“Al no aprobar el visado para Chelsea Manning, nuestro gobierno ha silenciado una importante voz del ámbito de los derechos humanos y, además, transmite también al pueblo australiano y a la comunidad internacional el mensaje de que el nuevo gobierno de Australia da poco valor a la libertad de expresión”, declaró Claire Mallinson, directora de Amnistía Internacional Australia

La no aprobación a tiempo por parte del gobierno australiano de un visado de entrada al país para la defensora de los derechos humanos Chelsea Manning para una serie de charlas ha recibido la enérgica condena de una coalición de organizaciones de derechos humanos.

Amnistía Internacional y varias de las más importantes organizaciones australianas de derechos humanos han afirmado que la falta de decisión es aterradora y constituye una descarada restricción de la libertad de expresión que pone en entredicho el valor que nuestro gobierno otorga a la libertad de expresión y de opinión política.

Think Inc. invitó a Chelsea Manning a Australia para una serie de charlas que incluían debates sobre las potenciales violaciones de derechos humanos que ella denunció y sobre su activismo de derechos humanos en prisión y desde ella, también como destacada defensora de los derechos de las personas LGBTI. En vez de ello, la Sra. Manning participará mediante videoconferencia en todos los actos programados.

Claire Mallinson, directora de Amnistía Internacional Australia, ha afirmado: “Al no aprobar el visado para Chelsea Manning, nuestro gobierno ha silenciado una importante voz del ámbito de los derechos humanos y, además, transmite también al pueblo australiano y a la comunidad internacional el mensaje de que el nuevo gobierno de Australia da poco valor a la libertad de expresión”.

Tim Singleton Norton, presidente de Digital Rights Watch, ha sostenido: “Esto no es más que una maniobra política concebida para aplacar al actual gobierno de Estados Unidos, y una innecesaria restricción del movimiento de una activista por los derechos civiles mundialmente conocida. El gobierno australiano habla mucho de libertad de expresión, pero eso rara vez parece implicar que defienda a quienes profesan opiniones que no estén alineadas con las suyas”.

Paul Oosting, director nacional de Getup!, ha declarado: “El Sr. Dutton se ha jactado reiteradamente de su planteamiento en materia de inmigración basado en el sentido común, pero en este caso está negando a la ciudadanía australiana la oportunidad de entablar un diálogo con una destacada activista de derechos humanos, denunciante de irregularidades. Parece que, con este gobierno, Chelsea Manning habría tenido más suerte para entrar en el país si hubiera sido au pair de uno de los amigos de Peter Dutton”.

Hugh de Kretser, director ejecutivo de Human Rights Law Centre, ha manifestado: “Como democracia, deberíamos fomentar, y no prohibir, contribuciones de personas como Chelsea Manning. Este es un ejemplo más que pone de relieve la necesidad de mecanismos de control y equilibrio mucho más sólidos de las facultades del ministro en relación con la legislación sobre migración”.

Monique Mann, de la Australian Privacy Foundation, ha aseverado: “Esta decisión pone de manifiesto la subjetividad de los actuales controles de inmigración en Australia, y el alcance de la politización. El proceso en Nueva Zelanda, por ejemplo, con el que se ha concedido un visado especial a Chelsea, es más objetivo, ya que se centra en el desdeñable riesgo de reincidencia en el delito o de incumplir las condiciones del visado”.

Lyndsey Jackson, presidenta de Electronic Frontiers Australia, ha dicho: “Es lamentable que a los neozelandeses se les dé la oportunidad de escuchar las vivencias de la Sra. Manning en persona, mientras que los australianos, que habían comprado entradas, que se han agotado, para eventos en todo el país no puedan hacerlo”.

George Newhouse, de National Justice Project, ha afirmado: “Al gobierno australiano le pareció oportuno recibir al general Petraeus en Australia. Fue declarado culpable de revelar material secreto, mucho más clasificado que todo lo que Chelsea Manning desveló. La hipocresía del gobierno es un vergonzoso episodio más para la deteriorada reputación de Australia ante la comunidad internacional”.

Nuestras organizaciones creen que el hecho de no permitir a Chelsea Manning entrar en Australia sobre la base de sus antecedentes penales es una inaceptable restricción de su derecho a la libertad de expresión y obstaculiza su legítima labor de derechos humanos.

Chelsea Manning no debería seguir haciendo frente a sanciones tras el tiempo que pasó en prisión y después de que una orden presidencial le conmutara la pena. Tenía que haber recibido el visado para entrar en Australia y haber podido contar su historia a la ciudadanía australiana que quiere escucharla.

Información complementaria

• Chelsea debía hablar en unos eventos organizados por Think Inc., una organización centrada en fomentar el debate en Australia y a nivel internacional. Entre los eventos figuraban ANTIDOTE, en la Ópera de Sydney el 2 de septiembre, y otros en Melbourne el 7 de septiembre y Brisbane el 11 de septiembre.
• En 2013 Chelsea Manning fue condenada en Estados Unidos a 35 años de prisión tras haber revelado información que indicaba la posible existencia de violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por el ejército estadounidense y otras fuerzas armadas. El juicio estuvo plagado de deficiencias del proceso debido. A su equipo de defensa se le ocultaron documentos clave, y sólo se le permitió llamar a declarar a 10 de sus 48 testigos, mientras que la fiscalía llamó a 80. En el juicio, muchas sesiones se celebraron a puerta cerrada, las actas judiciales se mantuvieron secretas y se eliminaron preventivamente argumentos clave de la defensa. Las denuncias iniciales de que la revelación había dado lugar a que personal de las fuerzas armadas sufriera daño no se fundamentaron, aunque críticos externos siguen repitiendo estas refutadas acusaciones.
• Chelsea Manning cumplió siete años de prisión, tres de ellos en prisión preventiva, 11 meses en condiciones descritas por el relator especial de la ONU sobre la tortura como crueles e inhumanas.
• El presidente Obama le conmutó la pena en enero de 2017; al hacerlo, el presidente de Estados Unidos señaló que la pena impuesta era excesiva en comparación con delitos similares cometidos por otras personas.