“Las atrocidades de la masacre cometida en Irán en 1988 son una herida que, 30 años después, aún sigue abierta. Con la destrucción de estas pruebas forenses vitales, las autoridades iraníes están reforzando a sabiendas un entorno de impunidad”, ha afirmado Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África

Nuevas pruebas —que incluyen análisis de fotos, vídeos e imágenes de satélite— demuestran que las autoridades iraníes están destruyendo deliberadamente los emplazamientos, presuntos o confirmados, de fosas comunes relacionadas con la masacre de 1988, cuando miles de presos que habían sido detenidos por motivos políticos sufrieron desaparición forzada y ejecución extrajudicial; así lo afirman Amnistía Internacional y Justicia para Irán en un informe que han publicado hoy.

Criminal cover-up: Iran destroying mass graves of victims of 1988 killings revela que, en los emplazamientos de estas fosas comunes, las autoridades iraníes están arrasando el terreno con excavadoras, construyendo edificios y carreteras, formando vertederos y creando nuevas parcelas de sepultura. Tales tácticas están destruyendo pruebas esenciales que podrían servir para establecer la verdad sobre la magnitud de los crímenes y para que las víctimas y sus familiares obtengan justicia y reparación. Estos lugares han estado permanente vigilados por cuerpos de seguridad, lo que parece indicar que en los procesos decisorios relacionados con su profanación y destrucción han participado organismos de seguridad e inteligencia así como judiciales.

“Las atrocidades de la masacre cometida en Irán en 1988 son una herida que, 30 años después, aún sigue abierta. Con la destrucción de estas pruebas forenses vitales, las autoridades iraníes están reforzando a sabiendas un entorno de impunidad”, ha afirmado Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“Estos lugares son escenas de crímenes y, como tales, deben ser protegidos hasta que se realicen investigaciones forenses adecuadas e independientes para identificar los restos mortales y las circunstancias de lo sucedido a las víctimas”, ha dicho Shadi Sadr, directora ejecutiva de Justicia para Irán.

En uno de los emplazamientos, en la ciudad de Tabriz, en el norte del país, las autoridades han vertido hormigón sobre más de la mitad de una superficie en la que se sospecha que hay una fosa común. Imágenes de satélite obtenidas por Amnistía Internacional y Justicia para Irán muestran cambios drásticos en la zona entre junio de 2016 y septiembre de 2017.

Otro alarmante ejemplo procede de la ciudad de Qorveh, en la provincia de Kurdistán, donde las autoridades, afirmando que los terrenos han sido destinados a fines “agrícolas”, han arrasado con excavadoras las lápidas y los letreros conmemorativos que habían colocado allí los desconsolados familiares en julio de 2016.

Durante casi tres décadas, las autoridades iraníes han persistido en ocultar la suerte y el paradero de las víctimas. Esta práctica constituye desaparición forzada, que es un crimen de derecho internacional.

Hoy sigue sin saberse el número exacto de presos que fueron ejecutados extrajudicialmente en 1988, aunque cálculos mínimos lo sitúan entre 4.000 y 5.000. Ninguna autoridad iraní ha sido investigada ni llevada ante la justicia, y algunos de los presuntos autores siguen ejerciendo un cargo político o con un puesto influyente dentro del poder judicial.

Se ha prohibido a los familiares celebrar reuniones conmemorativas y adornar las fosas comunes con flores y mensajes de recuerdo, que es una parte muy importante de las costumbres y los ritos de sepultura y duelo en Irán. Además, se han enfrentado al procesamiento y la cárcel por reclamar verdad y justicia.

“Han pasado 30 años desde que se cometió esta despiadada carnicería, y ya va siendo hora de que las autoridades pongan todo su empeño en revelar la verdad, y no en ocultarla. No se puede borrar sin más o tapar con hormigón el recuerdo de las personas asesinadas”, ha afirmado Philip Luther.

Estos crímenes atroces deben ser debidamente investigados, y todos los responsables de cometerlos, ordenarlos y ocultarlos deben comparecer ante la justicia en juicios con garantías y sin recurrir a la pena de muerte”, ha manifestado Lama Fakih.

Justicia para Irán calcula que puede haber más de 120 emplazamientos de restos mortales de víctimas de la masacre de 1988 repartidos por todo Irán.

En el informe se señalan siete emplazamientos de fosas comunes, presuntos o confirmados, que han sufrido destrozos entre 2003 y 2017: cementerio de Behesht Reza o y sus alrededores, en Mashhad, provincia de Jorasán Razaví; cementerio de Behesht Abad, en Ahvaz, provincia de Juzestán; cementerio de Vadieh Rahmat, en Tabriz, provincia de Azerbaiyán Oriental; cementerio de Golestan Javid, en Javarán; cementerio de Tazeh Abad, en Rasht, provincia de Gilan; cementerio bahaí de Qorveh, provincia de Kurdistán, y terrenos de la antigua sede del Tribunal Revolucionario en Sanandaj, provincia de Kurdistán.

Información complementaria

La masacre de 1988 comenzó poco después del fin de la guerra entre Irán e Irak y de una incursión armada fallida de la Organización Muyahidín del Pueblo de Irán, entonces con base en Irak, en julio de ese año. En todo el país se detuvo a personas por motivos políticos y se las recluyó en régimen de incomunicación. En agosto y septiembre empezaron a circular noticias entre los familiares de que los presos estaban siendo ejecutados en grupos y enterrados en fosas comunes sin señalizar. Los angustiados familiares buscaron señales de zanjas recién excavadas en los cementerios cercanos.  Hasta hoy sigue sin conocerse la suerte y el paradero de la mayoría de las víctimas.

Desde finales de 1988, las autoridades han comunicado verbalmente a los familiares de las víctimas la muerte de sus seres queridos, pero sin añadir información alguna sobre las circunstancias de esas muertes y sin entregar los cadáveres ni revelar el lugar de su enterramiento en la mayoría de los casos.

Casi todas las víctimas de ejecución extrajudicial estaban cumpliendo largas penas de prisión, en muchos casos por su disidencia pacífica, que había consistido en actividades como distribuir periódicos y folletos, participar en manifestaciones pacíficas contra el gobierno y estar afiliadas, real o aparentemente, a diversos grupos políticos de oposición. Algunas habían sido liberadas años antes y nuevamente arrestadas en las semanas anteriores a las matanzas. Otras habían cumplido ya su condena pero continuaban en prisión por negarse a hacer declaraciones de “arrepentimiento”.