El 26 de abril de 2018, Germain Rukuki, presidente de una organización comunitaria llamada Njabutsa Tujane y empleado de la Asociación de Abogados Católicos de Burundi, fue condenado a 32 años de prisión por el Tribunal Superior de Ntahangwa. Había sido detenido el 13 de julio de 2017 en la capital, Buyumbura. Fue declarado culpable de “rebelión”, “amenazas a la seguridad del Estado”, “ataques a la autoridad del Estado” y “participación en un movimiento insurrecto”, y absuelto de los cargos de “asesinato” y “destrucción de edificios públicos y privados”. Ni él ni sus abogados estaban presentes cuando se dictó sentencia. Apeló contra la decisión el 29 de mayo. Su recurso sigue pendiente.

Germain Rukuki se rompió un tobillo el 8 de junio, y más tarde se lesionó el hombro derecho y la pierna derecha. El 11 de junio fue intervenido quirúrgicamente en el hospital de Ngozi, en el norte de Burundi. El 18 de junio, a pesar de que aún no podía caminar sin ayuda y tenía el pie vendado, fue dado de alta y trasladado de nuevo a prisión. El 26 de junio solicitó la libertad bajo fianza para poder recibir tratamiento médico y rehabilitación de forma continuada en el hospital.

Amnistía Internacional cree que Germain Rukuki ha sido procesado únicamente por su trabajo en favor de los derechos humanos y lo considera preso de conciencia.

Escriban inmediatamente en francés o en su propio idioma:

- solicitando a las autoridades burundesas la anulación de la sentencia condenatoria de Germain Rukuki y su liberación inmediata e incondicional de la detención arbitraria;

- instándolas a garantizar que Germain Rukuki recibe el tratamiento médico que necesita en su estado de salud;

- pidiéndoles que pongan fin a la intimidación y el hostigamiento de quienes defienden los derechos humanos.

Envíen llamamientos antes del 24 de agosto de 2018 a:

Desde que estalló la crisis política en abril de 2015, las autoridades burundesas llevan a cabo una campaña de represión contra miembros de la oposición, la sociedad civil y los medios de comunicación independientes. Muchos activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos han huido del país por razones de seguridad, mientras que otros están siendo procesados simplemente por su trabajo relacionado con los derechos humanos.

Germain Rukuki trabajaba para ACAT-Burundi (Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura-Burundi) antes de que las autoridades cerraran la organización. En octubre de 2016, el ministro del Interior cerró ACAT-Burundi y varias organizaciones más de la sociedad civil,  que fueron acusadas de “empañar la imagen del país” y “sembrar el odio y la división entre la población burundesa”. Entre las pruebas presentadas por la fiscalía contra Germain había un intercambio de mensajes por correo electrónico entre él y personal de ACAT correspondiente a un periodo en el que esta organización funcionaba legalmente en Burundi.

Detenido el 13 de julio de 2017 en Buyumbura, Germain Rukuki estuvo inicialmente bajo la custodia del Servicio Nacional de Inteligencia y fue interrogado por éste sin que hubiera presente un abogado. El 26 de julio fue trasladado a la cárcel de Ngozi y, el 1 de agosto, acusado de “amenazar la seguridad del Estado” y “rebelión” por su trabajo para ACAT-Burundi. Los cargos de “asesinato”, “destrucción de edificios públicos y privados” y “participación en un movimiento insurrecto” se añadieron al comenzar su juicio, el 13 de febrero de 2018.

Índice: AFR 16/8636/2018