“Ahmad Awartani debe quedar en libertad de inmediato y sin condiciones, y deben retirarse todos los cargos en su contra. Es escandaloso ver que las autoridades palestinas recurren a la legislación sobre difamación para impedir la expresión legítima de opiniones políticas", declaró Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África

Las autoridades palestinas deben retirar de inmediato los cargos por difamación contra Ahmad Awartani, ingeniero mecánico de 25 años del pueblo palestino de Anabta, en Cisjordania; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional con antelación a la vista de su causa, prevista para el 15 de mayo.

Ahmad Awartani está recluido en la cárcel de Jericó desde el 21 de abril por cargos de difamación relacionados con un comentario que publicó en Facebook, en el que decía que él y los habitantes de su pueblo de Anabta no prometen lealtad al presidente palestino Mahmud Abás. Desde entonces, un tribunal de Jericó ha ampliado siete días la orden de prisión preventiva contra él en dos ocasiones, la más reciente el 9 de mayo.

“El procesamiento de Ahmad Awartani es el ejemplo más reciente de la utilización de la draconiana legislación sobre difamación que hacen las autoridades palestinas para penalizar la libertad de expresión. Por un inofensivo comentario en Facebook, Ahmad Awartani lleva más de tres semanas en prisión preventiva, lo que demuestra con qué empeño las autoridades están intentando acallar las voces críticas”, ha dicho Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“Ahmad Awartani debe quedar en libertad de inmediato y sin condiciones, y deben retirarse todos los cargos en su contra. Es escandaloso ver que las autoridades palestinas recurren a la legislación sobre difamación para impedir la expresión legítima de opiniones políticas. Deben respetar el derecho a la libertad de expresión de toda la población palestina, incluidas las personas que se expresen públicamente en su contra.”

Según la familia de Ahmad Awartani, el 21 de abril, un miembro de las fuerzas de seguridad preventiva palestinas citó a Ahmad para interrogarlo en la cercana ciudad de Tulkarem, afirmando que el interrogatorio duraría alrededor de una hora. Ese mismo día, dijeron a la familia que Ahmad estaba recluido en la cárcel de Jericó por un comentario que había publicado en Facebook.

Ahmad Awartani había publicado su comentario en Facebook en respuesta a la fotografía de una pancarta publicada en Internet el 4 de abril por un grupo local de Facebook en Anabta, en la que se leía que el pueblo de Anabta “reafirma su lealtad y compromiso” con el presidente Mahmud Abás.

Su abogado contó a Amnistía Internacional que se había interrogado a Ahmad sobre el comentario de Facebook inmediatamente después de su detención, y no ha negado el comentario ni su contenido. Además, según su abogado, interrogaron a Ahmad sobre una conversación que había tenido con un colega sobre el presidente Abás.

Con arreglo al artículo 191 del Código Penal de 1960, la difamación de una institución o un cargo público conlleva penas de entre tres meses y dos años de prisión.

“La difamación no debe ser un delito, y ninguna persona debe ir a prisión o sufrir otras sanciones penales por ello. El Estado de Palestina debe respetar el derecho de todas las personas a expresar abiertamente su opinión sobre asuntos públicos y a criticar al gobierno sin miedo a ser enjuiciadas. Las autoridades deben dejar de encarcelar a críticos y disidentes pacíficos y reformar el Código Penal para proteger la libertad de expresión, que es parte esencial de una sociedad pujante y dinámica”, ha manifestado Magdalena Mughrabi.

Información complementaria

Las autoridades palestinas han intensificado recientemente su campaña de represión de la libertad de expresión deteniendo a periodistas, cerrando sitios web de la oposición y aprobando la restrictiva Ley de Delitos Electrónicos. El Consejo de Ministros aprobó una versión reformada de la ley el 17 de abril pero no se ha hecho pública, lo que suscita la preocupación de que sigan vigentes las disposiciones que permiten restricciones desproporcionadas y arbitrarias del derecho a la libertad de expresión, la privacidad y la protección de datos.