Para la gente de Irlanda verdaderamente preocupada por la salud de las mujeres, la propuesta del gobierno de acceso al aborto “a petición” en las primeras etapas del embarazo es muy importante, no sólo en sí misma para respetar la autonomía de las mujeres, sino también para complementar el motivo de la salud

Soy abogada especializada en derecho internacional de los derechos humanos, con dos decenios de experiencia de ámbito mundial en el campo de los derechos sexuales y reproductivos, entre otras cosas como consultora para la Organización Mundial de la Salud y otros organismos de la ONU. Suelo trabajar en países con leyes sobre el aborto restrictivas, como Irlanda. Considero que la prohibición casi total del aborto de Irlanda figura entre las peores. Sólo si el embarazo de la mujer puede matarla cabe interrumpirlo, debido a la Octava Enmienda de la Constitución, introducida en 1983.

En 2014 había vuelto a Irlanda y estaba haciendo trabajo de investigación para Amnistía Internacional. Hablando con mujeres de sus experiencias, así como con profesionales de la salud acerca de sus frustraciones, fue la primera vez que ahondé en el problema hasta comprender la dureza y la crueldad de la Octava Enmienda. Todavía recuerdo lo que dijeron las mujeres.

En mi informe para Amnistía, ‘She is not a criminal’ (“No es una delincuente”), publicado en junio de 2015, llegué a la conclusión de que los derechos humanos de las mujeres se violan gravemente de múltiples formas. Al dirigirme en junio de 2015 a la Comisión Conjunta de Salud del Oireachtas (el Parlamento irlandés) en relación con el informe de Amnistía, vi la creciente intolerancia política de este sufrimiento.

He elogiado a este gobierno por tomar medidas decisivas. La Asamblea Ciudadana hizo excelentes propuestas el año pasado. Cuando ese proceso pasó a la Comisión Conjunta del Oireachtas sobre la Octava Enmienda en otoño del año pasado fui invitada en calidad de testigo pericial. Vi de primera mano la compasión y la preocupación de sus miembros por las mujeres y su atención a los hechos y los datos. Las mujeres miembros de la Comisión eran especialmente críticas en esto y defendían con firmeza la igualdad.

Estuve otra vez en Dublín hace poco para hablar en una conferencia sobre “los derechos humanos durante el parto”, precisamente otro aspecto de la reproducción en el que la Octava Enmienda limita los derechos de las mujeres. Fue increíble ver alzar los carteles del referéndum: la explosión de un sentimiento de justicia. Ahora, por fin los derechos de las mujeres están otra vez en manos del pueblo. Me preocupa, no obstante, que los votantes no tengan los datos que tenían la Asamblea Ciudadana y la Comisión del Oireachtas. Así que me gustaría ofrecer algunos de mi experiencia.

Cuando estaba realizando mi investigación acaba de promulgarse la Ley de Protección de la Vida durante el Embarazo de 2013, a pesar de la fuerte oposición de los grupos antiabortistas. Todavía hoy parece pasarles desapercibido a los medios de comunicación y a la opinión pública que esta ley no permite la interrupción ni siquiera cuando el embarazo comporta daños graves, irreparables o duraderos para la salud de la mujer. Es porque a la Octava Enmienda no le importa para nada la salud de la mujer (ni, de hecho, si ha sido violada o le han diagnosticado una malformación grave del feto).

Lo cierto es que continuar embarazada –no sólo tener un problema de salud– puede perjudicar la salud de la mujer. El aborto puede ser el tratamiento médico necesario para proteger su salud. Es práctica médica normal en toda Europa que la interrupción sea una de la opciones con que cuentan los profesionales de la salud para gestionar los embarazos de alto riesgo. Pero en Irlanda, debido a la Octava Enmienda, no sólo está prohibida en esta situación, sino que también es un delito por el que la mujer y el profesional de la salud pueden ser condenados a 14 años de prisión.

