Amnistía Internacional insta al Secretario General a priorizar la agenda de derechos humanos en la organización, y ante graves violaciones de derechos humanos a reaccionar de forma efectiva de acuerdo a su mandato

Amnistía Internacional saluda la realización de la XLVIII Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) como un encuentro regional que promueve el diálogo entre los diversos Estados del continente americano. En el marco de su 70° aniversario, la OEA ha invitado a reflexionar sobre su contribución futura en el avance global de sus cuatro pilares: derechos humanos, democracia, desarrollo integral y seguridad multidimensional. En ese sentido, para Amnistía Internacional es indispensable que los derechos humanos sean ejes transversales en todo el actuar de la OEA, sobre todo teniendo en consideración la interdependencia que estos guardan con los otros pilares de la organización.

También para Amnistía Internacional es prioritario que los derechos humanos sean retomados en el desarrollo de las políticas públicas estatales en las Américas para el abordaje integral de las situaciones de mayor preocupación del continente. Al respecto, en el hemisferio americano continúan latentes brechas sociales, económicas, y de participación; con fuertes retos en materia de acceso a la justicia, impunidad, y goce y disfrute de derechos humanos. Así, las Américas continúan siendo la región más desigual y violenta del mundo.

Los esfuerzos de los Estados, centrados en las últimas décadas en la agenda del desarrollo económico, no han logrado atender los graves desafíos en el disfrute de los derechos humanos para millones de personas, y además han profundizado y perpetuado la histórica discriminación y desigualdad en el continente, exacerbada además por los altos niveles de violencia.

Muchos Estados de la región continúan recurriendo a tácticas represivas a través del uso indebido de la fuerza pública y del sistema de justicia, para silenciar la disidencia y la crítica, permitiendo la impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos. Además, los contextos de desigualdad, pobreza y discriminación son muchas veces sostenidos por la corrupción y por la falta de rendición de cuentas. Estas condiciones hacen que un elevadísimo número de personas huya de sus hogares en busca de condiciones de vida dignas. Muchas de ellas sufren nuevos abusos al emprender el viaje o al llegar a otros países de la región.

Ante este contexto, la organización hace un llamado a los Estados para que en la declaración final de la Asamblea General se incluyan compromisos firmes que garanticen la protección de los derechos humanos de todas las personas, sin distinción alguna. Estos compromisos, naturalmente, deberán ser traducidos en acciones y políticas de inmediata implementación en las Américas. 

Asimismo, Amnistía Internacional desea aprovechar la oportunidad de este encuentro regional para reiterar ante los Estados miembros y el Secretario de General de la OEA consideraciones sobre algunas de las situaciones urgentes de los derechos humanos en el hemisferio, a saber: 

La retórica y las políticas regresivas en materia de derechos humanos y sus efectos en las Américas

Millones de personas en toda la región afrontan una crisis de derechos humanos agravada por retrocesos en la protección de los derechos humanos en legislaciones, políticas y prácticas. Asimismo, el uso creciente de una retórica regresiva y divisoria empleada por autoridades del más alto nivel, genera un ambiente propicio para graves abusos y violaciones de derechos humanos. 

En los Estados Unidos, la administración del presidente Trump ha puesto de manifiesto su retórica anti derechos, a favor de la discriminación y la xenofobia; la misma que se ha puesto en evidencia con la adopción de políticas y acciones tendientes a la eliminación de protecciones a los derechos humanos de millones de personas. Recientemente, la cancelación de programas humanitarios como el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que permitían a nacionales de Honduras, El Salvador, Haití y Nicaragua una permanencia con documentación para trabajar legalmente así como la terminación de la Acción Diferida para la Llegada de la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) que pone en peligro los permisos temporales de trabajo de 700,000 inmigrantes jóvenes, no sólo tienen efectos nocivos, pero además representan fuertes retrocesos en materia de derechos humanos, migración y refugio. 

Asimismo, Amnistía Internacional ha señalado de forma reiterada la grave crisis de derechos humanos que atraviesa Venezuela. Esta situación ha llevado a miles de personas a salir del país para garantizar sus derechos más básicos, como la salud y la alimentación. A pesar de que las cifras más conservadoras señalan que al menos un millón y medio de personas han abandonado el país por esta causa, el Presidente Nicolás Maduro se niega a aceptar la crisis de derechos humanos, la salida masiva de personas y por tanto a tomar medidas que pongan fin a esta situación. Esta salida de emergencia, como ha sido denominada por Amnistía Internacional, expone a las y los venezolanos a múltiples riesgos, como las deportaciones masivas ocurridas recientemente en Trinidad y Tobago, el limitado acceso a la salud en países como Colombia, o el endurecimiento de los sistemas de asilo y leyes migratorias como en el caso chileno.

