En la madrugada del 8 de junio de 2018, el maestro y líder comunitario indígena Gonzalo Hilamo Mesa sufrió un ataque armado en su casa, cuando unos hombres no identificados dispararon dos balas contra su residencia. Gonzalo Mesa resultó ileso, pero este reciente ataque ha generado miedo y terror entre la comunidad, que ha abandonado en masa la zona y en la actualidad se encuentra estacionada y confinada en una escuela cercana llamada Institución Educativa Técnico Agropecuaria (NACHASIN).

La Organización Nacional Indígena (ONIC) ha informado de que en estos momentos hay 80 mujeres, cinco de ellas embarazadas, 90 hombres y 80 niños y niñas que suman un total de 250 indígenas que viven en condiciones de hacinamiento en el centro educativo. Necesitan comida, medicamentos y acceso a servicios de salud, así como artículos básicos de cobijo, como tiendas, mantas y ropa.

El ataque contra Gonzalo Hilamo Mesa vino precedido de ataques de grupos armados organizados al margen de la ley perpetrados en el territorio nasa embera chamí en las últimas semanas. El 27 de mayo, ONIC informó de que Pablo Emilio Dagua y Adriana Montero, miembros de la comunidad indígena, habían sido hallados muertos tras registrarse su desaparición el 26 de mayo. Las causas de su muerte y sus presuntos autores siguen sin conocerse, aunque ONIC señaló que los cadáveres presentaban señales evidentes de tortura.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

- instando a las autoridades a llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el ataque contra Gonzalo Hilamo Mesa y los homicidios de Pablo Emilio Dagua y Adriana Montero, y que todos los responsables de estos hechos comparezcan ante la justicia;

- pidiéndoles que proporcionen medidas colectivas de protección efectiva a esta comunidad, en consulta con sus integrantes, y que implementen planes para la prevención y protección de las comunidades indígenas desplazadas, de acuerdo con el Auto 004/2009 de la Corte Constitucional;

- pidiendo a las autoridades que proporcionen asistencia integral culturalmente pertinente para garantizar el derecho a la vida, la salud, el alimento y el cobijo del resguardo nasa embera chamí de La Delfina, Buenaventura.

Envíen llamamientos antes del 23 de julio de 2018 a: 

Presidente

Los pueblos indígenas ubicados en el resguardo de La Delfina se trasladaron desde el norte del Cauca al distrito de Buenaventura en 1952 en busca de tierras adecuadas para la agricultura, y para huir de la violencia en sus territorios. En 2007 se constituyó oficialmente el resguardo, llamado Resguardo Indígena Nasa Embera Chamí La Delfina / Cabildo Indígena de la Comunidad Nasa Kiwe. El resguardo ocupa un área de 2.706 hectáreas. Además, en él se han asentado indígenas de los grupos nasa kiwe y embera chamí desplazados desde toda la zona del Pacífico.

Los miembros de esta comunidad participaron asimismo activamente durante la huelga civil de Buenaventura de 2017: Amnistía Internacional informó de disturbios en este sector y destacó el uso excesivo de la fuerza por parte del ejército y la policía (AMR 23/6325/2017).

Los disturbios civiles de Buenaventura —zona poblada principalmente por comunidades afrocolombianas e indígenas— han sido generados por dos cuestiones principales: desde hace mucho, el Estado ha abandonado sistemáticamente la ciudad (por lo que un 80% de la población vive en la pobreza, y hay una falta generalizada de acceso a derechos humanos fundamentales), y hay unos altos índices de violencia causados por la presencia de varios actores rivales (narcotraficantes, bandas delictivas y otros grupos armados, incluidos guerrilleros).

El desplazamiento forzado es una de las violaciones de derechos humanos más graves cometidas en el contexto del conflicto armado. Según cifras oficiales, publicadas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), la cifra total de víctimas registradas del conflicto es de 8.532.636, de las que 7.265.072 son víctimas de desplazamiento forzado.

En 2004, la Corte Constitucional declaró un “Estado de Cosas Inconstitucional” (ECI), en el que citaba las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos fundamentales de las personas desplazadas en el país y la débil respuesta institucional respecto a la atención y la reparación integral a las víctimas de desplazamiento forzado (http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-025-04.htm). Sin embargo, 13 años después, la situación no parece haber cambiado. Al contrario, apenas se ha avanzado respecto a las respuestas institucionales, a pesar de la dramática situación en la que se encuentran personas y comunidades cuando abandonan sus tierras para huir del conflicto armado.

La Corte Constitucional ha reconocido repetidamente las consecuencias especiales del desplazamiento forzado de los pueblos indígenas y los factores que intensifican su victimización. El desplazamiento forzado afecta no sólo a la integridad física y la libertad de circulación de estos pueblos indígenas, sino que amenaza también sus costumbres y su supervivencia cultural.

Índice: AMR 23/8572/2018