“La sociedad tiene que saber quién mató a Marielle y por qué. Cada día que este caso sigue sin resolverse, se agravan el riesgo y la incertidumbre en torno a los defensores y defensoras de los derechos humanos”, ha afirmado Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil

Las autoridades brasileñas deben dar prioridad a la resolución de los asesinatos de Marielle Franco, defensora de los derechos humanos, y Anderson Gomes, su conductor, y llevar ante la justicia a todos los responsables; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional, cuando se cumple un mes de su muerte.

“La sociedad tiene que saber quién mató a Marielle y por qué. Cada día que este caso sigue sin resolverse, se agravan el riesgo y la incertidumbre en torno a los defensores y defensoras de los derechos humanos”, ha afirmado Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil.

“Cuando el Estado no lleva a los culpables ante la justicia, transmite el mensaje de que se puede matar con impunidad a quienes defienden los derechos humanos. Las autoridades deben indicar claramente que esto no va a pasar y ponerse rápidamente a investigar quiénes mataron a Marielle y quiénes ordenaron su muerte.”

Elegida concejala del Ayuntamiento de la ciudad de Río de Janeiro en 2016, Marielle era conocida por defender los derechos humanos, los derechos de las mujeres —en particular los de las mujeres negras—, la comunidad LGBT y por denunciar abusos y ejecuciones extrajudiciales cometidas por la policía, sobre todo en las favelas. Días antes de que la mataran había sido nombrada relatora de la comisión encargada de vigilar la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública en Río de Janeiro.

Marielle y su conductor murieron por disparos el 14 de marzo cuando cruzaban en automóvil el barrio carioca de Estacio tras participar en un debate público. Se hicieron al menos 13 disparos, de los que 4 alcanzaron a Marielle en la cabeza. Las características del tiroteo y la presunta implicación de asaltantes que iban en dos vehículos indican que fue un asesinato cuidadosamente planeado y llevado a cabo por personal entrenado.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades brasileñas que emprendan sin demora una investigación exhaustiva, imparcial e independiente que permita identificar, no sólo a los autores de los disparos, sino también a las personas que ordenaron estas muertes.

No identificar a todos los responsables pondría en grave peligro a decenas de defensores y defensoras de los derechos humanos. Brasil es uno de los países más peligrosos para quienes defienden estos derechos, con al menos 58 homicidios en 2017. Estos asesinatos suelen disuadir a otras personas de movilizarse, fomentando el miedo y el silencio en la sociedad.

“El asesinato de una defensora de los derechos humanos negra y lesbiana que se ponía del lado de los sectores más marginados de la sociedad tiene la finalidad clara de silenciar su voz y generar miedo e inseguridad. Pero seguiremos alzando la voz. En Brasil, y en el resto del mundo, la gente se ha movilizado desde que asesinaron a Marielle y no descansará hasta que se sepa la verdad y se haga justicia. Intentaron silenciarnos, pero hemos demostrado que no tenemos miedo.”