Por tanto, las mujeres se ven obligadas a viajar a otros países para que les practiquen un aborto a fin proteger su salud. En el caso de algunos problemas graves o complejos de salud, viajar es imposible o demasiado arriesgado, y tomar medicación para abortar (ilegalmente), demasiado precario. Así que las mujeres se enfrentan a la terrible perspectiva de saber que no tienen más opción que continuar con el embarazo, por devastadores que sean los efectos para su salud y para sus familias.

Una de las muchas tragedias que han dado lugar a este referéndum fue la muerte de Savita Halappanavar en octubre de 2012. Conmocionó al mundo entero. Pocas personas fuera de Irlanda comprendían lo peligrosa que era la Octava Enmienda para las mujeres embarazadas. Pero el esposo de Savita se aseguró de que se contara su caso. Al final, la investigación que realizó el Servicio de Salud Irlandés bajo la dirección de una persona independiente determinó que la Octava Enmienda había sido una de las razones de su muerte.

La sencilla y terrible verdad es que, si en la legislación irlandesa sobre el aborto hubiera existido entonces el motivo del riesgo para la salud y se hubiera aplicado, Savita no habría muerto. En el momento en que estaba sufriendo un aborto espontáneo y era evidente que su salud corría peligro, al haber pedido un aborto lo habría tenido.

Esto es lo que los grupos antiabortistas tratan de tapar con su carteles para el referéndum de fetos de seis meses. La disponibilidad del aborto hasta la “viabilidad” propuesta por el gobierno se aplicaría sólo cuando la salud de la mujer corriera riesgo de “daño grave” (o el feto tuviera una “afección fatal”). Además, los abortos en estas circunstancias son por lo general de embarazos muy deseados, y se hace todo lo posible para salvar la salud de la mujer y el embarazo. De hecho, es un motivo de salud muy restringido en comparación con la mayoría de los demás países de Europa, incluida Inglaterra.

Para la gente de Irlanda verdaderamente preocupada por la salud de las mujeres, la propuesta del gobierno de acceso al aborto “a petición” en las primeras etapas del embarazo es muy importante, no sólo en sí misma para respetar la autonomía de las mujeres, sino también para complementar el motivo de la salud. En este periodo de 12 semanas propuesto podrían evitarse pronto algunos posibles riesgos para la salud relacionados con el embarazo, sin llegar al umbral de “daño grave”.

En definitiva, seguramente la medida del éxito de los servicios de salud es hasta qué punto protegen la salud de las mujeres. La atención de la salud dirigida sólo a prevenir su muerte sugiere que los cuerpos de las mujeres sólo importan en relación con su función reproductiva a toda costa. Ésta no es la Irlanda que conozco.

Por otro lado, situar la salud y los derechos de las mujeres en el centro de sus servicios de salud no supone hacer caso omiso del interés del feto. La vida prenatal puede protegerse garantizando la seguridad en el parto, reduciendo las emergencias obstétricas de embarazos deseados y promoviendo los resultados del parto sanos y previniendo los embarazos no deseados. Pero la vida prenatal puede también protegerse mediante la regulación del aborto, en la medida en que esa regulación sea de base empírica y coherente con los derechos de las mujeres. Esto es lo que el modelo de reforma jurídica que se presenta en Irlanda lograría: respetar los derechos de las mujeres y proteger el bienestar el feto.

La victoria del sí el viernes transmitiría a las mujeres de Irlanda el poderoso mensaje de que su salud, la igualdad y los derechos humanos se valoran. También permitiría a millones de mujeres de todo el mundo abrigar la esperanza de que el cambio es posible también en sus países.

Este artículo se publicó por primera vez aquí

Christina Zampas, ex asesora jurídica principal de Amnistía Internacional, es consultora independiente y profesora de derecho de salud sexual del Programa Internacional de Derecho de Salud Sexual y Reproductiva de la Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto.