En los últimos años, las autoridades rusas han actuado de manera persistente contra los escasos espacios para la libertad de expresión que quedaban en el país. Han bloqueado sitios de noticias que las criticaban, han impuesto normas draconianas sobre el almacenamiento de datos y han declarado “agentes extranjeros” a los medios de comunicación registrados fuera de Rusia

En vísperas de la vista judicial sobre una petición formulada por el organismo ruso de control de los medios de comunicación para que la aplicación de mensajería Telegram sea bloqueada ante la negativa de la empresa a compartir información de sus usuarios con el gobierno, Denis Krivosheev, director adjunto de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central, ha declarado:

“El intento de bloquear la aplicación de mensajería Telegram es el último de una serie de ataques de las autoridades rusas contra la libertad de expresión en línea en el país.

En los últimos años, las autoridades rusas han actuado de manera persistente contra los escasos espacios para la libertad de expresión que quedaban en el país. Han bloqueado sitios de noticias que las criticaban, han impuesto normas draconianas sobre el almacenamiento de datos y han declarado “agentes extranjeros” a los medios de comunicación registrados fuera de Rusia.

“Ahora persiguen a la empresa de una de las aplicaciones de mensajería más populares en Rusia simplemente por tener el valor y la integridad de respetar la privacidad de sus usuarios. El tribunal que mañana decide sobre este caso debe demostrar el mismo respeto a la libertad de expresión y no acceder a las represivas exigencias del gobierno.”

Información complementaria

El viernes está previsto que el tribunal de distrito de Tagansky dicte resolución sobre una petición de Roskomnadzor, el organismo ruso de control de los medios de comunicación, para que Telegram sea bloqueada por la negativa de la empresa a facilitar el acceso del Servicio Federal de Seguridad (FSB) a los mensajes encriptados mediante “puertas traseras”.

En junio de 2017, Roskomnadzor pidió a Telegram que se ajustara a la legislación que obliga a todos los proveedores de datos a estar registrados en Rusia y a entregar sus claves de encriptación al FSB.

Aunque la petición de registro de la empresa se cumplió, Pavel Durov, fundador de Telegram, se niega a obedecer unas leyes que ha calificado de “incompatibles con la política de privacidad de Telegram”.