Por otra parte, la aplicación de la mal llamada “ideología de género”, ha representado un grave retroceso en materia de derechos humanos, que contradice las obligaciones internacionales de los países de la región. Prueba de lo anterior es que el Estado paraguayo, en una resolución de octubre de 2017, prohibió la difusión y utilización de materiales referentes a la igualdad y no discriminación porque el Ministerio de Educación lo consideró contrario a los valores tradicionales de la familia. De igual forma, ante un pedido de un grupo de "padres de familia", la Corte Superior de Justicia de Lima ha declarado nulo el Currículo Nacional escolar, solo en lo correspondiente al Enfoque de Igualdad de Género.^[1]

Personas defensoras de derechos humanos

Honduras continúa siendo uno de los países más peligrosos de la región para quienes defienden los derechos humanos, especialmente para quienes trabajaban en la protección de derechos relativos a la tierra, el territorio y el medio ambiente. En el caso del asesinato de la renombrada defensora de derechos humanos Berta Cáceres, cometido en marzo de 2016, el Ministerio Público ha detenido preventivamente a nueve personas, algunas de ellas relacionadas con el ejército hondureño y con Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), empresa que construye la presa contra la que luchaba Berta. Es de señalar que, el juicio, inicialmente planeado para junio de este año, ha sido postergado. La falta de justicia en este caso continúa enviando un mensaje desalentador que los y las defensoras de los derechos humanos pueden ser asesinados, y que no habrán consecuencias. 

De igual forma, en Guatemala, Perú y Paraguay, las personas defensoras de derechos humanos, especialmente aquellas que ejercen su trabajo en relación con el acceso a la tierra y los derechos al territorio y al medio ambiente, sufren de manera constante actos de difamación, intimidación, amenazas y ataques, sin que sean investigados apropiadamente. Y, además, con frecuencia, se hace un uso indebido del sistema de justicia para atacar, hostigar y silenciar a quienes defienden los derechos humanos.

En Paraguay y Perú, Amnistía Internacional ha podido constatar la existencia de un patrón o receta para acallar a las y los defensores que consta de tres ingredientes básicos: la estigmatización que a través de declaraciones públicas (inclusive por parte de las autoridades) y artículos en la prensa que asimilan a las personas defensoras con criminales y “enemigas” del desarrollo; la aplicación arbitraria de distintas normas para desalojar forzosamente a pueblos indígenas o comunidades campesinas que se oponen a proyectos de exploración y explotación de recursos naturales y que reclaman su derecho al territorio, al medio ambiente y aquellos vinculados a la tierra, y; la apertura de expedientes judiciales infundados en contra de los líderes y lideresas. No obstante, el uso indebido del sistema judicial no sólo se limita a Guatemala, Perú o Paraguay. Así, en países como Chile, el caso de la machi Francisca Linconao, lideresa indígena, recientemente fue absuelta por una tercera vez por los tribunales chilenos, nos demuestra cómo el uso indebido de la legislación penal y el sistema de justicia puede atentar contra la labor de las personas defensoras de derechos humanos.

De igual modo, en Colombia, el incremento de ataques contra defensoras y defensores, especialmente lideresas y líderes comunitarios, defensores y defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente, y personas que hacen campaña en favor del proceso de paz, es sumamente preocupante. Así, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, más de 100 defensores y defensoras de los derechos humanos fueron víctimas de homicidio en el curso de 2017. Esto se suma a las amenazas de muerte que son atribuibles a grupos paramilitares. En la mayoría de los casos las autoridades no han podido identificar a los responsables de las muertes ni de las amenazas. En lo que va de 2018 se han reportado más de 40 personas defensoras asesinadas. Comunidades afrodescendientes y Pueblos Indígena en el Chocó, Catatumbo y Cauca continúan bajo amenaza de ataques armados sin que el Estado avance en mecanismos de protección colectiva.

En otro orden, el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, en el marco de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), firmado en marzo de este año, representa una oportunidad importante para garantizar un entorno seguro y propicio para que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. En ese sentido, es importante que los Estados de la región se comprometan a ratificar prontamente dicho instrumento, y muestren así su compromiso con la labor de defensa y protección de aquellas personas que trabajan a favor de la tierra, el territorio y el medio ambiente.

