Manuel Gaspar Rodríguez fue hallado muerto con profundas heridas de arma blanca en la zona del corazón y el hombro en un motel local a las afueras de Cuetzalan, estado de Puebla, la mañana del 14 de mayo. Era miembro del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, y formaba parte de una coalición de movimientos sociales que se opone a proyectos energéticos, concesiones mineras y la construcción de una conducción eléctrica de alto voltaje en la región montañosa del norte del estado de Puebla.

Unos colegas de otra coalición de la que formaba parte Manuel Rodríguez, el Movimiento Independiente, Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP), informaron de que lo habían visto por última vez el 13 de mayo. Dos miembros de MIOCUP dijeron a Amnistía Internacional que estuvieron con él en las oficinas de la coalición hasta bien entrada la noche y que, hacia las doce y media, uno de ellos lo vio lavando platos, antes de que se fueran a la cama en los dormitorios de la oficina. La autopsia sitúa la muerte de Manuel Rodríguez entre la una y las dos de la madrugada del 14 de mayo, y establece como causa del fallecimiento una hemorragia masiva por tres profundas heridas de arma blanca. Además, Manuel Rodríguez tenía heridas causadas por un objeto punzante y caliente en el hombro izquierdo, así como señales en la cara, que sugerían otras formas posibles de violencia. Sigue sin saberse quiénes fueron los autores. La Fiscalía General del estado de Puebla ha abierto una investigación sobre su muerte, pero ha impedido irregularmente a sus abogados el acceso al expediente, y aún no está claro si las líneas de investigación incluyen el trabajo del fallecido como defensor de los derechos humanos.

La Procuraduría General de la República (PGR) había abierto recientemente una investigación penal contra Manuel Gaspar Rodríguez y otros siete activistas y defensores y defensoras de MIOCUP y de la Unión de Cooperativas Tosepan por su participación en una sentada pacífica cerca del lugar propuesto para la conducción eléctrica a las afueras de Cuetzalan a finales de 2016 y en 2017. La Comisión Federal de Electricidad, responsable de la conducción eléctrica, presentó una denuncia penal contra los defensores y defensoras en enero de 2017. Los acusaba de obstaculizar una obra pública, acto punible con hasta un año de prisión.

Escriban inmediatamente en español o en su propio idioma:

- pidiendo al fiscal general del estado que garantice una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva sobre la muerte de Manuel Gaspar Rodríguez, que se asegure de que el trabajo del fallecido como defensor de los derechos humanos forma parte de las líneas de investigación y que permita a sus abogados pleno acceso al expediente;

- pidiendo a las autoridades que garanticen la seguridad de los miembros de MIOCUP y del colectivo Tosepan y que investiguen todo ataque contra ellos;

- pidiendo al alcalde de Cuetzalan que reconozca de manera urgente y pública la legitimidad de la labor de los defensores y defensoras de los derechos humanos medioambientales en la región, y que se abstengan de socavar su trabajo ni en público ni en privado.

Envíen llamamientos antes del 29 de junio de 2018 a:

La región montañosa del norte de Puebla ha sido escenario de una creciente violencia en los últimos años, y los activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos medioambientales han registrado un incremento de los ataques y la intimidación en su contra. Además, la violencia y la actividad delictiva en la región que rodea Cuetzalan han ido en aumento.

Este es el segundo miembro de MIOCUP asesinado en los últimos años. El 4 de junio de 2014, el activista medioambiental y miembro de MIOCUP Antonio Esteban fue asesinado también en Cuetzalan. Más recientemente, en abril de 2018, la policía judicial detuvo a otro miembro de MIOCUP —uno de los acusados en la denuncia penal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)— a las afueras de la capital de Puebla, y lo acusó de alterar ilegalmente la matrícula de su vehículo. El activista permaneció recluido bajo custodia estatal durante horas y fue puesto en libertad cuando se verificó que todos sus datos eran correctos.

La Unión de Cooperativas Tosepan incluye a más de 34.000 miembros en la región, que trabajan juntos por la producción sostenible de café y miel, los derechos medioambientales, el comercio justo y el establecimiento de precios justos para las cosechas, así como el suministro de servicios básicos como agua potable y alcantarillado. El 20 de enero, unos atacantes no identificados incendiaron parcialmente las oficinas de Tosepan, según la información proporcionada a Amnistía Internacional. Los miembros de Tosepan dijeron a Amnistía Internacional que unos atacantes no identificados habían disparado a uno de sus miembros el 4 de marzo cuando viajaban en su automóvil. El 7 de marzo, a otro miembro de Tosepan lo siguió un automóvil desconocido cuando se dirigía a su casa. La denuncia penal presentada por la CFE estaba dirigida originalmente contra cuatro miembros de Tosepan pero, el 20 de mayo, la Procuraduría General de la República (PGR) incluyó en la investigación penal a un quinto miembro.

Tanto los miembros de MIOCUP como los de Tosepan han continuado con su trabajo y sus protestas públicas pese a los graves peligros a los que se enfrentan. El 12 de mayo, dos días antes de su muerte, Manuel Gaspar Rodríguez participó en un foro público en Chignautla, Puebla, en el que habló públicamente contra la mina de Autlán, en el municipio de Teziutlán, un proyecto que actualmente está en funcionamiento con planes de expansión y exploración adicional. Los miembros de MIOCUP también han trabajado recientemente, de forma activa y con éxito, para que se cerrara un vertedero local. Los miembros de Tosepan han organizado conferencias de prensa y protestas públicas en los últimos meses, pese a los ataques y los cargos penales a los que se enfrentan.

Muchos de los activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos de Tosepan y MIOCUP pertenecen a pueblos indígenas. Manuel Gaspar Rodríguez pertenecía al pueblo indígena náhuatl. Dos de los miembros de Tosepan incluidos en la denuncia penal pertenecen al pueblo indígena macehual.

Índice: AMR 41/8451/2018