“Expresamos nuestra absoluta solidaridad con Omar Shakir y condenamos enérgicamente la decisión de Israel de revocar su permiso de trabajo y ordenarle que abandone el país. Su expulsión es una alarmante señal más de la creciente intolerancia del país respecto a las voces críticas”, declaró Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África

En respuesta a la decisión tomada por Israel de expulsar a Omar Shakir, director de Human Rights Watch en el país, Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha manifestado:

“Expresamos nuestra absoluta solidaridad con Omar Shakir y condenamos enérgicamente la decisión de Israel de revocar su permiso de trabajo y ordenarle que abandone el país. Su expulsión es una alarmante señal más de la creciente intolerancia del país respecto a las voces críticas”.

“Las autoridades israelíes deben poner fin de inmediato a su constante acoso contra quienes defienden los derechos humanos. Prohibir el acceso a quienes documentan los abusos contra los derechos humanos no ocultará las violaciones masivas de derechos humanos cometidas por Israel en el contexto de más de 50 años de ocupación. Israel debe derogar las leyes que restringen arbitrariamente el trabajo de defensa de los derechos humanos, incluidas las críticas a las violaciones de derechos humanos y a las infracciones del derecho internacional humanitario que el país ha cometido.”

Información complementaria

Human Rights Watch declaró que las autoridades israelíes habían revocado el permiso de trabajo de Omar Shakir basándose en su presunto apoyo a los boicots a Israel, y le habían dado 14 días para salir del país.

La decisión de revocar el permiso de trabajo de Omar Shakir cita una enmienda de 2017 a la Ley de Entrada a Israel que niega la entrada a Israel y los Territorios Palestinos Ocupados a toda persona que apoye o pida un boicot conforme se define en la ley “antiboicot” de 2011. La ley de 2011 convierte en infracción civil pedir un boicot a instituciones o empresas israelíes, incluidas las que operan en asentamientos ilegales en los Territorios Palestinos Ocupados.

Las dos leyes son contrarias a la obligación de Israel de respetar el derecho a la libertad de expresión y a no sufrir discriminación por motivos de opinión política.