Situaciones de especial preocupación en la región americana

En las Américas la extrema violencia, el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, el uso indebido del sistema de justicia, la falta de garantías propias del debido proceso y la impunidad han demostrado ser una receta exitosa para acallar las voces de quienes exigen la rendición de cuentas de sus gobiernos. En ese sentido, Amnistía Internacional urge a los Estados del continente americano a articular esfuerzos para priorizar la agenda de derechos humanos a fin de que las personas en el hemisferio americano puedan vivir un ambiente de goce y disfrute de derechos.

Amnistía Internacional hace un llamado sobre tres situaciones críticas que requieren una atención inmediata de la OEA, dada la severidad y rapidez en la escalada de violaciones a los derechos humanos:

1. Nicaragua

Durante los últimos años los síntomas de deterioro de la situación de derechos humanos han sido cada vez más visible en este país centroamericano. Los recientes sucesos de abril y mayo, donde miles de personas salieron a manifestarse en el contexto de una reforma al sistema de seguridad social, han puesto de manifiesto una estrategia gubernamental de represión, que ha dejado un saldo de más de 70 personas fallecidas, algunas como consecuencia de posibles ejecuciones extrajudiciales. Además cientos de personas han sido heridas, decenas detenidas de manera arbitraria y se han reportado múltiples intentos de acoso y censura contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Para Amnistía Internacional, las autoridades nicaragüenses están llevando a cabo una estrategia represiva, en ocasiones intencionalmente letal, que tiene la finalidad de castigar las voces disidentes, desincentivar la continuidad de la crítica ciudadana y encubrir las violaciones de derechos humanos cometidas y los crímenes de derecho internacional. Los elementos de dicha estrategia represiva se evidencian a las claras a través de un discurso oficial tendiente a negar la realidad y a estigmatizar a la población que se manifiesta como contraria a las políticas del gobierno; el intento de controlar la prensa; la utilización de grupos paraestatales armados; el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y cuerpos antimotines; los fuertes indicios de ejecuciones extrajudiciales; las irregularidades en la investigación de los crímenes y violaciones de derechos humanos; y la negación de asistencia médica a las personas heridas en el contexto de las protestas.

Al respecto, es imperativo que la OEA y los Estados Americanos se involucren activamente en respuestas de inmediata ejecución. La adaptación de mecanismos de carácter especial y excepcional, tales como comisiones especiales de investigación, a condición de que sean verdaderamente independientes, que busquen garantizar indagatorias exhaustivas y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables (materiales e intelectuales), podría dar respuestas claras a los reclamos de justicia, no repetición y reparación. En ese sentido, la OEA y los Estados del continente tienen en sus manos una oportunidad de comprometerse a favor las víctimas de graves violaciones a derechos humanos.

2. Honduras

Pese a que la tasa de homicidios disminuyó en Honduras, Amnistía Internacional expresa su profunda preocupación por los altos niveles de violencia e inseguridad. La impunidad imperante debilitaba la confianza pública en las autoridades y en el sistema de justicia. En el último tiempo, en todo el país hubo protestas multitudinarias para denunciar la falta de transparencia en torno a las elecciones presidenciales de noviembre. Las fuerzas de seguridad desplegaron diversas tácticas para reprimir estas movilizaciones y disuadir a las personas de ejercer su derecho de protestar pacíficamente, incluyendo la fuerza excesiva y letal. Más de 30 personas fueron muertas en este contexto, de las cuales en siete casos hay serios indicios de que podrían tratarse de ejecuciones extrajudiciales. Además, decenas de personas fueron golpeadas e intimidadas al momento de su arresto y privadas de libertad por varios días o meses en detención preventiva.

Amnistía Internacional insta a la OEA y a la comunidad de los Estados Parte de la organización a brindar respuestas inmediatas. Además de las detenciones y el uso excesivo de la fuerza, a la organización le preocupa las alegaciones de violaciones al debido proceso. En ese sentido, Amnistía Internacional urge a la OEA que a través de su cooperación técnica fortalezca las instituciones nacionales encargadas de la procuración de justicia a fin que las investigaciones de alegadas violaciones a derechos humanos sean realizadas de forma efectiva e imparcial, aplicando los estándares internacionales propios de las normas del debido proceso. Asimismo, hace un llamado los Estados de la región a mantenerse vigilantes sobre la situación de derechos humanos en Honduras y actuar de forma expedita ante posibles alegaciones de violaciones de derechos humanos.

