Desde al menos 2016, en Puerto Rico se han celebrado manifestaciones periódicas que movilizan a miles de personas de diversos sectores de la sociedad que no están de acuerdo con las medidas de austeridad que están poniendo en peligro los derechos económicos, sociales y culturales de la población portorriqueña. El 1 de mayo de 2018, reconocido como Día Internacional del Trabajo, hubo manifestaciones en varios puntos de la capital, San Juan. Según los manifestantes que hablaron con Amnistía Internacional, la policía nacional los interceptó y les impidió continuar en la esquina de la avenida Ponce de León y Roosevelt. Tras aproximadamente una hora de bloquear marchas, la policía arrojó gas lacrimógeno sin previo aviso y empezó a empujar violentamente a manifestantes y a disparar balas de goma. Según la información publicada por los medios de comunicación y las declaraciones de testigos que hablaron con Amnistía Internacional, aunque un reducido número de manifestantes arrojaron piedras contra la policía, la gran mayoría de las personas que se manifestaban lo hacían pacíficamente.

En las manifestaciones participaron activistas de Amnistía Internacional como parte de su campaña “Protestar no es un crimen”, que promueve la protección de la libertad de expresión y reunión pacíficas en el contexto de las protestas que se están celebrando contra las reformas fiscales. La directora de Amnistía Internacional Puerto Rico, Liza Gallardo, estaba entre quienes se manifestaban pacíficamente. “Estábamos allí para introducir en la marcha el mensaje de la libertad de expresión”, dijo.

Tras las manifestaciones, seis jóvenes llegaron a la oficina de Amnistía Internacional sufriendo los efectos del gas lacrimógeno. La oficina recibió también llamamientos de familiares preocupados que preguntaban si la organización tenía información sobre las personas detenidas. Amnistía Internacional tuvo conocimiento de al menos 11 detenciones breves. “No podía respirar bien [...] Traté de correr pero no veía”, dijo un manifestante que había participado en la marcha con Amnistía Internacional. “[La policía] no hacía más que lanzar gas lacrimógeno.” Otro manifestante que huía de la policía contó a Amnistía Internacional que había encontrado a un adolescente inconsciente y con convulsiones en el suelo. Según dijo, no había ambulancias, así que llevó al adolescente a un lugar seguro.

El 2013, los gobiernos de Estados Unidos y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico firmaron un acuerdo para la reforma sostenible de la policía portorriqueña, que se llevaría a cabo a lo largo de 10 años. La aplicación de la reforma, iniciada tras reiteradas denuncias de violaciones de derechos humanos a manos de la policía, está siendo supervisada por un tribunal federal independiente que tenía observadores presentes en la marcha del 1 de mayo. El 4 de mayo, un juez federal de primera instancia de Estados Unidos ordenó una “evaluación y valoración independiente, seguida de un informe, de las manifestaciones del 1 de mayo”.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

- Pidiendo al gobernador que garantice de inmediato el derecho a la libertad de expresión y de reunión;

- Pidiendo a las autoridades que hagan públicas cuanto antes las conclusiones de la investigación ordenada por el tribunal sobre las manifestaciones del 1 de mayo, y que lleven a los responsables ante la justicia;

- Instando a las autoridades a mantener un diálogo con los actores de la sociedad civil para garantizar que los protocolos policiales y la normativa de orden público cumplen las normas internacionales de derechos humanos.

Envíen llamamientos antes del 15 de junio de 2018 a: 

Puerto Rico sigue enfrentándose a una grave crisis económica a causa de una agobiante deuda externa de más de 70.000 millones de dólares estadounidenses, según cifras de las autoridades.

La Junta de Supervisión y Administración Financiera, establecida por las autoridades estadounidenses en 2016, aplicó varias medidas de austeridad durante 2017. Estas medidas podrían tener consecuencias negativas para los derechos humanos, en especial para el acceso a la atención médica, la vivienda, la educación y el empleo. El 9 de enero de 2017, el experto independiente de la ONU sobre deuda externa y derechos humanos expresó públicamente su preocupación por los efectos adversos que unas nuevas medidas de austeridad tendrían en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. El gobierno de Puerto Rico siguió negándose a llevar a cabo una auditoría exhaustiva de su deuda pese a los llamamientos realizados a ese respecto por las organizaciones locales de la sociedad civil.

En diciembre de ese mismo año, el relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos visitó Puerto Rico. Manifestó su preocupación por la falta de atención prestada a las protecciones sociales en las medidas de austeridad previstas.

Durante las protestas en relación con la crisis fiscal celebradas el 1 de mayo de 2017, Día Internacional del Trabajo, también se denunció uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la policía. La Unión Americana de Libertades Civiles documentó el uso indiscriminado de gas lacrimógeno contra manifestantes sin que se hubieran dado órdenes de dispersión previas, práctica que es contraria al derecho y las normas internacionales. Los observadores recogieron botes que revelaron que se había utilizado gas lacrimógeno caducado. Además, las grabaciones de vídeo mostraban el uso de balas de goma contra manifestantes básicamente pacíficos. Asimismo, se expresó preocupación por que los policías no estaban debidamente identificados durante las protestas, y por que hubo policías de incógnito que se infiltraron en las protestas y practicaron detenciones sin identificarse.

El 20 de septiembre, el huracán María causó el mayor desastre natural de la historia moderna de la isla. Según las autoridades, al menos 64 personas murieron pero, ante la incertidumbre sobre la cifra real, el gobernador anunció que se iba a llevar a cabo una nueva investigación. El huracán destruyó infraestructuras y edificios, y dejó a mucha gente sin vivienda y sin acceso a agua potable, comida y servicios esenciales tales como la atención médica y la educación. La lenta respuesta de los gobiernos local y federal provocó una intensificación de la crisis humanitaria causada por el huracán. En octubre, unos expertos en derechos humanos de la ONU señalaron que la falta de una respuesta de emergencia efectiva se había producido en el contexto de una “grave situación ya existente causada por la deuda y las medidas de austeridad”. En diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por las labores de emergencia y reconstrucción.

Índice: AMR 47/8359/2018