada de personas migrantes y refugiadas sin condicionar esa cooperación al respeto de los derechos de todas las personas en movimiento. España y la Unión Europea en general deben reorientar su cooperación con Marruecos y conceder prioridad a la protección de los derechos humanos y a la creación de un sistema de asilo en el país, tal como exige el derecho internacional.”

Información complementaria

Las autoridades de Marruecos han justificado los recientes operativos discriminatorios como una medida para luchar contra la migración irregular y las redes de tráfico de personas. En una conferencia de prensa celebrada el 30 de agosto, el portavoz del gobierno marroquí, Mustapha Khalfi, declaró que no se trataba de devoluciones sino de operaciones destinadas a trasladar a las personas migrantes a otras ciudades, realizadas de conformidad con la legislación nacional y destinadas a luchar contra la migración ilegal. El portavoz agregó que la readmisión del grupo de 116 migrantes había enviado un mensaje de firmeza a los traficantes de personas.