1. Venezuela

Venezuela atraviesa desde hace varios años una grave crisis con violaciones masivas a derechos humanos. Amnistía Internacional ha denunciado la práctica recurrente de detenciones arbitrarias por motivos políticos, la sujeción de personas civiles a la competencia de tribunales militares y el deterioro de los derechos civiles en este país. Asimismo, ha llamado al Estado venezolano a liberar a los presos de conciencia que tiene injustamente privados de libertad. Venezuela está registrando niveles de regresión en materia de derechos humanos alarmantes, donde una de las consecuencias más notables ha sido el drástico aumento del número de personas que están huyendo hacia otros países de la región, a fin de garantizar sus derechos más básicos como salud y alimentación.

Es de señalar que estas personas que huyen de Venezuela son susceptibles de protección internacional de acuerdo a la Declaración de Cartagena sobre Refugiados. Esta declaración, amplía la definición tradicional de refugiado, entendida como aquella persona que ha huido de su país por temor a persecución en base a su raza, religión, opinión política, nacionalidad o grupo social, y considera refugiadas también a aquellas personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público

Amnistía exhorta a los Estados a hacer efectivo en el menor tiempo posible los compromisos adquiridos de la Declaración de Cartagena para garantizar que quienes salgan de Venezuela cuenten con soluciones duraderas y efectivas de permanencia en los países del hemisferio. Para la organización, los Estados de las Américas están llamados a cumplir con su obligación compartida de garantizar los derechos humanos en todo el continente. Por otro lado, es imprescindible que la región americana retome las preocupaciones en materia de derechos humanos, y enfoque toda su atención en exigir el respeto y las garantías de estos derechos, dejando de lado tintes políticos o ideológicos que puedan interferir en la protección de las personas en Venezuela.

A 70 años de la OEA: Desafíos y Oportunidades

La Organización de los Estados Americanos, como el organismo multilateral de las Américas, representa un aliado fundamental en la promoción y defensa de los derechos humanos en este continente. En ese sentido, es imperativo que la OEA sea un organismo eficaz capaz de responder integralmente ante los retrocesos en materia de derechos humanos que atraviesa la región.

Al respecto, Amnistía Internacional insta al Secretario General a priorizar la agenda de derechos humanos en la organización, y ante graves violaciones de derechos humanos a reaccionar de forma efectiva de acuerdo a su mandato. Los recientes acontecimientos en Honduras y Nicaragua, han puesto a prueba la respuesta rápida y eficaz de los Estados de la región por cumplir con su responsabilidad compartida de garantizar los derechos humanos de todas las personas sin distinción. En ese sentido, es fundamental que la OEA juegue un papel protagónico y unificador de las posiciones de los Estados miembros para hacer frente a los grandes desafíos continentales.

Por otra parte, Amnistía Internacional reconoce el invaluable, aporte del sistema interamericano de derechos humanos en las Américas, el cual para muchas víctimas de graves violaciones a derechos humanos ha constituido la última esperanza para la restitución de sus derechos En ese sentido, Amnistía Internacional insta a la OEA a privilegiar dentro de su presupuesto la duplicación de los recursos del fondo regular a la Comisión Interamericana, tal como estableció la resolución de la Asamblea General sobre derechos humanos del 2017.^[2] Asimismo, la organización hace un firme llamado a los Estados miembros de la OEA a fin de traducir los compromisos de dicha resolución en acciones concretas para hacer efectiva en el corto plazo la dicha duplicación de presupuesto.

Por último, Amnistía Internacional urge a la OEA a garantizar la participación efectiva de la sociedad civil hemisférica en los espacios políticos de la organización. Al respecto, Amnistía Internacional lamenta que en las recientes Asambleas Generales y Cumbres de las Américas se hayan presentado distintos retos para garantizar la plena participación de la sociedad civil, tales como, la falta de un calendario que permita establecer con antelación los plazos y mecanismos con que cuenta la sociedad civil para inscribirse y obtener respuestas de su pedido de participación; la carencia de metodologías con la debida antelación que permita indicar la modalidad de participación, así como los espacios seguros y adecuados para que personas defensoras de derechos humanos hagan sus aportaciones. La organización insta a la OEA a establecer: plazos claros para la participación y su respuesta; una metodología precisa sobre la modalidad participación; y normas de participación que garanticen la no violencia y la participación efectiva, incluida en esta la rendición de cuentas de los Estados.