Viernes, 17 de agosto, 2018
En recientes conversaciones a puerta cerrada, Estados Unidos y México están considerando declarar México como “tercer país seguro”. Esto impediría a todas las personas solicitantes de asilo que pasen por México pedir protección en Estados Unidos, y las obligaría a permanecer en México, un país peligroso y sin los recursos suficientes. Este acuerdo podría cerrarse en las próximas semanas, y pondría a miles de personas en peligro
Durante los últimos meses, representantes de la administración Trump han reiterado públicamente su interés por declarar México “tercer país seguro”. Este acuerdo pondría en peligro a miles de personas que pasan por México, pues las obligaría a pedir asilo en México porque Estados Unidos ya no las recibiría. El gobierno mexicano a menudo infringe el derecho internacional en materia de personas refugiadas, y viola reiteradamente el principio de no devolución (non-refoulement), que prohíbe la devolución de personas a situaciones en las que su vida corre peligro.
La revista mexicana Proceso publicó el orden del día filtrado de una reunión titulada “Estados Unidos-México, tercer país seguro, reuniones técnicas y legales”, celebrada en Washington D. C. el 17 y 18 de mayo. El 10 de julio, el Washington Post informó de que las conversaciones estaban cobrando impulso. Más tarde, un diplomático mexicano dijo también a Proceso que el acuerdo podría resolverse en fecha tan temprana como agosto y podría incluir financiación estadounidense, presumiblemente para el control migratorio por parte de México. Los detalles de la financiación aún no se han hecho públicos.
El número de personas que buscan seguridad en México ha aumentado en los últimos años. Su sistema de asilo lucha por abarcar las solicitudes de asilo que se presentan. En 2017, el país recibió 14.596 solicitudes de asilo, frente a las 8.788 de 2016. La mayoría proceden de nacionales de algunos de los países más violentos del mundo, como El Salvador y Honduras. En una encuesta realizada recientemente por Amnistía Internacional, de las 500 personas centroamericanas que pasaron como migrantes irregulares por México y que respondieron a la encuesta, el 75% de las que habían sido detenidas por las autoridades de migración mexicanas no habían sido informadas de su derecho a pedir asilo.
El derecho estadounidense otorga al fiscal general autoridad para estipular qué países se consideran “terceros países seguros” en virtud del Código S 1158 2 (A) de Estados Unidos. Esta decisión viene a menudo acompañada de un acuerdo bilateral con ese país. Amnistía Internacional ha recibido información de diversas fuentes que indica que el Departamento de Seguridad Nacional desea modificar la ley para otorgar al secretario o secretaria de Seguridad Nacional plena autoridad para designar “terceros países seguros”.
Escriban inmediatamente en inglés o en su propio idioma:
- instando a las autoridades mexicanas a negarse a firmar un acuerdo de “tercer país seguro” con Estados Unidos;
- pidiendo al Departamento de Estado estadounidense que detenga toda conversación diplomática bilateral sobre un acuerdo de “tercer país seguro” con México;
- instando al Departamento de Seguridad Nacional estadounidense a desistir de promover un acuerdo de “tercer país seguro” con México y garantizar que a las personas que buscan asilo se les permite la entrada en Estados Unidos.
Envíen llamamientos antes del 27 de septiembre de 2018 a:
Luis Vidergaray
Secretario de Relaciones Exteriores de México
Plaza Juárez No. 20, Piso 22
Delegación Cuauhtémoc, 06010 CDMX
Correo-e: canciller@sre.gob.mx
Twitter: @LVidegaray
Tratamiento: Señor Secretario de Relaciones Exteriores
Kirstjen Nielsen
US Secretary of Homeland Security
Washington, DC 20528,
Estados Unidos
Correo-e: DHSSecretary@hq.dhs.gov
Twitter: @SecNielsen
Tratamiento: Sra. Secretaria / Honourable Secretary
Mike Pompeo
US Secretary of State
Harry S. Truman Building, 2201 C Street, NW, Room 7226, Washington,
DC 20520, Estados Unidos
Correo-e: buanganrl@state.gov
Twitter: @SecPompeo
Tratamiento: Sr. Secretario / Honourable Secretary
Información adicional
El gobierno estadounidense ha intentado reiteradamente delegar en el gobierno mexicano su responsabilidad internacional de proteger a las personas refugiadas y solicitantes de asilo. El 25 de abril, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen M. Nielsen, pidió públicamente a las personas solicitantes de asilo procedentes de Centroamérica que solicitaran asilo en México, y las amenazó con someterlas a procesamiento penal si se presentaban en la frontera estadounidense. El 1 de mayo, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió ayuda al Congreso estadounidense para garantizar que las personas solicitantes de asilo que hayan pasado por otros países seguros se queden en el primer país por el que hubieran pasado antes. El acuerdo podría cerrarse en las próximas semanas, lo que pondría en peligro a miles de personas y significaría que todas las fronteras terrestres de Estados Unidos se cerrarían a las personas que solicitan asilo.
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se calcula que entre 400.000 y 500.000 personas entran irregularmente por la frontera sur de México cada año, y que al menos la mitad de ellas podría necesitar protección internacional en calidad de refugiadas. Muchas de estas personas proceden de El Salvador, Honduras y Guatemala, algunos de los países más peligrosos del mundo. En 2017, México recibió 14.596 solicitudes de asilo, de las que 4.272 procedían de Honduras, 4.042 de Venezuela y 3.708 de El Salvador.
Amnistía Internacional publicó recientemente un informe titulado Ignoradas y sin protección: La mortal devolución de personas centroamericanas solicitantes de asilo desde México, que demuestra que el gobierno mexicano está incumpliendo de forma habitual sus obligaciones, contraídas en virtud de tratados internacionales, de proteger a las personas necesitadas de protección internacional. Además, son frecuentes los secuestros, homicidios, desapariciones y agresiones contra migrantes en situación irregular que viajan a través de México. Si Estados Unidos impone que todas las solicitudes de asilo se tramiten en México, aumentaría la cantidad de solicitantes de asilo que se enfrentan a estos peligros, especialmente si esas personas son devueltas a las zonas que bordean la frontera de México, que se cuentan entre las más violentas del país. Para más información, véase: https://www.amnesty.org/es/documents/amr41/7602/2018/es/.
El ACNUR lleva mucho tiempo expresando su preocupación por la aplicación de acuerdos de “tercer país seguro” y por la necesidad de garantizar que esos acuerdos no violan directa o indirectamente el principio de no devolución (non-refoulement, la devolución a países en los que las personas solicitantes de asilo correrían peligro de persecución). Amnistía Internacional se opone a estas políticas porque socavan tanto el concepto de reparto de la responsabilidad en las crisis de refugiados como la obligación de realizar una toma de decisiones individualizada respecto a las solicitudes de asilo, en lugar de considerar que todas las personas ciudadanas de determinados territorios son inadmisibles.
México y Estados Unidos tienen un historial de alcanzar acuerdos bilaterales que tienen como resultado la financiación de Estados Unidos al gobierno mexicano. En 2007, el presidente estadounidense George W. Bush y el presidente mexicano Felipe Calderón acordaron la Iniciativa Mérida, que proporcionaba a México un acuerdo de financiación de 2.500 millones de dólares en concepto de ayuda para la seguridad, y que continúa hoy día. Las conversaciones actuales sobre el acuerdo de “tercer país seguro” pueden incluirse en las actualizaciones de este paquete de financiación de la Iniciativa Mérida.
Índice: AMR 41/8936/2018