La crisis política, económica e institucional está actuando como cortina de humo para ocultar un ataque frontal contra los derechos humanos

Jurema Werneck es directora de Amnistía Internacional en Brasil

Nunca ha sido fácil nacer en una favela, ser mujer, negra, activista y lesbiana en Brasil, pero ahora será todavía más difícil. Si se aprueban las medidas legislativas que pretende el Congreso, veremos retrocesos en muchas de nuestras conquistas sociales.

Hace un año, la comunidad internacional todavía sentía cierta admiración por mi país. Estaban a punto de comenzar los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, el evento deportivo más importante del mundo. Pero los Juegos terminaron y todo a lo que aspiró durante años Brasil se evaporó con ellos. Hoy, muchas de las infraestructuras construidas, en las que se gastaron miles de millones de reales, ni siquiera se utilizan. Ocurrió lo mismo con algunas otras grandes obras realizadas para el Mundial de Fútbol de 2014. Allí donde lucía el esplendor, hoy se aprecia el abandono.

El mundo ya no mira a Brasil o, si lo hace, es con desesperación. Ya no parece un país confiable para invertir. Solo se asoma a la agenda internacional por los casos de corrupción en los que se ven envueltos sus políticos y gobernantes. Sin embargo, y esto es lo más grave, la crisis política, económica e institucional está actuando como una cortina de humo que oculta un ataque frontal contra los derechos humanos.

La violencia contra las mujeres y niñas sigue siendo generalizada. Aún así, los derechos de las mujeres, como ocurre casi siempre en tiempos de crisis, son de los primeros perjudicados. El aborto hoy en día es legal en Brasil solo en caso de violación, cuando resulta necesario para preservar la vida de la mujer o cuando el feto presenta anomalías severas. Pero hay una propuesta que pretende eliminar esos supuestos y prohibirlo totalmente, con el terrible impacto que esto tendría sobre la vida, la salud y los derechos de las mujeres. Se sabe que en prácticamente el 100% de las familias brasileñas ha habido un caso de aborto. No se puede negar una realidad tan aplastante con una legislación restrictiva.

Existen varios proyectos para rebajar la edad penal a los 12, 14 ó 16 años

El colectivo LGBTI también podría sufrir importantes retrocesos. El año pasado, Brasil registró el mayor número de homicidios de personas transgénero del mundo y las autoridades no han hecho lo suficiente para aplicar políticas que frenen esta tendencia. Al contrario, el Congreso podría borrar del mapa educativo la información sobre identidad de género y orientación sexual, es decir, invisibilizar a una gran parte de la sociedad.

Pero es que aquí no acaban los ataques. En un país donde los jóvenes negros que viven en una favela son criminalizados sólo por el hecho de serlo, existen varios proyectos para rebajar la edad penal a los 12, 14 ó 16 años. En vez de proporcionar una alternativa educativa, se quiere tratar como adultos a los menores y encerrar a quienes cometan un delito en las peligrosas y hacinadas cárceles del país. Ningún Congreso debería tratar así a su juventud.

Además, con los altísimos niveles de violencia que tenemos, se amenaza con hacer más laxa la legislación sobre posesión de armas. Con casi 60.000 homicidios el último año del que se tienen estadísticas (2015), más del 70% cometidos por armas de fuego, nadie en su sano juicio trataría de modificar la Ley de Desarme, pero aquí lo están intentando.

Luego están los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, quilombolas, condenadas históricamente a la marginación, que continúan reclamando una vida digna. Pero cada vez parece más lejana. Cientos de miles de estas personas podrían ver hoy limitado su derecho a la tierra en beneficio de los intereses económicos de grupos privados.

El papel de la comunidad internacional es clave para impedir que estos abusos se produzcan

Los defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajan sobre asuntos relacionados con la tierra, el territorio y el medio ambiente llevan decenios sufriendo amenazas, persecución y homicidios en Brasil. Como consecuencia de conflictos territoriales, en 2016 mataron al menos a 58 de ellos y a dirigentes de comunidades rurales, lo que supuso un considerable aumento con respecto a los 47 del año anterior.

Llegados a este punto, una se pregunta: ¿qué nos queda? Al menos, protestar. Aunque quizás ni siguiera eso; porque dentro de las propuestas que se están considerando hay 45 proyectos legislativos que amenazan este derecho. Los cambios en la legislación antiterrorista contienen definiciones imprecisas y muy generales, en línea con la tendencia europea de leyes orwellianas, que podrían utilizarse arbitrariamente para procesar a cualquier persona que exprese sus opiniones públicamente o que se manifieste de manera pacífica en la calle.

Por mi parte, no voy a rendirme. Como mujer, negra, activista, lesbiana y nacida en una favela llevo luchando desde que soy niña. No soy la única: a mi alrededor, muchas personas trabajan para evitar que se apruebe esta agenda perniciosa. Vamos a oponer una feroz resistencia pacífica para evitar que el Congreso liquide nuestros derechos. Vamos a denunciar todos los atropellos que se produzcan. Pero no queremos hacerlo solas. Necesitamos el apoyo y la solidaridad de toda la sociedad brasileña y del resto del mundo. El papel de la comunidad internacional es clave para impedir que estos abusos se produzcan y para conseguir que los derechos humanos prevalezcan en un país que merece ser admirado de nuevo.

Publicado originalmente: Elpais.com