“Las personas que valientemente defienden los derechos humanos en Guatemala están siendo asesinadas con una regularidad terrible. Las autoridades deben emprender acciones urgentes para proteger a estas personas frente a estos ataques brutales y calculados antes de que se pierdan más vidas”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Las autoridades guatemaltecas deben tomar medidas inmediatas y efectivas para proteger a las personas que defienden los derechos humanos y deben iniciar investigaciones exhaustivas, imparciales e independientes sobre todos los ataques de los que son objeto estas personas. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, tras el homicidio de siete defensores de los derechos humanos en el transcurso de un mes.

“Las personas que valientemente defienden los derechos humanos en Guatemala están siendo asesinadas con una regularidad terrible. Las autoridades deben emprender acciones urgentes para proteger a estas personas frente a estos ataques brutales y calculados antes de que se pierdan más vidas”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“En lugar de estigmatizar e insultar a quienes dedican su vida a la defensa de su tierra y del medio ambiente, las autoridades deben reconocer públicamente la importancia de la labor que realizan estas personas y garantizar que los responsables de los ataques contra ellas comparezcan ante la justicia.”

Las siete personas asesinadas en las últimas cuatro semanas se involucraban en la defensa de la tierra, el territorio o el medio ambiente de sus comunidades, y eran miembros del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) o del Comité Campesino del Altiplano (CCDA).

La oleada de ataques comenzó el 9 de mayo, cuando el coordinador del CODECA Luis Arturo Marroquín, de 47 años, murió por los disparos de atacantes no identificados en San Luis Jilotepeque. Al día siguiente, José Can Xol, miembro del CCDA de 37 años, murió también por los disparos de atacantes no identificados en Choctún Basilá, municipio de Cobán.

El 13 de mayo, Mateo Chamám Paau, de 31 años, y asimismo miembro del CCDA, fue hallado muerto en San Juan Tres Ríos, que también forma parte de  Cobán. Anteriormente había recibido amenazas a causa de su activismo. Posteriormente, el 30 de mayo, dos hombres atacaron a Ramón Choc Sacrab, líder indígena q’echí y líder regional del CCDA en Ixloq San Pedrito, Cobán. Murió dos días después por las heridas sufridas en la garganta y la cara.

El 4 de junio, los líderes comunitarios del CODECA Florencio Pérez Nájera, de 42 años, y Alejandro Hernández García, de 40, fueron hallados muertos en la región meridional de Jutiapa poco después de asistir a una reunión de la comunidad. Sus cadáveres presentaban heridas de machete. Cuatro días después, Francisco Munguia, otro líder comunitario del CODECA de 68 años de edad, fue asesinado también a machetazos en la región guatemalteca de Jalapa.

Hasta el momento no se ha detenido ni acusado a nadie en relación con estas muertes, que han tenido lugar en un contexto de violencia extrema que incluye amenazas, ataques y campañas de difamación para demonizar quienes defienden los derechos humanos. En las últimas semanas, el presidente Jimmy Morales se ha referido al CODECA utilizando un lenguaje estigmatizador y difamatorio, y ha contribuido así a la atmósfera de hostilidad y violencia contra sus miembros.

La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA), una organización no gubernamental, documentó 493 ataques contra personas defensoras de los derechos humanos en 2017, y este año ha habido ya 12 homicidios. Quienes trabajan sobre los derechos relativos a la tierra, el territorio y el medio ambiente son las víctimas más frecuentes de los ataques.

Amnistía Internacional pide a las autoridades guatemaltecas que implementen de inmediato medidas efectivas para proteger a los integrantes del CODECA y el CCDA, en consulta con las propias personas afectadas y de acuerdo con sus deseos de, para garantizar que éstas pueden continuar con su labor de defensa de los derechos humanos sin peligro y sin temor a represalias.

Las autoridades deben llevar a cabo prontamente investigaciones exhaustivas, independientes, imparciales y efectivas sobre todos los ataques contra los defensores y las defensoras de los derechos humanos en el país. Las investigaciones deben establecer si los ataques fueron relacionados con su labor de derechos humanos, como se estableció en el recientemente aprobado Protocolo de Investigación de Delitos Cometidos contra Defensoras y Defensores de Derechos Humanos.

Las autoridades deben condenar asimismo la oleada de homicidios, reconocer públicamente la importancia y la legitimidad del trabajo de las personas que defienden los derechos humanos, y dejar de utilizar un lenguaje insultante, estigmatizador o discriminatorio contra ellas.

Más información:

Guatemala: Otros dos defensores de la tierra asesinados (campañas, 7 de junio de 2018)

Guatemala: Amenazas y ataques contra quienes defienden el derecho a la tierra (campañas, 1 de junio de 2018)

Guatemala: Tres defensores de la tierra asesinados, otras personas en peligro (campañas, 14 de mayo de 2018)

Américas: “Defendemos la tierra con nuestra sangre”: Personas defensoras del territorio y del ambiente en Honduras y Guatemala (investigación, 1 de junio de 2016)