“Este hito histórico en la búsqueda de justicia se da gracias a la valentía de las víctimas que vienen denunciado desde hace más de quince años estas violaciones a los derechos humanos, y a las organizaciones que las han acompañado,” dijo Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional acoge con beneplácito la resolución del Fiscal Superior de Perú, que ordena formalizar denuncia penal contra el ex presidente Alberto Fujimori y miembros de su gabinete, por su presunta responsabilidad por delitos cometidos contra mujeres que fueron esterilizadas forzosamente como parte de una política pública aplicada durante su mandato.

“Este hito histórico en la búsqueda de justicia se da gracias a la valentía de las víctimas que vienen denunciado desde hace más de quince años estas violaciones a los derechos humanos, y a las organizaciones que las han acompañado,” dijo Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Es la primera vez que el Estado peruano ordena formular denuncia por estos delitos contra altos funcionarios, y reconoce que son crímenes de derecho internacional. Ahora se debe avanzar en garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación a las miles de víctimas de esterilizaciones forzadas sin más dilaciones.”

Durante los años noventa, aproximadamente 200.000 mujeres peruanas, en su mayoría indígenas, campesinas de bajos recursos y quechua hablante, fueron esterilizadas en un programa de planeación familiar.

Existen sólidos indicios de que el personal médico recibía presiones para alcanzar cuotas de esterilización y que, en la mayoría de casos, las mujeres no dieron su consentimiento libre e informado. Muchas no recibieron los cuidados posoperatorios adecuados, a consecuencia de lo cual sufrieron problemas de salud y 18 de ellas murieron.

El Fiscal Superior ha ordenado formalizar denuncia contra Fujimori y tres ex ministros de salud por los casos de cinco víctimas de lesiones graves seguidas de muerte y 2.074 víctimas de lesiones graves.

“Observamos con agrado que el Fiscal haya reconocido al fin que estas esterilizaciones forzadas constituyen graves violaciones a los derechos humanos y como tales son imprescriptibles. Estos crímenes de derecho internacional no pueden quedar en la impunidad,” manifestó Marina Navarro, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.

“Queremos que se encuentre a los responsables sin que pasen muchos más años. Nos alegra que se haya escuchado nuestro pedido de justicia. Queremos reunirnos con el presidente Vizcarra para que tengamos finalmente reparaciones por este mal que nos han hecho,” agregó Inés Condori, Presidenta de la Asociación de Mujeres Afectadas por Esterilizadas Forzadas de Chumbivilcas.

Información adicional

En 2002, la Comisión del Congreso encargada de investigar las denuncias de esterilización forzada determinó "que se realizaron esterilizaciones sin el consentimiento de las usuarias, empleando violencia psicológica, presión o a cambio de algún incentivo alimentario y/o económico”.

La Comisión también concluyó que hubo injerencias del gobierno de la época en la aplicación compulsiva de esterilizaciones. Se iniciaron investigaciones fiscales contra Alberto Fujimori y varios funcionarios de salud por primera vez en 2004, pero se cerraron en 2009.

La investigación se reabrió en 2011 pero se cerró nuevamente en 2014, cuando el Ministerio Público decidió presentar cargos en un solo caso de los más de dos mil investigados y archivar los otros. A raíz de la presión nacional e internacional, el Ministerio Publico reabrió las investigaciones en 2015, pero se archivó otra vez a finales del 2016.

A finales del 2015 Amnistía Internacional lanzó la campaña Contra su Voluntad para pedir la creación de un registro de víctimas de esterilizaciones forzadas. El gobierno peruano respondió a esta campaña creando el registro, aunque las víctimas todavía no han recibido reparaciones integrales y falta aún llevar ante la justicia a los responsables de esas graves violaciones a los derechos humanos.

De acuerdo con normas internacionales, que son de obligatorio cumplimiento para el Estado peruano, la esterilización forzada viola los derechos a la integridad corporal, la salud, la intimidad, la vida familiar (incluido el derecho a decidir el número y espaciamiento de los hijos), así como el derecho a la no discriminación. En algunos casos puede constituir tortura y/o trato cruel, inhumano o degradante, e incluso puede constituir también un crimen de lesa humanidad.

Leer más:

Perú: Vuelvan a negar justicia a más de 2,000 mujeres (Reporte, 5 de agosto de 2016)

Perú: Riesgo de impunidad en casos de esterilizaciones forzadas (Campaña, 6 de julio de 2016)

Perú: Miles de casos sobre esterilizaciones forzadas de mujeres indígenas y campesinas quedarían en la impunidad (Investigación, 29 de abril de 2014)