La defensora de los derechos humanos Juana Raymundo era enfermera y líder en Nebaj, departamento del Quiché, en el noroeste de Guatemala. Se unió a la Juventud de CODECA hace cinco años, y recientemente fue elegida para formar parte del comité ejecutivo del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP). Se dedicaba a captar y formar a otras mujeres para que se unieran al movimiento. Desapareció la tarde del 27 de julio. Su cadáver fue hallado por unos vecinos, que alertaron a la policía, el 28 de julio junto a un riachuelo entre las comunidades de Nebaj y Acambalam.

CODECA ha pedido al gobierno que investigue los homicidios de los defensores y defensoras de los derechos humanos que pertenecen a la organización y al Comité Campesino del Altiplano (CCDA). CODECA es una organización de derechos humanos con sede en el departamento de Suchitepéquez. Trabaja para mejorar las condiciones salariales de los agricultores, lograr una reforma agraria y conseguir que se nacionalice la energía eléctrica. Sus miembros sufren constantes ataques a causa de su trabajo. Juana es la octava persona defensora de los derechos humanos a la que matan en menos de tres meses.

Escriban inmediatamente en español o en su propio idioma:

- pidiendo a las autoridades que abran una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el homicidio de Juana Raymundo y otros defensores y defensoras de los derechos humanos de CODECA y el CCDA. La investigación debe incluir la teoría de que el ataque sea una posible represalia por las actividades de estas personas como defensores y defensoras de los derechos humanos, tal como se menciona en la Instrucción General recientemente aprobada por la fiscal general;

- pidiéndoles que tomen todas las medidas para garantizar la seguridad de todos los miembros del CCDA y CODECA en peligro, de acuerdo con los deseos de las propias personas afectadas;

- pidiéndoles que condenen esta oleada de homicidios, que reconozcan públicamente la importancia y legitimidad de la labor de todas las personas que defienden los derechos humanos y que se abstengan de usar un lenguaje que desacredite, estigmatice, insulte, desprecie o discrimine a estas personas.

Envíen llamamientos antes del 12 de septiembre de 2018 a: 

Fiscal general

María Consuelo Porras

15 Avenida 15-16, Zona 1

Edificio Gerona, 8° nivel, 01001

Ciudad de Guatemala, Guatemala

Correo-e: mariadelcarmengarciaescobar@gmail.com

Twitter: @MPGuatemala, #JusticiaParaCODECA

Tratamiento: Estimada Señora Fiscal

Ministro de Gobernación

Enrique Antonio Degenhart

Asturias 6a Avenida 13-71, Zona 1

01001 Ciudad de Guatemala, Guatemala

Correo-e: ministrodegobernacion@mingob.gob.gt

Twitter: @MinGobGuate, #JusticiaParaCODECA

Tratamiento: Estimado Señor Ministro

Y copias a:

Presidente de la COPREDEH

Jorge Luis Borrayo

Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH)

Avenida La Reforma 2-18, Zona 9, 01009 Ciudad de Guatemala

Correo-e: copredeh@copredeh.gob.gt

Información complementaria

Las personas que defienden los derechos humanos en Guatemala llevan a cabo sus actividades en un entorno extremadamente hostil, especialmente las que trabajan sobre cuestiones relativas a la tierra, el territorio y el medio ambiente. Sufren constantes amenazas, intimidación, ataques, campañas de difamación y estigmatización.

En 2017, la ONG guatemalteca Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos - Guatemala (UDEFEGUA) registró 496 ataques contra personas que defienden los derechos humanos. En mayo de 2018, la fiscal general emitió una Instrucción General interna que contenía directrices para investigar de forma efectiva los ataques contra quienes defienden los derechos humanos. En una reciente visita a Guatemala, Amnistía Internacional se reunió con miembros de CODECA que expresaron su preocupación por la cantidad de personas defensoras del territorio, la tierra y el medio ambiente que han sufrido ataques (acoso u homicidio) en los últimos tres meses sin que las investigaciones sobre esos ataques haya avanzado apenas.

El CCDA es una organización campesina fundada en 1982 que trabaja para promover el acceso a la tierra y los derechos laborales de los campesinos mayas. Según los informes, ya ha sufrido anteriormente ataques e intimidaciones. En junio de 2016, el líder indígena Daniel Choc Pop fue asesinado en San Juan Tres Ríos. En junio de 2017 se registraron varios ataques contra las oficinas y los líderes de la organización. En mayo de 2018, José Can Xol y Mateo Chamám Paau, dos líderes locales del CCDA, fueron asesinados en las comunidades de Choctún Basilá y San Juan Tres Ríos. Los dos se dedicaban a proteger y defender sus comunidades en un largo conflicto sobre la tenencia de tierras. Ambos habían participado, junto con autoridades nacionales, en la mesa redonda de negociación y diálogo para encontrar soluciones a los múltiples conflictos de tenencia de tierras que afectan a las comunidades de la región.

En mayo de 2018, Luis Arturo Marroquín, miembro de la coordinadora nacional del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), murió por disparos en San Luis Jilotepeque, en la zona centro oriental de Guatemala. Este incidente tuvo lugar una semana después de que el presidente Jimmy Morales se refiriera a CODECA de manera despectiva en un discurso público el 2 de mayo y desacreditara sus actividades.

En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia sobre el caso Defensor de derechos humanos y otros vs. Guatemala, ordenó a Guatemala que adoptara e implementara una política pública integral para la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos. A pesar de que se han realizado algunos progresos, el proceso para crear la política pública aún no ha concluido. La impunidad sigue siendo la norma en la mayoría de los casos de amenazas y ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos guatemaltecos.

Además, el sistema de justicia se utiliza habitualmente de forma indebida para criminalizar a defensores y defensoras de los derechos humanos, en un intento de desarticular los movimientos y las organizaciones, desgastar a los defensores y defensoras de los derechos humanos y sacarlos de la escena pública. Para más información, véase el informe de Amnistía Internacional “Defendemos la tierra con nuestra sangre”: Personas defensoras del territorio y del ambiente en Honduras y Guatemala y América: Situación de los mecanismos de protección para los defensores y defensoras de los derechos humanos.

Índice: AMR 34/8854/2018