La represión de la disidencia ha tenido un efecto perjudicial inevitable en la libertad de expresión, La abogada y defensora de los derechos humanos Eren Keskin, que se enfrenta a 140 cargos penales, dijo: “Intento expresar mis opiniones libremente, pero también soy muy consciente de que tengo que pensármelo dos veces antes de hablar o escribir”

“Ahora mismo existe una enorme brecha en la prestación de asesoramiento y apoyo a las personas supervivientes de violación y abusos sexuales. Me parte el alma”, dice Zozan Özgökçe, de la Asociación de Mujeres de Van, de Turquía.

Su organización contribuyó a dar a conocer los abusos sexuales infantiles y a proporcionar formación en liderazgo y economía a mujeres. Ahora es una de las más de 1.300 ONG turcas que han sido clausuradas de forma permanente en virtud del estado de excepción del país por vínculos no especificados con grupos “terroristas”.

Cuando se cerró el año pasado, estaba a punto de firmar un contrato con la Unión Europea para un proyecto de prevención de la violencia contra las mujeres. El proyecto habría atendido a un máximo de 8.000 mujeres de 92 pueblos durante tres años, centrándose en las comunidades de difícil acceso. Pero ahora nadie va a hacer este trabajo vital.

La Asociación de Mujeres de Van es una de las muchas ONG que se han visto afectadas por la represión desatada tras el fallido golpe de Estado de julio de 2016. Pero no sólo son las organizaciones de mujeres las que están en el punto de mira.

También se está atacando a organizaciones que realizaban un trabajo vital apoyando a comunidades LGBTI, personas desplazadas, niños y niñas, y muchos grupos marginados más.

El nuevo informe de Amnistía Internacional que se publica hoy revela cómo el ataque creciente contra quienes defienden los derechos humanos está destruyendo la vida de cientos de miles de personas en Turquía, restringe la labor vital de las organizaciones y deja a ciertos sectores de la sociedad turca en un estado de miedo constante.

Weathering the storm: Defending human rights in Turkey’s climate of fear revela lo preciosas y escasas que son las áreas de la antaño dinámica comunidad activista de Turquía que no se han visto afectadas por el actual estado de excepción.

La represión nacional ha dado lugar a detenciones y destituciones en masa en el sector público, al vaciado del sistema jurídico  y al silenciamiento de los defensores y defensoras de los derechos humanos mediante amenazas, acoso y encarcelamiento.

El estado de excepción, declarado como medida excepcional temporal hace casi dos años, se renovó por séptima vez la semana pasada, ampliando su draconiano mandato a dos años. Bajo su imposición, los derechos humanos se han visto diezmados.

Más de 100.000 personas han sido sometidas a investigaciones penales y al menos 50.000 han sido encarceladas, en espera de juicio, debido a su presunto apoyo al golpe de Estado. Se ha destituido sumariamente a más de 107.000 empleados y empleadas del sector público por la misma razón.

Se han utilizado leyes antiterroristas y cargos falsos relacionados con el intento de golpe de Estado para atacar y silenciar la disidencia pacífica y legítima. Se ha detenido arbitrariamente a figuras destacadas del periodismo, del mundo académico, de la defensa de los derechos humanos y del activismo y, cuando han sido declaradas culpables en juicios injustos, las han condenado a largas penas de prisión.

Osman İşçi, secretario general de la Asociación de Derechos Humanos, dijo a Amnistía Internacional: “El objetivo es mantener el clima de temor. Es arbitrario. Es impredecible. No se puede impugnar en la práctica, así que la situación es de impunidad”.

Hablando conmigo en su despacho de la Universidad de Estambul, la defensora de los derechos humanos profesora Şebnem Korur Fincancı dijo: “En casa tengo una bolsa siempre preparada”. La tiene lista por si la policía llega al amanecer para detenerla.

La represión de la disidencia ha tenido un efecto perjudicial inevitable en la libertad de expresión, La abogada y defensora de los derechos humanos Eren Keskin, que se enfrenta a 140 cargos penales, dijo: “Intento expresar mis opiniones libremente, pero también soy muy consciente de que tengo que pensármelo dos veces antes de hablar o escribir”.

Las publicaciones en Internet también pueden desembocar en prisión. Después del 22 de enero de 2018, fecha en la que comenzó la ofensiva del ejército turco en Afrín, en el norte de Siria, cientos de personas que expresaron su oposición a la operación fueron blanco de ataques.

Según el Ministerio del Interior, hasta el 26 de febrero, 845 personas habían sido detenidas por publicar mensajes en las redes sociales, 643 estaban sometidas a procedimientos judiciales, y 1.719 cuentas de redes sociales estaban siendo investigadas en relación con publicaciones sobre Afrín.

Las medidas extraordinarias se están convirtiendo cada vez más en algo normal en Turquía, y los y las activistas de derechos humanos son a menudo las víctimas. Pero como vi cuando viajaba por el país el mes pasado, a pesar de este asalto aún hay personas valientes dispuestas a ponerse en pie y hacerse oír.

Un ejemplo inspirador de esta valentía está en el trabajo de un pequeño grupo de mujeres periodistas en el sudeste del país.

En octubre de 2016, la Agencia de Noticias de Mujeres (JINHA), dirigida exclusivamente por mujeres y creada para hacer oír las voces de éstas, fue clausurada en virtud de un decreto del estado de excepción. Su editora, Zehra Doğan, fue condenada a más de dos años y medio de cárcel por “hacer propaganda para una organización terrorista”.

Şûjin, la nueva agencia de noticias exclusivamente de mujeres creada en su lugar, fue cerrada también por un decreto de emergencia en agosto de 2017.

Sin dejarse intimidar, las mujeres fundaron Jin News, que sigue dando noticias desde la perspectiva de las mujeres kurdas.

Están resueltas a no ser silenciadas. Pero mientras persiste el clima de miedo e intimidación, las voces valientes como estas son cada vez más escasas y necesitan nuestra solidaridad más que nunca.