Chandrashekhar Azad lleva seis meses sometido a detención administrativa, sin cargos ni juicio. El periodo durante el que puede permanecer actualmente detenido lo dispuso una junta asesora no judicial, que presentó a las autoridades de Uttar Pradesh un informe en el que indicaba que Chandrashekhar Azad debía permanecer detenido durante un periodo de seis meses, a contar desde el 2 de noviembre de 2017.

El 3 de noviembre de 2017, Chandrashekhar Azad, fundador de la organización de defensa de los derechos de las personas dalits “Ejército Bhim”, quedó sometido a detención administrativa en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, por orden del juez de distrito de Saharanpur. La Ley de Seguridad Nacional permite la detención administrativa durante un periodo de hasta 12 meses por motivos vagamente definidos de seguridad nacional y mantenimiento del orden público. Es una norma represiva, que ha sido utilizada contra defensores y defensoras de los derechos humanos en India.

Las vistas relativas a la detención administrativa de Chandrashekhar Azad se celebran actualmente ante la junta asesora no judicial competente. Según su abogado, el gobierno del estado insiste en que, cuando expire su actual periodo de detención en mayo de 2018, debe permanecer detenido seis meses más.

La víspera de la detención de Chandrashekhar Azad en virtud de la Ley de Seguridad Nacional, el Tribunal Superior de Allahabad le había concedido la libertad con fianza con respecto a su detención el 8 de junio de 2017 acusado de delitos como participación en disturbios, incitación a la violencia y destrucción de bienes públicos, a raíz de unos enfrentamientos entre manifestantes dalits y grupos de miembros de las castas dominantes ocurridos en el distrito de Saharanpur de Uttar Pradesh (India). Los disturbios se produjeron tras el homicidio de dos hombres dalits y el incendio de al menos 50 casas de dalits en el pueblo de Shabbirpur, distrito de Saharanpur, cometidos por hombres pertenecientes a una casta dominante en abril y mayo de 2017. Según los medios de comunicación, el juez que concedió a Chandrashekhar Azad la libertad con fianza manifestó que los cargos contra él parecían haber sido formulados por motivos políticos.

Escriban inmediatamente, en inglés o en su propio idioma, instando a las autoridades a:

- poner fin de forma inmediata e incondicional a la detención administrativa de Chandrashekhar Azad y garantizarle un juicio justo, que cumpla las normas internacionales de derechos humanos;

- garantizar que, hasta que sea puesto en libertad, está protegido contra la tortura y otros malos tratos;

- poner fin al uso de la detención administrativa en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional o cualquier otra ley en vigor.

Envíen llamamientos antes del 21 de mayo de 2018 a:

Chandrashekhar Azad es el fundador del “Ejército Bhim”, destacada organización de defensa de los derechos de las personas dalits, que hace campaña contra la discriminación y la violencia basadas en el sistema de castas. La organización tiene también unas 300 escuelas para niños dalits en Uttar Pradesh

Las leyes de detención administrativa permiten la detención sin cargos ni juicio. Según el derecho internacional, sólo está permitido recurrir a la detención administrativa en circunstancias excepcionales y aplicando rigurosas salvaguardias. En India, estas leyes administrativas, como la Ley de Seguridad Nacional, se han utilizado a menudo para practicar detenciones por motivos imprecisos y pasando por alto las salvaguardias ordinarias de la justicia penal. El Tribunal Supremo de India ha calificado de “ilegal” el sistema de detención administrativa. Amnistía Internacional se opone a todos los sistemas de detención administrativa.

El sistema de castas de India se basa en identidades adscritas a grupos. Las personas dalits, también llamadas “intocables”, están en el escalón inferior del sistema de castas y por ello a menudo son discriminadas y víctimas de violencia a manos de miembros de las castas dominantes. En 2015 hubo informes de más de 45.000 delitos contra dalits en todo el país. En varios estados, a las personas dalits se les niega la entrada en espacios públicos y sociales y se las discrimina en el acceso a los servicios públicos.

Índice: ASA 20/8191/2018